Por Marta NERCELLAS

“No hay democracia plena cuando la corrupción es sistémica“, afirmó sin titubeos el Juez brasileño Sergio Moro. Esto nos obliga a reflexionar si los múltiples hechos de corrupción que se van develando en Argentina, pueden ser los indicios que nos obliguen a calificar la corrupción que padecemos como sistémica. ¿Es tan integral?,¿Es la impunidad con la que hasta ahora se coronaron los hechos denunciados, lo que la vuelve grandilocuente o, por el contrario, es grandilocuente por esa impunidad?
Todas las acciones públicas y privadas (sin exceptuar siquiera a la Justicia) parecen deslizarse en el terreno de los contratos. Todo puede comprarse o venderse y hasta se regatea el valor de la realidad o el de la mentira necesaria para encubrirla. No existe siquiera zozobra cuando diariamente varias hojas de las noticias dan cuenta de acciones ilegales o al menos, de serias sospechas que esos actos de corrupción ocurrieron, teniendo en general como autores, encubridores o partícipes a importantes funcionarios o ex funcionarios de alguno de los tres poderes del Estado o a encumbrados empresarios.
Cuando a partir de 1977 los gobiernos europeos autorizaron a las empresas a declarar, con el eufemismo de “gastos comerciales extraordinarios” las sumas “invertidas” en pagar actos de corrupción, advertimos que ésta no es un mero problema de deseo insaciable de lucro individual sino un reflejo del cambio en los valores dominantes. Una autorización para corromper en casa ajena, como si ese factor geográfico modificara la calificación.
La simple lectura de los cargos que se imputan a la expresidente y a sus principales colaboradores, dan cuenta que se creyeron por encima de las leyes a las que podía manipular, cambiar, o violar sin consecuencia alguna. De lo contrario, las formas en las que se consumaron los delitos – según las actuales descripciones judiciales- hubieran tenido un mínimo de elaboración y no burdas maniobras que no resisten ni siquiera un análisis superficial.
Los hoteles (todos adquiridos después que su esposo fuera elegido presidente de la Nación) son semejantes a los lavaderos de Al Capone. Ninguna sofisticación, ningún intento de simular una actividad lícita generadora de tantos millones en tan escaso tiempo. Quien está por encima de la ley está convencido que no debe dar explicaciones a nadie; que puede ingresar al circuito legal su dinero sucio sin demasiada sofisticación.

Los ex presidentes Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández

No hay una sola área del Estado que pueda ser auditada sin que aparezca el pus del negociado, el borrado de datos, el robo de los elementos de trabajo – sobre todo computadoras y registros- o la “desaparición” de los archivos. No alcanzó con adueñarse de los bienes, quisieron también hacer desaparecer la historia.
Son mentes de preclara inteligencia, audaces, con sangre fría. Pueden pasar del discurso meloso y la simpatía por conveniencia, a las frases cortantes, implacables, cargadas de odio cuando lo que procuran parece volvérseles esquivo. No aceptan el no como respuesta y en eso justamente se encuentra su vulnerabilidad.
No sé qué agravia más, los delitos cometidos, el grave daño social que ocasionaron las obras no concluidas, la mentira sistemática disfrazada de relato épico o la pérdida de la confianza consecuente que nos obliga a escudriñar con lupa a los funcionarios que los sucedieron.
Es la justicia brasileña la que señala al poderoso ex ministro Kitchnerista Julio De Vido como uno de los funcionarios que recibió sobornos en los hechos que se ventilan en la causa “Lava Jato”. Ese funcionario sospechado casi desde el comienzo de su gestión, no fue nunca requerido por la justicia argentina durante la larga década que estuvo en el poder el gobierno que integraba. Recién después de la llegada de Macri, se lo llamó a alguna indagatoria para que diera explicaciones sobre hechos que parecen inexplicables y que, la mayor parte de las veces habían sucedido muchos años antes.

