Por Ignacio PERALES

Hay muchas formas de esclavitud en el siglo XXI. En el Brasil profundo es habitual casos de explotación de personas pero en las grandes ciudades muchos lo veían imposible. Error, los obreros de la construcción viven en condiciones que podrían identificar con la esclavitud.

El Ministerio del Trabajo lo reconoce en un informe donde ofrece cifras preocupantes de los abusos. El año pasado las autoridades rescataron a 1.590 esclavos. De estos, 437 se dejaban la piel, en condiciones degradantes, en constructoras-. En el sector agrícola localizaron a 344 y en el ganadero 228.

El informe del Gobierno registra otros 201 personas explotadas en trabajos de recolección de madera y  caucho. Ambas actividades son propias de la Amazonía, zona en la que nació y creció la ex candidata presidencial Marina Silva. Otro dato, en este caso, en el sector del carbón arroja un total de 138 esclavos.

El jefe de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), Alexandre Lyra, explica -informa Efe- que los casos de abusos laborales en la construcción están aumentando por el «boom» del sector inmobiliario ocurrido en los últimos años.
«Tenemos resultados significativos (de esclavos) principalmente en Minas Gerais (sureste), fruto de alojamientos sin condición digna de ser habitada en la construcción civil», afirma Alexandre Lyra.

La patronal de las inmobiliarias (Abrainc) consiguió el pasado diciembre que el Tribunal Supremo prohíba cautelarmente al Gobierno la divulgación de la «lista negra» en la que aparecen las empresas denunciadas por esclavizar a sus trabajadores.

El ministro de Trabajo, Manoel Dias, y la titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Ideli Salvatti, anunciaron que han iniciado gestiones ante el Supremo para conseguir permiso para que se vuelva a divulgar la «lista negra».
A los integrantes de esta lista se les somete a cuantiosas multas, se les veta el acceso a las líneas de crédito de los bancos públicos y se les prohíbe firmar contratos o vender productos a organismos oficiales.

El secretario de Inspección del Trabajo, Paulo Sergio Almeida, afirmó que en la última edición de la «lista negra», del final de 2014, hay más de 600 empresas listadas.
La lista se divulgaba semestralmente hasta la prohibición del Supremo y en la edición del pasado junio figuraban 574 empresas o empleadores acusados de prácticas degradantes a los trabajadores.