Por Carmen DE CARLOS, para SudAméricaHoy

El caso de Nicaragua, finalmente, estalló y estalla cada día. El detonante que llevó a la población a tirarse a la calle y decir: basta, fue la hoy retirada reforma que afectaba la seguridad social y las pensiones. Al Gobierno del matrimonio Ortega la bomba le explotó dentro y fuera de casa y le  ha puesto entre las cuerdas de la verguenza y la condena internacional.  El presidente  trató de sofocar las protestas a tiro limpio pero las balas, aunque resista en el poder, le han terminado rebotando.

Desde el 18 de abril, origen de las revueltas, el viejo revolucionario ha superado el centenar de muertos fruto de la represión. La espiral de violencia parece no tener fin pero a Ortega y a su mujer, Rosario Murillo, los cadáveres no les conmueven. Tampoco lo hace la Iglesia ni los informes de organizaciones humanitarias internacionales. Amnistía Internacional, en este caso, lo vio claro desde el minuto uno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió protección para el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez. El religioso y sus familiares forman parte de la lista negra del poder que ejercen las bandas paramilitares y las otras. Dicho en términos actuales, están en la mira de los fusiles del régimen que responde al sanguinario matrimonio.

Empresarios del país le pidieron a Ortega que adelante las elecciones para evitar que continúe el derramamiento de sangre. En una carta, enviada el pasado 31 de mayo, exigen también la renovación del Consejo Supremo Electoral. De momento, sus demandas cayeron en saco rotó.

Las negociaciones para frenar esta masacre recuerdan a las de Venezuela, pareciera que únicamente sirven para dar más oxígeno a los que ejercen, sin pudor, el  terrorismo de Estado modelo siglo XXI.