Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

La iracundia en el lenguaje de los que acusan y de los que se defienden, tiene relación directa con su falta de razones. Las palabras vacías de contenido se cachetean en el aire para que el debate se consuma en definiciones intrascendentes. La vacuidad y la falta de credibilidad de lo que se dice, obligaría a un silencio respetuoso porque mal que les pese, hay un muerto, hubo torturas.

  Pedir objetividad y que se despojen de preconceptos quienes opinan se complica cuando la muerte está precedida por otras muertes por causas dudosas, otras investigaciones cuestionables y la víctima se encuentra ligada a los graves hechos de corrupción que se develaron en las páginas de la política, en una época demasiado reciente.

El valor de la vida se desvanece en esa pelea. Quiénes le torturaron, le golpearon y le dieron puntazos y por qué, deja de ser el centro de la investigación, porque para unos, importa alejar de la escena del crimen las  causas en las que son protagonistas. Para otros, se trata de reavivar  esos expedientes que pese a su gravedad van quedando inertes con la excusa de la pandemia, pero que en verdad son arrojadas allí por la premeditada acción de quienes ahora nuevamente detenta el poder que  saben administrar como absoluto.

Es difícil saber si alguien llora su muerte. Si hay interesados en reconstruir la verdad de lo ocurrido.  Desde el presidente al Instituto Patria y desde la dirigencia de los distintos partidos de la oposición a los opinadores de cualquier tema, todos coinciden (y es en lo único en lo que se ponen de acuerdo) en empujar el objeto del proceso y que el centro de la investigación deje de ser  esa muerte. El nombre del asesinado hace saltar su crimen de las páginas policiales a las políticas.

Todavía yacía el cuerpo en el lugar donde había sido descartado por sus asesinos y el Juez que había llegado allí en su búsqueda ya sabía que se trataba de un crimen por motivaciones particulares. Pasión o extorsión.

Que se tratara de un imputado “colaborador” que había corroborado cómo se trasladaban al sur los beneficios obtenidos por la “recaudación ilegal» de la familia presidencial, fue un dato descartado en el tablero de la investigación, desde el instante mismo en que se supo que su desaparición era fruto de un delito.

Gutiérrez sabía más de lo que dijo. Lo que callaba era más importante que lo que decidió compartir. Nos habló de su relación de odio -amor con el matrimonio Kirchner; del avión presidencial que trasladaba semanalmente bolsos con candados, cuidados personalmente hasta su destino final (la casa del matrimonio) por el secretario Muñoz; del helicóptero que llevaba diariamente a Olivos a los Kirchner y a Sanfelice, Rudy Ulloa, Carlos Sancho , subrayando la confusión reinante por entonces entre lo público y lo privado. Sus socios comerciales compartían las “mieles” del poder.

Ninguna frase representa mejor a los Kirchner que la histórica definición: “El estado soy yo”

Gutiérrez nos contó que entró a trabajar en la gobernación “por su militancia”. Que su trabajo al llegar Kirchner a la presidencia era acompañar las 24 horas a la primera dama. En los viajes, ir a retirar lo que ella compraba y pagarlo con miles de dólares en efectivo. Confesó sin pudor como canjeó su dignidad por permanecer cerca del lugar donde el dinero público se escurría a bolsillos privados. Su inocultable fortuna acredita los beneficios de esa catarata. Cristina lo maltrataba (como a todos los demás secretarios según su relato) y Néstor le pegaba “en broma”, aunque a veces lo hacía sangrar. Impresiona ver cómo las antiparras de las ilegítimas ganancias permiten justificar la agresión y el desprecio por el ser humano.

No son esos entresijos palaciegos que ocultan mas que lo que dicen, los que enturbian el diálogo democrático. Para el jefe de gabinete lo que se interpone es el reclamo (fuera de tono) de quienes exigen investigar con seriedad ese homicidio.

 No es la “casual” muerte de demasiados allegados a la trama de corrupción investigada desde hace años en la justicia federal.  Pesquisas que desde el retorno al poder de los imputados se enfrentan con el desmonte de los elementos cargosos colectados procurando torcer el inmenso dedo índice que los señala como culpables.   Intentan ignorar que junto con la evaporación de muchos millones de dineros públicos desapareció la ilusión de rutas, puertos, trenes, infraestructura imprescindible para que el país despegue del terreno de miseria en el que se encuentra atascado.

