Por Alex FERGUSSSON, para SudAméricaHoy

Como todos saben, Venezuela se encuentra, desde hace varios años, sumergida en un “mar de calamidades” que ha venido evolucionando dramática y hasta trágicamente. La “inexplicable” inacción del gobierno frente a la crisis económica, social y política no augura ninguna mejoría. Por el contrario, los anuncios de la nueva devaluación del Bolívar y de un aumento de la represión nos obliga a evaluar la situación actual como: “avance hacia un genocidio calculado”. ¡El gobierno, nos ha declarado la guerra!

Lo que está ocurriendo es esto:

En materia económica:
-La crisis hiper inflacionaria se acentúa. El Bolívar ya se ha devaluado 1 millón de veces, la inflación alcanza valores anualizados de 25.000 % y se estima que será de 200.000 % a finales del año. El gobierno mantiene 2 tasas de cambio artificiales de 6,30 y 93.000 Bs. por dólar, a las que casi nadie tiene acceso, mientras en el mercado negro el Bolívar se cotiza a más de 3 millones por dólar. No obstante, el gobierno ha reconocido un cambio de 2.200.000 para el canje de divisas provenientes de remesas, a través de Casas de cambio autorizadas. El comercio ha dolarizado los precios siguiendo la pauta del mercado negro pero la escasez ya alcanza valores de 75 %. A esto se agrega el hecho de que el circulante en efectivo solo representa menos del 2 % de lo que se requiere, por lo cual la mayor parte de las transacciones se hacen por transferencias bancarias o por vía electrónica, gracias a los bancos que aún quedan.
Además, la estruendosa caída de la producción petrolera debido a la corrupción y la incompetencia oficial, así como la pérdida de mercados, las presiones de los acreedores y la destrucción del aparato productivo agrícola e industrial, unido a la disminución de la capacidad de maniobra del gobierno, han colocado nuestra economía en un curso de colisión.

En el ámbito  social:
Se aprecia el creciente deterioro de los servicios públicos, especialmente el agua potable, la electricidad, el transporte público colapsado y la internet. En este último aspecto hay que destacar el inicio del proceso de bloqueo de internet. Recientemente el gobierno bloqueó un grupo de páginas de pornografía y otras de adversarios políticos. El proceso va en aumento y probablemente, en poco tiempo, nos sumaremos a la corta lista de países sin conexión.
También hay que señalar la creciente campaña, primero de rumores y ahora oficial, por la cual se está organizando la ocupación de viviendas que son propiedad de las familias que han abandonado el país y residen en el exterior (cerca de 1,6 millones de personas).
También se ha destacado el notable aumento de la delincuencia. El robo de partes de automóviles y motocicletas, de teléfonos celulares y comida se ha recrudecido. Así mismo, el número de robos a mano armada en viviendas e instituciones como las universidades y empresas.
Pero, sin duda alguna, la crisis social más grave se expresa en el área de la salud, con un incremento notable de casos de morbilidad y mortalidad por diversas enfermedades que afecta, especialmente, a mujeres, niños y ancianos.
Por ejemplo: el número de casos de malaria en Venezuela aumentó de manera considerable. Entre 2015 y 2017 pasó de 136.000 casos a 406.289. Este incremento se vincula principalmente con la migración de personas infectadas, así como con la escasez o el costo inasequible de los medicamentos antimaláricos y el debilitamiento de los programas de control de vectores. El riesgo de malaria sigue siendo alto, en particular por el aumento en el número de casos de malaria en las zonas fronterizas, la aparición de cepas resistentes a los antimaláricos, la reintroducción de la transmisión local en zonas anteriormente libres de malaria.
El sarampión se ha propagado a 21 de los 24 estados del país y el Distrito Capital.
Desde el primer caso confirmado de sarampión en julio del 2017, se han registrado 2.285 casos, de los cuales 1.558 ocurrieron en el 2018. Se han notificado casos de sarampión en Brasil, Colombia y Ecuador relacionados con la migración de venezolanos. Además, se ha informado sobre muertes en las comunidades indígenas del estado Delta Amacuro (33 muertes), cerca de la frontera con Guyana. Entre los numerosos factores que inciden en esta situación, se encuentran: 1) una cobertura de vacunación insuficiente; 2) un sistema de vigilancia inadecuado; 3) la demora en la aplicación de medidas de control; 4) la escasa capacidad para aislar a los pacientes y manejar los casos de manera adecuada; y 5) el intenso movimiento transfronterizo.
En los últimos años, se ha registrado un importante brote de difteria. El primer caso se detectó en 2016 y ya para el 2018, se han notificado un total de 1.716 casos. La tasa de letalidad acumulativa es de 14,7%.
Por otra parte, el número de casos nuevos de infección por el VIH aumentó 24% entre el 2010 y el 2016. Unos 69.308 de los 79.467 pacientes con infección por el VIH registrados no están recibiendo tratamiento antirretroviral. Quince de los 25 medicamentos antirretrovirales han estado agotados por más de un año. También hay poca disponibilidad de medicamentos para tratar las infecciones oportunistas y las coinfecciones.
Al mismo tiempo, el número de casos de tuberculosis aumentó entre el 2014 (6.063) y el 2016 (7.816). Según informes preliminares del 2017, se han registrado 10.185 casos, con una tasa de incidencia de 32,4 por 100.000 habitantes, la mitad en el Distrito Capital y otros cuatro estados. Los reclusos (15,7%) y los pueblos indígenas (6,8%) son los más afectados. La reciente escasez de material de laboratorio ha afectado la capacidad de diagnóstico de la tuberculosis.
Finalmente, la pérdida progresiva de la capacidad operativa del sistema nacional de salud en los últimos cinco años se intensificó en el 2017-18, lo que ha afectado la prestación de la atención de salud gratuita y el acceso gratuito a los medicamentos. Muchos hospitales funcionan en condiciones extremadamente difíciles, y se calcula que unos 22.000 médicos han migrado fuera del país (33% de los médicos que había en el 2014). De manera análoga, unos 6.000 bioanalistas y técnicos de laboratorio y entre 3.000 y 5.000 enfermeros han salido del país.

En lo político:
El desmantelamiento de la dirigencia opositora constituye el elemento más notable, aunque hay que señalar los primeros signos de autogestión del pueblo opositor en su lucha. Diversos gremios, así como las universidades nacionales, organizaciones comunitarias y varias ONG’s han protagonizado protestas y organizado paros escalonados que comienzan a expandirse y apuntan hacia paros indefinidos y hasta una huelga general.
Por su parte, el gobierno responde con el anuncio de que habrá más represión apelando a un llamado de lealtad a las Fuerzas Armadas (acompañado, por cierto, con un aumento salarial de 2.450 %).
Las tensiones entre los grupos gobernantes se han hecho obvias y los pleitos están a la orden del día, lo cual ha reforzado la percepción que tenemos de su talante patológico; “…la revolución la hemos hecho por amor a mi papá … para vengar su muerte”

En lo internacional:
El incremento de las sanciones a funcionarios del gobierno acusados de corrupción, lavado de dinero, tráfico de drogas y crímenes de lesa humanidad por parte de los gobiernos de EE.UU y la UE, ha hecho mella en la coherencia interna del gobierno venezolano, e incrementado los conflictos, al tiempo que las decisiones de los organismos internacionales y de la OPEP han hecho su contribución a la debacle interna.

Mientras tanto, la gente sufre y padece, pero también se organiza y lucha.
!Amanecerá y veremos!