Juan Manuel Santos.

Por Juan RESTREPO

Colombia ha sido vencida por segunda vez en cuatro años en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, CIJ, al declararse ese tribunal no solamente competente para atender la demanda por incumplimiento de su fallo de 2012 (que otorgó a Nicaragua 70.000 kilómetros de mar hasta entonces colombiano), sino también para definir las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental en el Caribe. Litigio que comenzó el 4 de febrero de 1980, cuando el gobierno sandinista reclamó para la nación centroamericana el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Y esta doble derrota, a la que podrían seguir otras y la prolongación de un conflicto con un vecino de imprevisibles consecuencias, se debe fundamentalmente a dos razones. La primera, la desastrosa política internacional de la cancillería colombiana; y la segunda, la paradoja de un país con dos océanos que ha vivido siempre de espaldas al mar.

Vaya un ejemplo que ilustra bien la primera afirmación. Aquí mismo, hace tres meses traté el tema del galeón español San José, cuya localización anunció el presidente Santos levantando todo tipo de especulaciones sobre el supuesto tesoro de ese pecio. ¿Quién recuerda hoy aquel asunto? Nadie. ¿Qué habría cambiado si Santos hace ese anuncio, pongamos por caso, esta semana? Nada.

Bien, pues al presidente de Colombia no se le ocurrió nada más torpe que hacer ese anuncio al día siguiente de llegar de España de entrevistarse con el Rey Felipe VI, a quien no informó del hallazgo, siquiera como elemental gesto de cortesía con el país que acababa de conseguir la eliminación del visado Schengen para los colombianos. La cancillería colombiana no hizo gala en esa ocasión precisamente del don de la oportunidad.

Y en cuanto a la segunda afirmación, la de un país de espaldas al mar, basta ver en dónde tiene su capital y recordar solo la pérdida de Panamá. En Bogotá, unos políticos que ni conocían el mar, favorecieron las condiciones para que Estados Unidos apoyase a rebeldes panameños en su independencia, y tratar luego con ellos la construcción del canal. El presidente de Colombia entonces, José Manuel Marroquín (1900-1904), en un alarde de ingenio declaró: “Me entregaron un país y les devuelvo dos”.

No creo que haga falta muchos conocimientos jurídicos para entender que los tratados entre las naciones deben respetarse y que no se puede, al cabo de ochenta y dos años de haber firmado una cosa, decir que no le sirve porque las condiciones políticas eran tales o cuales, que es lo que alegó el gobierno de Managua al denunciar el tratado Esguerra-Bárcenas, acordado en 1928, y que fijó los límites entre Colombia y Nicaragua.

¿Qué tal si un país de Europa Central resolviera hoy denunciar uno de los tratados sobre asuntos territoriales vigentes como el de Postdam –2 de agosto de 1945–, o si Rusia lo hiciera con el Convenio Ruso-Norteamericano sobre Alaska del 30 de marzo de 1897?, para poner solo dos ejemplos. Los Tratados solo pueden terminar por acuerdo expreso o tácito entre las dos Partes, o en virtud de normas claramente señaladas en el Derecho Internacional.

El archipiélago de San Andrés y Providencia no fue anexionado a Colombia por un conflicto bélico o en un litigio, perteneció, primero al Reino de Tierra firme y posteriormente al Virreinato de la Nueva Granada. Colombia ha ejercido soberanía pública, pacífica y continua sobre esos territorios por Cédulas Reales de la Corona española más de 200 años, y bajo ese régimen se encontraban aquellas islas cuando en 1810, inició el proceso de emancipación de la corona española.

Aún a riesgo de extrapolar mucho las cosas con ejemplos de cómo es hoy el mundo, y puesto que Nicaragua alega que por su ubicación el archipiélago de San Andrés y Providencia le genera mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva, el gobierno nicaragüense en el momento de denunciar el tratado de límites con Colombia podría haber examinado la ubicación de Aruba y Curazao con respecto a Holanda.

Pues bien, con éstos y otros argumentos de mucho peso en 2012, Colombia perdió 70.000 kilómetros de mar territorial en el CIJ y, por si fuera poco, tiene ahora abierto un contencioso de graves consecuencias en un tribunal al que no debió haber acudido nunca a que le dijeran cuáles son sus límites; entrando al trapo, como se diría en el lenguaje taurino, que le tendió Nicaragua.

Si la CIJ atiende ahora las pretensiones de Managua, extendería el territorio continental de Nicaragua hasta una distancia de alrededor de 132 millas de la ciudad de Cartagena, y San Andrés y Providencia quedarían enclavadas en una plataforma continental ajena.

Todo por el desastroso manejo que hizo de este asunto la cancillería colombiana. Pero de esto y del papel del tribunal de La Haya, trataremos en otra oportunidad.