Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy

En Venezuela hemos llegado a un momento de la crisis económica, social y política, que no puede ser descrito con pocas palabras.

Luego de más de veinte años de creciente consolidación de un régimen autoritario, la magnitud y complejidad de la crisis desatada parece estarnos llevando a un punto de duda: ¿queda todavía espacio para pensar en un regreso a la democracia?

La lectura que acabo de terminar del libro, “El fin de las democracias pactadas. Venezuela, España y Chile”, escrito por la periodista venezolana Paola Bautista de Alemán y recién publicado por Editorial Dahbar, me ha permitido acercarme a un mejor entendimiento de cómo fue que llegamos hasta aquí y avizorar el camino que nos queda por recorrer.

Siguiendo la línea de pensamiento de este libro, en 1958, cuando fue derrocada la dictadura del General Pérez Jiménez, los líderes de los partidos políticos autodenominados “democráticos”, (Acción Democrática AD, Unión Republicana Democrática URD y el Social Cristiano COPEI) establecieron un pacto de gobernanza que excluyó a la izquierda marxista representada por el Partido Comunista de Venezuela PCV y al estamento militar de derecha, a pesar de que los primeros participaron muy activamente en la lucha  contra la dictadura y en su derrocamiento. Esta “democracia de pactos” comenzó su proceso de conformación con la aprobación de la nueva Constitución Nacional en 1961 y luego con el conocido “Pacto de Punto Fijo”, el cual pretendía garantizar la alternabilidad en el poder de sus tres partidos fundantes.

No obstante, el ejercicio de la democracia supone una tensión permanente entre conflicto y consenso, debido al inevitable carácter competitivo entre quienes rivalizan por el poder.

Como consecuencia de las exclusiones del pacto de gobernanza, durante la década de los 60 se produjeron numerosos intentos de golpes de estado por parte de los militares y el inicio de la lucha armada y la guerrilla, protagonizada por el PCV.

Con el tiempo, y en las tres décadas siguientes 70’, 80’ y 90’ los conflictos políticos entre los partidos dominantes, condujeron a sucesivas divisiones que fragmentaron la representación política, debilitaron la legitimidad del liderazgo y comprometieron la estabilidad de la democracia.

Ocurrió entonces, la confirmación de que el espacio de lo político está lejos de ser el paraíso y que en él conviven otros tipos de actores, incluidos aquellos que se proponen acabar con el sistema y apuestan a su quiebre.

Tales actores, los tradicionales, son relativamente fáciles de identificar: un militar que empuña las armas para derrocar a un gobierno electo, o un grupo de civiles que toma las armas e instala una guerrilla. Pero hay otros, con los que no es tan fácil lidiar, que esconden sus verdaderas preferencias y simulan lealtad a los principios democráticos.

A finales de los 90’, la democracia venezolana hizo crisis, y se abrieron las puertas al advenimiento del populismo autoritario representado por el Comandante Chávez. Se inició así el fin de la democracia pactada y su sueño de una sociedad con… “la libertad legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos concomitantes de libertad de asociación, libertad de expresión y otras libertades básicas de las personas; competencia libre y no violenta entre líderes con una revalidación periódica de su derecho para gobernar; inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático, y medidas para la participación de todos los miembros de la comunidad política, cualesquiera que fueran sus preferencias. En la práctica, la libertad para crear partidos políticos y para realizar elecciones libres y honestas a intervalos regulares, sin excluir ningún cargo político efectivo de la responsabilidad directa o indirecta ante el electorado”.

En esta etapa, la fragmentación del liderazgo democrático dio paso a un proceso de polarización política que condujo a la transformación de asuntos no resueltos, atención a los pobres y otros sectores vulnerables, la cantidad y calidad de los servicios públicos, la corrupción, la crisis económica de la devaluación del “viernes negro”, la crisis bancaria y un largo etc. en “problemas insolubles”.

También se hizo evidente el desapego de la mayoría a los valores democráticos y la desconfianza en la política, se debilitaron las identificaciones partidistas, aumentó la fragmentación del liderazgo político democrático y se propició el surgimiento de movimientos antisistema, los cuales ganaron espacios en el terreno electoral.

Se conformó así, una dinámica autodestructiva que paralizó el sistema y permitió al populismo autoritario obtener el poder por la vía de las elecciones y luego ejercerlo de manera autoritaria, aunque en su propaganda y sus discursos ensalzaran los valores intrínsecos de la democracia.

Adicionalmente, en la medida en que el régimen autoritario se fortaleció, fueron apareciendo nuevos actores quienes, ante coyunturas críticas del sistema político, «la convocatoria a elecciones, la crisis hiperinflacionaria, la corrupción, la quiebra del aparato productivo, la represión, la escases y mala calidad de los servicios y productos» decidieron tomar posiciones no leales a la democracia, en apoyo al autoritarismo.

Tal y como están las cosas, y tomando en cuenta que la contingencia inherente a la política se ha exacerbado ante la esperanza de que se abra paso un proceso de transformación liberalizadora, nos encontramos en un momento político incierto e inestable.

La acumulación de problemas estructurales no resueltos ha ido minando la eficacia, y a corto o mediano plazo, la legitimidad del régimen; pero eso no es suficiente para que ocurra su caída. Solo cuando frente a la agudización de los problemas surja en la gente la percepción de que estos se volvieron insolubles, o cuando la insatisfacción se exprese con algo más que protestas anémicas y dispersas, podrían producirse cambios rápidos y masivos que marquen la diferencia.

No obstante, las opciones son variadas y complejas:

1. El cambio político podría ser promovido por una élite del régimen que apueste a cierta apertura para garantizar su permanencia en el poder. Se trataría de un proceso unilateral en donde los actores democráticos no cuentan con recursos para ganar o influir en la agenda política, y por lo tanto son actores pasivos del cambio.
2. Si el régimen esta aferrado al poder y se niega a la apertura, el cambio podría darse por la vía de un acto de fuerza que lo desaloje, resultante de un quiebre interno en la Fuerzas Armadas. En este caso no hay garantías de que el sector militar que tome el poder, lo entregue y permita un nuevo orden democrático
3. Por último, el desarrollo de la crisis económica y social, y el fortalecimiento de un liderazgo democrático eficiente, podría crear una condición en donde los actores políticos de ambos bandos entiendan que no cuentan con los recursos necesarios para vencer y se sientan obligados a establecer espacios de negociación que promuevan el cambio político.

Quizá estemos acercándonos a la tercera opción. Solo haría falta que los actores políticos que se definen como democráticos, pusieran de relieve su capacidad para comprender e interpretar el momento, construir un liderazgo que genere confianza y a partir de allí, conducir al pueblo a un proceso de liberación que ponga fin al autoritarismo y abra caminos a la reinauguración de la democracia.