Cristina Fernández, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido y José López

La Procuradora General de la Nación – Alejandra Gils Garbó- quien tiene a su cargo el cuerpo de Fiscales, es decir los funcionarios que deben investigar los delitos, los titulares de la acción pública, aquellos de quienes dependen que se“autoricen” a un Juez a abrir una investigación o indiquen que debe archivarla, es, desde hace mucho tiempo cuestionada por su evidente parcialidad y su enrolamiento político. Muchas veces ese posicionamiento que determinó que para beneficiar a quienes compartía sus ideales políticos, ordenara torcer una investigación, cambiar de destino a un Fiscal, designar arbitrariamente a quienes ocuparía los más importantes cargos de ese Ministerio o iniciarle juicio político a un funcionario para destituirlo porque no obedecía sus consignas arbitrarias. Ahora, como si lo enunciado no alcanzara para cuestionar que siga ocupando el cargo que detenta, es acusada de defraudación al patrimonio público por la compra de un inmueble de manera irregular y con sospechosas “comisiones” a personas de su entorno.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el máximo Tribunal del País, la última palabra en cualquier debate judicial es investigado por la Justicia Argentina, según los propios dichos de la Juez a quien se la pretendió desplazar con una resolución de ese alto Tribunal,con la excusa de su edad. Una de las principales asociadas al partido gobernante- Elisa Carrió- le solicitó juicio político para destituirlo en el que lo acusa de mal desempeño y de la comisión de delitos. Ello sin entrar a considerar las gravísimas acusaciones que surgen del libro “El Señor de la Corte” , apuntando como fuente de su información documentos, expedientes y testimonios con nombre y apellido.

Natalia Aguiar, autora de «El señor de la Corte» con la diputada Elisa Carrió. Foto. Silvina Frydlewsky

Son tantos los personajes (la ex presidente, sus hijos, los principales Ministros y colaboradores, el rey de la obra pública y sus hijos, empresarios de casi todos los rubros que tienen negocios con el Estado, Jueces- destituidos, renunciantes, y en sus cargos- Fiscales, intendentes jefes policiales y de diversas fuerzas de seguridad, por solo nombrar algunos ) que están siendo investigados por graves delitos de corrupción, que convierte en ingenuo el interrogante acerca de si estamos ante una corrupción sistémica. No sólo es sistémica, sino que, cuando vemos que sin pudor involucraron a sus propios hijos en las maniobras que se investigan, debemos concluir que lo hicieron porque estaban seguros que la impunidad era la consecuencia de sus aberraciones.

Cuando en Brasil comenzaron las primeras sospechas que empañaban la moral de Dilma – su presidente- esa jefa de Estado recién designada por amplia mayoría, vio como se hacía trizas su popularidad y el concepto del que gozaba rápidamente se desvaneció. Contemporáneamente en Argentina, cuanto más se elevaban las voces señalando actos de corrupción en el gobierno, la adhesión a quienes por entonces gobernaban no sufría ningún deterioro.
Esto marca la diferencia y nos indica por qué existe en el país vecino una causa que avanza con rapidez y precisión, que tiene condenados a varios funcionarios y empresarios importantes y generó consecuencias políticas inimaginables y en cambio, en nuestra Argentina, salvo alguna excepción, fue necesario que se los expulsara del poder a los señalados para que se los investigara, razón por la cual se denominó “tiempistas” a nuestros Magistrados ya que «cajoneaban» los temas hasta que el clima político fuera más propicio.
Otra vez es necesario recordar las palabras de Moro, para combatir la corrupción es necesaria la decisión política, leyes adecuadas, jueces independientes y un pueblo que reclame por ello. Sin esos ciudadanos exigiendo es altamente probable que las investigaciones se diluyan antes de llegar a la condena.
Aquí se protege a los sospechosos, se desconfía de las víctimas y se desafía a los Magistrados que pretenden actuar con honestidad. Sí a no dudarlo la corrupción es sistémica por lo que debemos concluir que no hay democracia plena.