lunes, 20 de abril de 2015
«Presunto culpable» y el nuevo Sistema de Justicia Penal en México

Federico PoncePor Federico PONCE, para SudAméricaHoy
La reforma Constitucional del 2008 es el inicio de este cambio profundo en el orden jurídico del Estado Mexicano, que durante décadas venia sufriendo cambios parciales y que era tanto como dar aspirinas al enfermo de cáncer.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, aunque formalmente rígida ha experimentado una serie de reformas desde 1921, la más reciente el 7 de julio de 2014 y en el terreno de la  «IUSTITIA» la más relevante sin duda, es la del 18 de junio del 2008, en la que se contiene la «Reforma integral que establece las bases para regular el sistema penal acusatorio y aplica diversas modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad pública». Esta reforma señala un plazo máximo de ocho años para su implementación a nivel nacional, plazo que vence precisamente el 19 de junio de 2016.
A este respecto algunas entidades federativas, muestran retrasos o cumplimientos parciales. Los sistemas de Justicia Militar, el de la Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Durango, Veracruz,Oaxaca y Zacatecas, son los más avanzados. constitución de mexico
En Iberoamérica, Argentina (1991), Bolivia (2001), Colombia (2005), Costa Rica (1998), Chile (2000), Ecuador (2001), El Salvador (1998), Guatemala (1994), Honduras (2002), Nicaragua (2001), Paraguay (2000), Perú (2006), República Dominicana (2004) y Venezuela (1999), ya dieron el paso hacia este sistema de justicia penal acusatorio.
En México en materia procesal penal con las reformas de 1994, inicia la tendencia de restarle valor probatorio a la prueba confesional y sujetarla a restricciones dentro del procedimiento inquisitivo, al darle un valor condicionado, estas reformas provocaron que la confesión dejara de ser «La Reina de las Pruebas». A confesión de parte, relevo de pruebas, solía decirse.
En este contexto, dos jóvenes abogados Layda Negrete y Roberto Hernandez, se conocen en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, cuando  la primera realizaba una encuesta para el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), el segundo una investigación para el Center for State Courts, estos jóvenes estudiosos del derecho, pero sin experiencia en litigio, aplicaron su metodología como investigadores a un caso particular, en el que las violaciones al debido proceso eran de notoria obviedad y la inocencia del acusado igualmente obvia y manifiesta.

Se centraron vehementemente, con la misma pasión que concede el enamoramiento a los que se encuentran en esta etapa insustituible de la vida y que se había desatado entre ellos, para demostrar la injusticia de la justicia y lograr la liberación de un joven acusado de robar un auto. De una presentación en Power Point que era la idea original, saltaron a un documental (lo llamaron el túnel, por el espacio que recorren los reclusos al juzgado y en el se juegan la vida hasta por unos zapatos) de diecinueve minutos financiado por el CIDE y el producto de la venta del auto de Hernandez, lograron la libertad del acusado en una apelación que demostró su inocencia.

José Antonio Zúñiga, protagonista de Presunto Culpable, el documental que demostró su inocencia

José Antonio Zúñiga, protagonista de Presunto Culpable, el documental que demostró su inocencia

La revisión de este expediente de robo, expuso una cadena de hechos sabidos y tolerados en nuestro sistema de justicia: la vulnerabilidad e ineficiencia del sistema, debilidad y corrupción en las instituciones, violación a los derechos humanos, leyes obsoletas e inaplicables, funcionarios mal preparados y mal pagados, falta de transparencia, un régimen penitenciario de abusos y privilegios, en suma un caos que degradaba en todos los sentidos al ser humano, terreno fértil para la impunidad y la corrupción.
Este «corto» no sólo llamó la atención de los medios, José Antonio Zúñiga «Toño» un joven acusado y sentenciado a veinte años por Homicidio, se enteró de este acontecimiento y en el 2006 buscó la atención de los jóvenes abogados, iniciaron la revisión de su expediente y encontraron una serie de vicios e irregularidades, una muy notoria fue la alteración de la cédula profesional del defensor de oficio, en otras palabras quien defendió a Toño no era abogado y era un tramposo, vulgarmente llamado coyote.
Así las cosas y sabedores de su falta de experiencia como litigantes y tratándose de un asunto de mayor complejidad por existir ya una sentencia, sumaron a la defensa  al conocido abogado Rafael Heredia Rubio, controvertido pero apreciado litigante, es del dominio público que «Rafa» como le llamamos afectuosamente ayuda siempre, con generosidad a todo aquel que lo necesita sin esperar retribución, «pro bono», es decir gratuitamente, como lo hizo en este caso.

Heredia Rubio es catedrático universitario, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y el International Bar Association, ha dictado innumerables conferencias y escrito cientos de artículos sobre la materia.

El abogado Rafael Heredia Rubio

El abogado Rafael Heredia Rubio

A Heredia se le puede encontrar pocas veces en su lujoso despacho (siempre contesta su teléfono móvil), pero si con regular frecuencia en un juzgado penal o familiar, liberando presuntos culpables o ganando algún divorcio, su experiencia en el litigio es basta. 
Hace muy poco me comentó, que el respeto irrestricto a las garantías procesales por parte de las autoridades de procuración y administración de justicia, es tan importante como la sentencia judicial de inocencia o culpabilidad.
Iniciada la defensa, la tenacidad y perseverancia de este singular grupo al que se sumó el abogado Salvador Herrera socio de Rafa, lograron sembrar la duda razonable en el Magistrado Salvador Ávalos, con la exhibición de material filmado de varios testigos que ubicaban a Toño en lugar distinto y distante del homicidio, del Subprocurador de Control de Procesos de la capital  (hoy Jefe de Gobierno de la Ciudad de México) Miguel Ángel Mancera y obtener del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del D.F. , Edgar Elías Azar, el permiso para filmar la audiencia de reposición del proceso, lo que se traduciría en un exitoso documental, exhibido y premiado dentro y fuera del país, con el título de «Presunto Culpable»
La tramitación de este incidente contemplado en la ley procesal penal, permitió exhibir la serie de irregularidades y violaciones al debido proceso, generando en el ánimo del juzgador «la duda razonable», de manera preponderante un careo magistral que condujo Heredia Rubio en el que echó por tierra, no solo las imputaciones hechas durante la averiguación y el juicio, sino que puso de manifiesto la mala fe e incompetencia de los acusadores, investigadores y testigos, ante estas evidencias irrefutables el 26 de abril de 2008, José Antonio Zúñiga recobró su libertad, casi dos meses antes de que se publicara la Reforma al Sistema de Justicia Penal. Es de destacar que el debido proceso como principio jurídico procesal, dentro de esta Reforma, es solo una de las muchas bondades que ella entraña en beneficio de todas las personas por igual y que a partir de este, en los juicios penales los acusados son  «Presuntos Inocentes»