Por Mariano CAUCINO

El comandante Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo -Presidente y Vicepresidenta de Nicaragua- están a punto de conseguir el sueño de todo dictador: unas elecciones sin candidatos opositores.

El 21 de diciembre pasado la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una ley que compromete seriamente las libertades políticas en ese país a través de dotar al jefe de Estado de la facultad de denominar “traidores a la patria” a postulantes molestos. La legislación fue pasada en tiempo récord -había sido presentada por el Poder Ejecutivo tres días antes- para satisfacer los deseos de la pareja presidencial. La ley entró en vigor 24 horas más tarde.

A través de un sistema electoral amañado, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) conserva 71 de las 92 bancas de diputados que conforman el Poder Legislativo (unicameral) del país.

Human Rights Watch (HRW) advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca impedir en los hechos la participación de candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2021. La ley utiliza términos sumamente imprecisos al definir a los “traidores a la patria” otorgando carta libre a la Presidencia para descalificar y anular candidaturas inconvenientes. José Miguel Vivanco, director para las Américas del HRW indicó que “con esta ley, hay muy pocas esperanzas, si es que alguna, de que se celebren elecciones libres y justas en Nicaragua”.

Una ley de esas características, desde luego, implica un desconocimiento de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -instrumento ratificado en su momento por Nicaragua- que establece en su artículo 23 que que los derechos políticos podrán reglamentarse por ley exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo un llamado al Gobierno de Nicaragua a derogar esta ley, al tiempo que advirtió que la iniciativa limita a los nicaragüenses el “derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en una imposición en lugar de una elección”. Un cuestionamiento similar corrió por cuenta del alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE) Josep Borrell.

Ortega ha estado al frente del poder en su país durante veinticuatro de los últimos cuarenta años. Surgido de la revolución sandinista de 1979 contra la dictadura de los Somoza que había gobernado despóticamente el país a lo largo de cuatro décadas, Ortega acabaría con los sueños de liberación del país. La tiranía inaugurada por Anastasio “Tacho” Somoza García y continuada por sus hijos Luis y Anastasio “Tachito” Somoza Debayle sería reemplazada por una dictadura al modelo castrista. Una “nueva Cuba” despertó las inquietudes de los Estados Unidos. Pero a Nicaragua le esperaban años difíciles. La década que se iniciaba estaría plagada de limitaciones para sus amos del Kremlin y la asistencia soviética con la que soñaba Ortega no alcanzaría para compensar la catástrofe económica derivado de la introducción de políticas socialistas.

Las reiteradas peregrinaciones de Ortega a la Unión Soviética no lograron consiguieron los objetivos buscados. El oro de Moscú -parafraseando a Isidoro Gilbert- se tornó escaso en los años ochenta. La geopolítica le jugaría una mala pasada. Un acuerdo entre la Administración Reagan y el Reino de Arabia Saudita provocó un derrumbe en la cotización del petróleo que obligó al Politburó a reducir la asistencia a sus aliados.

Equivocadamente, Ortega creyó que los vientos seguían favoreciéndolo. El 25 febrero de 1990, cometió el peor error de su vida política. Desoyendo las indicaciones de Fidel Castro, permitió elecciones libres y, sorpresivamente para él, los nicaragüenses eligieron a la centrista Violeta Barrios de Chamorro como nueva presidente del país. Ortega había aprendido una lección, pero a costa de perder el poder.

En los tres lustros que siguieron una democracia débil no llegó a consolidarse en Nicaragua y Ortega intentó insistentemente en recuperar la Presidencia. Lo lograría en 2006. Para entonces sus proclamas socialistas del pasado fueron dando paso a una apelación a los valores cristianos muy arraigados en la región centroamericana. El lema de la revolución sería ahora “Cristiana-Socialista-Solidaria”. La generosidad de Hugo Chávez expresada en petrodólares y una oportuna reforma del sistema electoral hicieron el resto.

A través de un “pacto siniestro” entre Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán, el requisito constitucional de obtener el 45 por ciento de los votos para acceder a la Presidencia fue convenientemente rebajado al 35 por ciento. Alemán no sería molestado por las causas de corrupción que lo aquejaban y el líder sandinista pudo volver al poder con solo el 37,99 por ciento de los votos.

Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua, habiendo aprendido la lección y dispuesto a no abandonar el poder hasta el fin de sus días. Una a una, las instituciones republicanas fueron desmontadas. La democracia nicaragüense se transformó en una mera ilusión. Años más tarde, su influyente esposa fue elegida vicepresidente y posible sucesora. En 2018 la dictadura impulsó una fuerte represión contra los manifestantes durante las fuertes protestas que tuvieron lugar en el país y que dejaron cientos de muertos, miles de heridos y cientos de arbitrarias detenciones.

Como explicó el politólogo y ex ministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI comparten una misma metodología, dirigida desde Cuba y consistente en crear una jaula para la oposición, su reemplazo por una oposición “funcional” y, de ser necesario, el exilio y juicios para opositores intolerables. Berzaín recuerda que las votaciones en dictadura “no son elecciones” porque “el ciudadano vota pero no elige”.

Acaso los Ortega-Murillo, los Chávez- Maduro y tantos otros dictadores o aspirantes a serlo parecen haber incorporado la enseñanza fundamental que Fidel Castro, tempranamente, advirtió hace muchas décadas. Aprendida a su vez de la Unión Soviética donde pasaría a la historia bajo el nombre de la “Doctrina Brezhnev” y que decretaba el concepto de soberanía limitada de los países satélites y el concepto fundamental según el cual ceder el poder una vez conquistado pertenece para el comunismo a la esfera de lo inaceptable.

Por último, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua -al igual que en Venezuela y Cuba- parecen escapar a la atención de las autoridades argentinas. En cada oportunidad en que en el sistema interamericano se presentaron cuestionamientos a esas dictaduras, los países democráticos de las Américas alzaron su voz frente a esos regímenes mientras la representación de la Administración Fernández-Kirchner optó por refrendar su actuación mediante el silencio o el aval. (VO Infobae)