Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy

Un vistazo a los últimos 20 años del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, parece dejar claro que la voluntad de permanecer en el poder “para siempre”, lo ha llevado a desarrollar estrategias diversas de ejercicio de la violencia, cuya forma más visible es el control armado de la población, aunque incluye otras formas de violencia física y psicológica.

Tal estrategia va desde la desnaturalización de las funciones y sentidos de las  Fuerzas Armadas Nacionales, convertidas ahora en un partido político armado, todo ello bajo la supervisión de los servicios de inteligencia de Cuba, y más recientemente de Irán y Rusia; pasando luego por el abierto respaldo a la guerrilla colombiana de las FARC, el ELN y Narcotalia, para que actúen como retaguardia armada a lo largo de toda la frontera con el país vecino; también, la organización de grupos armados civiles bajo el nombre de “colectivos”, el apoyo a organizaciones criminales, fuera y dentro de las cárceles y la creación de “cuerpos policiales de tarea”, con permiso para matar”, como son las FAES.

A todos esos núcleos armados se les ha asignado espacios geográficos, espacios de negocio y actividades específicas de defensa. También se les otorgó impunidad para sus actividades delictivas y se les asignó la tarea de primer anillo de choque contra la población civil, en caso de que esta se rebele o simplemente proteste públicamente, como ya hemos visto.

El propósito es, obviamente, someter de forma progresiva pero permanente a la población, bloquear las actividades de la oposición política e impedir las manifestaciones de descontento.

Luego está la violencia física y “legal”, en forma de maltrato, acoso o coerción social, ejercida contra periodistas y medios de comunicación, educadores, gremios profesionales y sindicatos, universidades, trabajadores del sistema de salud, comercios y empresas privadas de producción y servicios, ONGs y Fundaciones privadas, enemigos políticos y la población en general cuando protesta, cuya expresión más abyecta es el uso de la tortura y el asesinato que ejerce la policía política.

Para rematar, la violencia psicológica ejercida a través de: la amenaza directa, el temor por la impunidad ante el delito y la inseguridad personal (100.000 robos, 18.000 secuestros, 21.000 homicidios anuales, 6.000 de los cuales por manos de la policía), la inseguridad jurídica, el marco legal punitivo creado a tal efecto, la violencia de la irracionalidad de la relación entre los salarios y los precios de productos y servicio públicos y privados, la inmovilidad obligatoria, el deterioro del servicio público de salud las fallas en los servicios de agua, electricidad y gas doméstico, la escasez de gasolina y diésel, las alcabalas policiales en calles y carreteras que piden “regalos” en moneda extranjera o en especie, para permitir continuar el camino. A esta violencia hay que agregarle la angustia generada por la información confusa, intencionalmente maliciosa o políticamente manipulada, sobre las cifras de contagiados y fallecidos por Convid-19 y, por supuesto, la deliberada ausencia de una política clara respecto a la vacunación, todo lo cual ha causado un aumento significativo en los suicidios, casos de estrés, crisis de ansiedad y depresión, y ha influido grandemente como motivador de la emigración de más de cinco millones de venezolanos.

Algunos ejemplos recientes pueden servir para dar cuenta de cómo se ejerce en la práctica, esa estrategia de la violencia como arma política.

El actual caso de los recientes enfrentamientos entre militares venezolanos y disidentes de las FARC en el Estado de Apure, limitante con Colombia (enemigos de los líderes de las FARC que apoyan al gobierno), el cual deja hasta ahora un saldo importante de muertos, heridos y desplazados venezolanos (estos últimos más de cuatro mil), se convierte en una nueva evidencia de la connivencia y solidaridad con la guerrilla colombiana y el narcotráfico que allí operan desde hace años. Y es que antiguos cuadros de la guerrilla disuelta a raíz de los acuerdos de Paz en Colombia, se han estado reagrupando en nuestro territorio, ahora apoyados de forma directa por gobierno y sus Fuerzas Armadas, lo cual les ha permitido convertir a los Estados fronterizos (Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar) en un santuario para sus acciones, en particular para el bando de Iván Márquez y Jesús Santrich.

Citando al conocido político y amigo venezolano, el Dr. Cesar Pérez Vivas, “…Esta guerra en el Alto Apure es otro episodio de lo que recientemente el historiador y escritor alemán Dr. Georg Eickhoff, definió como “la guerra del gobierno contra su población”, una especie de “guerra hibrida”, con la que instauran el terror, reducen la población que huye despavorida, para de esa forma lograr un mejor control sobre el territorio”.

Otra táctica en esta estrategia del uso de la violencia como arma política, ha sido la de entregar zonas del país a organizaciones delictivas de diversa naturaleza movidos por la tesis de contar con un “ejército popular”, para diferenciarlo del ejército regular, cada día más politizado, más controlado por el espionaje de los cuerpos de seguridad extranjeros que operan en el país, y muy reducido en su capacidad operativa.

Esa asignación de territorio la hemos apreciado, en los últimos meses, en el área metropolitana de Caracas, aunque eso mismo ocurre en importantes barrios de las principales ciudades del país, con los llamados colectivos, que no son otra cosa que bandas armadas distribuidas fundamentalmente en el centro de la ciudad y barriadas populosas, para garantizar un escudo protector a los centros del poder. 

Así mismo, se ha fomentado la invasión de edificios en el centro y otros lugares de la ciudad, para instalar allí a las referidas bandas armadas que son movilizadas cuando hay manifestaciones populares de protesta o actividades de organizaciones políticas de la oposición.

No obstante, ocurre con frecuencia que los “líderes” de estos grupos criminales convierten a los barrios en “teatro de confrontación” con otras bandas, o a veces con el mismo gobierno. Ejemplo de ello son los enfrentamientos recientes entre la policía y algunos de esos líderes, por el ejercicio del control en las llamadas “zona de paz”, lo cual ha hecho muy populares (con videos y audios virales en las redes) a Wilexis Alexander Acevedo, alias “Wilexi” en Petare (el barrio más grande de América del Sur), y Carlos Revette, alias “El Coquí”, en otro barrio importante al sur-oeste de la ciudad. A ambos personajes se les dotó de armamento de alta potencia. Ahora los personajes son dueños de esas barriadas y no hay policía, ni ejército dispuesto o autorizado para someterlos. 

El fenómeno se repite en Guayana, Estado de Bolívar, donde las muy conocidas áreas mineras han sido convertidas en territorios liberados para el ELN, algunos sectores de las Fuerzas Armadas Nacionales y algunas organizaciones criminales. Allí, estos grupos controlan la extracción ilegal de oro, diamantes y coltan, con el compromiso de compartir el botín con el gobierno.

En el marco de esta estrategia, ese ejército popular es percibido como la más sólida  garantía de permanencia en el poder. La idea es sostener el control de los grupos informales armados, y constituir un plan B de supuesta defensa, en caso de surgir alguna situación irregular en los cuadros formales de su aparato de seguridad.

El resultado es que el país, al menos el extenso territorio que limita con Colombia, las áreas mineras del Estado Bolívar y las principales ciudades del Venezuela está en manos de grupos delictivos que dominan espacios territoriales, en los cuales la Fuerza Armada tiene prohibido incursionar y la institucionalidad junto con la ley no se aplica.

Este estado de cosas está parcialmente documentado en los informes de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y confirma el éxito de la estrategia del uso de la violencia armada, física y psicológica como arma política de control social.