Trata de personas, abusos sexuales, violencia doméstica…Las mujeres se encuentra en el epicentro de delitos que hasta hace no mucho tiempo parecían invisibles para la sociedad y la justicia. El mundo sabe de eso y América Latina no es una excepción pero las cosas están cambiando.

Estos días se celebra en la provincia de Misiones (Argentina) una Congreso de Mujeres Jueces de América Latina. El foro, entre otros asuntos, abordará los problema de la violencia de género en la región. Argentina está presente con una excelente carta de presentación: Es pionera en la creación de una oficina para ocuparse de estos casos que depende directamente de la Corte Suprema (equivalente al tribunal Supremo).

Las magistradas de la Corte argentina, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, dedican parte de su tiempo al desarrollo de mecanismos de prevención, atención y protección de las víctimas. También, aclara la primera, “a impulsar cursos de capacitación y toma de conciencia de todos los actores que intervienen en situaciones que ponen a las mujeres en riesgo. Hay que crear las herramientas adecuadas para frenar estos delitos”, insiste.

Fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, Argibay está convencida de que “hay una cuestión cultural que lleva a considerar natural la existencia de prostíbulos, que están prohibidos, en Argentina. A estos locales van a parar las mujeres secuestradas y llevadas con engaños para su explotación sexual. Los hombres dicen que pagan por sus servicios y no advierten que son cómplices en la red de trata”.

“Hay un prejuicio instalado -continúa- que considera que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por voluntad propia” pero “no sucede lo mismo cuando se trata de la esclavitud laboral. La explotación en el trabajo –asegura- se reconoce como algo malo que hay que combatir. Resulta fácil de entender y perseguir para policías, jueces y fiscales pero estos no tienen la misma percepción cuando se trata de prostitución”.

¿Cuántas son? ¿De dónde vienen? ¿Es común que haya menores? Argibay matiza, “no disponemos de un mapa por nacionalidades o provincias, de mujeres explotadas en Argentina pero se han detectado colectivos de colombianas, paraguayas y de otros países próximos. Sí, también hay menores”, lamenta.

En Capital Federal la juez Elena Highton de Nolasco, está al frente de la Oficina de Violencia Doméstica de la mujer aunque también atiende denuncias de hombres. “No existe otra igual en el mundo”, sentencia antes de aclarar que resulta única porque “depende de la Corte Suprema”. La actividad de este organismo no es menor. “En tres años y medio –recuerda- hemos atendido 35.000 casos por lesiones y otras 22.000 consultas ”. De acuerdo a su experiencia hay una falsa creencia de que “la violencia doméstica es un problema de clases bajas cuando, en realidad, es un problema diseminado por todo el país y en todas las clases sociales.”

Las estadísticas que maneja indican que “hay un 8 por ciento de varones que vienen como denunciantes. El resto son mujeres y de éstas, el 65 por ciento adultas de edades comprendidas entre los 30 y los 39 años de media”. Los menores de edad encuentra en esta oficina registro propio, “hay un 14 por ciento de niñas y un 13 de niños”. Inmersa en los informes de la capital argentina la juez ofrece otro dato que, al descubrirlo, le produjo sorpresa, “el 82 por ciento de los casos son agresiones que se producen entre parejas y el 40 por ciento de ex parejas”.

De las veintitrés provincias argentinas sólo en Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Cruz se han abierto oficinas similares a la de Buenos Aires. “Firmamos convenios con las Cortes de todas pero Argentina en un país federal. Para abrir estas dependencias se necesita de presupuestos que dependen de las legislaturas provinciales, de sus gobiernos. Dependen de la voluntad política”.