Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

La judicialización de la política es una tragedia para la democracia, pero más grave cuando la política somete al derecho…

En tiempos de brujas el presidente Trump arremete contra el fiscal especial, Robert Mueller, acusándolo de encabezar una cacería de esta índole. Lo hace a raíz de las primeras consignaciones (indictments) ante la justicia norteamericana de tres figuras centrales, de la campaña presidencial reciente, por sus implicaciones graves en el denominado “Russiagate”.

No se trata de personajes menores y las acusaciones son por delitos graves (12 cargos) lavado de dinero, conspiración y falsedad entre otros.

Paul Manafort ex Jefe de campaña de Trump y su asociado Rick Gates, comparecieron ante el FBI el pasado lunes y actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario. Será interesante conocer los motivos por los que el ex jefe de campaña tenía tres pasaportes estadounidenses distintos en su numeración pero vigentes y una fortuna de más de cien millones de dólares con depósitos en paraísos fiscales.

A Rick Gates (Miembro de la organización pro Trump “America First”) por su lado se le han encontrado 55 cuentas bancarias en 13 bancos diferentes, hasta ahora. La consignación (1:17–cr-00201) ante el Gran Jurado para el Distrito de Columbia, quedó a cargo de la Jueza, Amy Berman Jackson, mujer talentosa de 63 años, egresada de Harvard, (nominada por el presidente Obama, ratificada por el senado) tiene vasta experiencia, sus sentencias han sido impecables.

Previamente George Papadópoulos, uno de los principales ex asesores de Trump se declaraba culpable de haberle mentido al FBI y ofrece cooperar con el organismo con el objeto de obtener una sentencia atenuada (aún no se presentan cargos). Es decir, admite su culpabilidad. Trump lo denostó llamándolo mentiroso de bajo nivel en clara interferencia con la investigación, pues no se puede negar que sus comentarios tienen impacto público por su condición de presidente.

El yerno presidencial Jared Kushner no escapa al dedo flamígero (cada vez que apunta a alguien, al menos tres lo apuntan a él) y lo hace responsable de sus malas decisiones políticas como el despido de Mike Flynn y James Comey ente otras.

Las investigaciones ahora se amplían a funcionarios de La Casa Blanca para determinar su posible participación en las elecciones el año pasado, la propia directora de comunicaciones Hope (Esperanza) Hicks ha contratado reconocidos abogados para encabezar su defensa.

Las declaraciones de Facebook, Twitter y Google sobre las toneladas de propaganda rusa (noticias falsas) que saturaron sus respectivas plataformas, durante las elecciones, han arrojado datos duros que no dejan lugar a dudas que la intención era influir el voto a favor de Trump y denostar a Clinton.

Miles de Videos, miles de cuentas, millón y medio de tuits, cientos de horas ante más de 125 millones de usuarios, un 40% de la población tuvo acceso a esta información «Fake News”, según revelan las investigaciones paralelas del senado y del fiscal especial. Seguramente, conducirán a más consignaciones y ya se habla de más de medio centenar de implicados entre norteamericanos y extranjeros. La oficina del Procurador General tiene por el momento identificados a seis funcionarios rusos; pero las dudas van más allá de la penalización de estas conductas e infieren sobre cuestiones jurídico-políticas, si la presidencia fue obtenida ilegítimamente los actos de autoridad son nulos.

En el caso del sistema electoral queda claro que desde el caso Watergate el voto popular es manipulable y carece de representatividad directa, que las decisiones colegiadas al final de cuentas pueden conducir a ignorar la voluntad popular, esencia de cualquier sistema democrático.

Cataluña, otro tema obligado, en el que unos y otros se acusan mutuamente de agraviar a la democracia, ha desembocado en un galimatías jurídico-político involucrando legislaciones españolas, belgas y europeas, neutralizando la eficacia del derecho, sometiéndolo a una errática y mal entendida concepción política de la soberanía. El imperio de la ley, en este caso corresponde a la Constitución Española como ley suprema y debe prevalecer sobre las leyes catalanas.

Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña, hoy en prisión, equivoca el camino cuando afirma que no dará marcha atrás a sus ambiciones independentistas cuando no supo entender que el camino democrático para escuchar la voz popular y establecer la independencia es único y se llama respeto al Estado de Derecho.

Carles Puigdemont, ex presidente imputado por la justicia española de rebelión, sedición y malversación de fondos, huyó con sus colaboradores a Bélgica pues esta nación no concede extradición por los dos primeros delitos, en el caso de la malversación la justicia belga prevé tiempo suficiente para desahogar pruebas y llegar en todo caso a las elecciones previstas para el 21 de diciembre próximo, en las que los dos partidos separatistas PDeCat y ERC estarán presentes. Sin embargo, pesan sobre el expresidente y cuatro ex consejeros orden de búsqueda y captura nacional e internacional y orden europea de detención.

El Parlamento catalán (bajo control policial) y la administración pública han regresado a cumplir con sus funciones.