Por Christian Alberto CAO, para SudAmericaHoy

La presidenta argentina ha elaborado y enviado al Congreso de la Nación una serie de proyectos de ley que pretenden reformular muchos aspectos de la organización del Poder Judicial y del sistema de protección de los derechos de los habitantes.

Bajo la aparente y confusa consigna “democratización” de la justicia, el Gobierno engloba una batería de propuestas que –de ser aprobadas- pondrían en crisis el principio republicano de división de poderes y la efectiva protección de los derechos y libertades de las personas.

Veamos tres de los seis proyectos legislativos que han tenido un tratamiento –y aprobación en comisión- “express” en el Senado de la nación el día miércoles pasado.

1)   Proyecto de creación de tres Cámaras de Casación, como instancias de revisión de las Cámaras de Apelaciones actuales.

Esta pretendida reforma busca introducir un nuevo eslabón en la cadena de órganos judiciales que pueden intervenir para resolver un litigio judicial, bajo el argumento de intentar descomprimir “el cúmulo de tareas que retrasan la labor del Alto Tribunal” (sic).

Sin embargo y en lo que tiene que ver con la solución a las demoras de los procesos judiciales el proyecto redundará en lo contrario. Así, la primera conclusión implica una encubierta ralentización de las decisiones de los jueces; a la hoy lenta justicia argentina (se estima que la finalización completa de un proceso judicial de conocimiento no dura menos de tres años) se le pretende agregar una instancia más de trámite intermedio, incluso en cuestiones sensibles como los casos de reajustes de las jubilaciones por inflación o las indemnizaciones laborales.

Una segunda crítica tiene que ver con la concentración de la potestad de designación de la totalidad de estos “futuros” jueces en cabeza del Poder Ejecutivo actual. Esto debido a que la Constitución argentina establece que los jueces de los tribunales judiciales inferiores son elegidos por el Presidente de la nación, acuerdo de la Cámara de Senadores e intervención del Consejo de la Magistratura mediante.

En síntesis, se alargarían los procesos judiciales (estimaciones iniciales indican al menos 8 meses más de demora) y se concentraría la potestad de designación de jueces de la más altas instancia ordinaria en cabeza del actual gobierno.

2)   Proyecto de modificación de la composición y forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura (órgano autónomo que interviene en la designación de los jueces)

Esta propuesta persigue modificar la composición del órgano (a su vez modificada hace 6 años por el ex presidente Néstor Kirchner) y sustituir la forma de designación de algunos de sus integrantes.

El tema más polémico del proyecto establece que los jueces que forman parte de dicho órgano serán “elegidos por el Pueblo de la Nación por medio de sufragio universal” (sic). Además esos “jueces candidatos” deberán postularse en forma simultánea con las elecciones generales nacionales en las cuales se elijan presidente y aplicando el sistema de elecciones primaria, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Es decir, aquél juez en funciones que aspire a integrar el órgano de selección y de remoción de jueces deberá enrolarse en una lista electoral –y en un partido político-, hacer actividad proselitista, buscar financiamiento económico para su campaña y –principalmente- conseguir votos de los ciudadanos.

Es evidente que tal actividad contaminará la imparcialidad que se le exige a todo juez en sus funciones.

3)   Proyecto de limitación del dictado de medidas cautelares en los procesos en los que el Estado sean parte.

Este último proyecto limita el beneficio que tienen las personas de lograr que los jueces obtengan una medida cautelar o preventiva en resguardo de sus derechos, en aquellos casos en los que el Estado es parte demandada. Si bien se reconocen puntuales excepciones, la propuesta central recorta un derecho elemental frente al poder del Estado: el derecho a la protección efectiva, por parte de los jueces.

Resulta claro que el conjunto de propuestas esbozado por el gobierno busca “domesticar” al poder judicial –cuya característica constitucional radica en la independencia- y hacerlo “a medida” de sus necesidades.

También pretende recortar uno de los derechos fundamentales que tienen las personas en Argentina: el derecho a ser protegido efectivamente por los jueces frente a la institución política más poderosa, es decir, el Estado.

En síntesis, se avizora un peligroso intento de cambio de paradigma, que pone en riesgo las conquistas de derechos y libertades reconocidos en la Constitución argentina.

Profesor de Derecho Constitucional

Universidad de Buenos Aires y Universidad Complutense de Madrid