 No son los principios suprimidos o subvertidos por los intereses. No es una justicia probadamente parcial, antojadizamente designada bajo promesa de genuflexión a sus benefactores.  Nada tiene que ver que la Fiscal sea hermana de la socia de los emprendimientos hoteleros donde se imputa que se lavaba el dinero sucio.  O que esa misma funcionaria sea la que investigó (obviamente con resultado desincriminante) a toda su familia por la compra de terrenos fiscales a precio vil. La hija de la gobernadora y la sobrina de la vicepresidenta no debe ser cuestionada porque es la fiscal “natural” del caso.

El gobierno no entiende por qué hay dudas sobre la investigación. Se reprocha falta de respeto al dolor de la familia y el uso político de tan lamentable suceso.  Si hasta el propio “abogado de la familia de la víctima” descarta, pese a lo incipiente de la investigación, que pueda haber algún móvil político detrás del crimen y la mamá de Gutiérrez (ex empleada de la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz) se asombra de la especulación política y a coro con el abogado nos cuenta que  el motivo de la muerte fue un negocio “local”, descartando lo político.

Desprecian la democracia quienes se apresuraron a solicitar que intervenga la justicia federal. Es miserable y canallesco (términos no demasiado compatibles para que salgan de la boca de quien dice querer terminar con la grieta que separa a oficialismo y oposición) que se quiera poner un tinte político en esa muerte.

No fue canallesco que se siguiera hablando de “desaparecido” cuando no sólo se había hallado a Maldonado ahogado en el río, sino que se habían establecido las circunstancias de su muerte. No es canallesco que la familia de quien intentaron convertir en el primer desaparecido de la democracia, en contra de toda evidencia, cobrara dineros del Estado supuestamente para poder pagar profesionales independientes que le permitieran averiguar la verdad cuando ésta había sido certeramente acreditada.

 Canallesco es que se dude de una investigación exprés que logró desentrañar el quienes, el cómo y el por qué, cuando aun estaba el cuerpo de la víctima enterrado entre escombros de los fondos de una casa alquilada por quien aparece como uno de los imputados por el crimen y que había dejado las huellas del delito sembradas con tanta precisión como para permitir   que se llegara a una conclusión en menos de 24 horas.

Miserable es que se piense en términos políticos. El muerto fue uno de los secretarios de la actual vicepresidenta. Se enriqueció en forma brutal y exhibía su fortuna en la ciudad que es “el lugar en el mundo “de la señora de Kirchner, justo en el momento en que ella hizo desembarcar a todos sus acólitos para  que los testimonios, los videos , los audios y las pericias que acreditan sin lugar a dudas el robo sistemático que padecimos los argentinos, pierdan su valor incriminatorio.

 La errante inestabilidad de las interpretaciones no puede permitir que parezca una defección estratégica tener conclusiones antes que investigaciones, descartar hipótesis antes de transitarlas.  Nuestra miopía ideológica nos impide ver que la verdadera razón del colosal enriquecimiento de quienes estuvieron cerca del matrimonio en sus épocas doradas tenía que ver con el esfuerzo que hacían para encubrir y silenciar.

 Muchos crímenes de distinta magnitud ocurridos en nuestro sur pueden ser parte de la saga intitulada “búsqueda del tesoro K”. Sin embargo, cualquier pensamiento que una esos delitos con la política son calificados como un intento de agraviar la democracia.

Néstor afirmaba que se los atacaba con agravios en un inútil intento de apartarlos de la escena política porque “ellos defendían los intereses del pueblo”.   Nuevamente son víctimas de la difamación pese a haber acreditado que siguen en la escena política.

¿Por qué darle tinte político a esta muerte? ¿Sólo porque Gutiérrez fue un “arrepentido” (vaya eufemismo) que contó “secretos” de la trama de corrupción? ¿Porque el mismo se enriqueció con ella sin que aun se sepa si con la complacencia o a espalda de quienes eran dueños del poder? ¿Porque la justicia que investiga el crimen está fuertemente cuestionada? ¿Porque la fiscal del caso – que es quien debe representar el pedido de justicia del pueblo- supo investigar a su familia desligándola de las imputaciones que la señalaban? ¿Por la premura de la familia de Gutiérrez y del abogado que la representa, en descartar motivos políticos para la tortura y muerte del exsecretario?  ¿Porque no podamos entender si esa postura tan “racional” se debe al dolor, miedo, resignación o militancia? O ¿porque el padre de uno de los imputados resulte ser el escribano que no sólo escrituró los terrenos fiscales a favor de la familia Kirchner y sus amigos sino muchas otras operaciones?

¿Dudamos porque no entendemos como se desarrolla la vida en El Calafate o porque tanta suciedad no deja libre ninguna ventana para que entre la luz?

Tendríamos la cordura y la paciencia que se nos pide si viéramos que las piezas se mueven en el tablero conforme lo indican las reglas.