Por Pablo BIFFI, para SudAméricaHoy (SAH)

Todo parece hecho a la medida de la Colombia del realismo mágico. Un funcionario que cumple tareas administrativas, investiga, acusa, juzga y destituye, sin dar demasiado margen para la defensa, a un alcalde electo. Y eso no es todo: la apelación a la que tiene derecho el destituido debe ser resuelta por el mismo hombre que lo echó a la calle. Eso es lo que ocurrió entre el Procurador General, Alejandro Ordóñez, y Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19 y alcalde de Bogotá, en la práctica el segundo cargo en importancia política del país, luego del presidente.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos, por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo sistema de recolección de basura y aseo en la capital de la República. El procurador General, Alejandro Ordóñez, uno de los funcionarios más cuestionado por sus actuaciones, señaló que en la investigación disciplinaria se pudo determinar que debido a las fallas en la ejecución del modelo para la recolección de basuras se presentaron un centenar de quejas por parte de los ciudadanos, funcionarios públicos y el mismo defensor del Pueblo. La sanción es apelable, pero el que debe decidir es el mismo Ordóñez, quien ya destituyó al ex Ministro de Agricultura de Alvaro Uribe, Andres Felipe Arias por malversación de fondos, a la ex senadora Piedad Córdoba por sus supuestas relaciones con la guerrilla de las FARC y al ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por corrupción. A Petro le queda, también. la opción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede obligar a Colombia a dar marcha atrás con el fallo.

La arbitrariedad y dureza de la medida fue tal que hasta el gobierno de Juan Manuel Santos cuestionó al Procurador: el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo que el Gobierno Nacional lamentaba la decisión de la Procuraduría e indicó que había que revisar esta norma constitucional que le permite a un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas por voto popular.

Pero no fue el único que alzó la voz. El Fiscal General Eduardo Montealegre castigó con dureza la actitud del Procurador.“No puede ser posible que en el derecho disciplinario, el mismo funcionario abra investigación, formule el pliego de cargos, realice la audiencia, dicte la sentencia de primera instancia y la misma institución falle en segunda instancia. Es un modelo medieval, inquisitivo, es un monopolio carente de garantías. Estamos frente a un derecho premoderno”, añadió, para luego expresar que se trata de un «monopolio oprobioso y carente de garantías”.

En el mismo sentido, Montealegre –hombre con larga experiencia judicial y ligado al Partido Conservador– expresó que habría que hacer un rediseño constitucional, enmarcado en una reforma judicial, que permita revisar las facultades a la Procuraduría para destituir funcionarios que hayan sido elegidos popularmente.

Petro no es nuevo en política y sabe cómo moverse en aguas turbulentas. Fue miembro del guerrillero Movimiento M-19 hasta la firma de los acuerdos de paz de finales de los años 80, y en los años 90 fue agregado diplomático en la embajada de Colombia en Bélgica. Fue elegido en varias elecciones legislativas en el país, entre ellas la de senador por el Polo Democrático Alternativo, cargo al que accedió en las elecciones del 2006 con la segunda mayor votación del país.En 2009 renunció para aspirar a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010 en representación del mismo partido, al que renunció tras las elecciones. El 30 de octubre de 2011 fue elegido Alcalde Mayor de Bogotá por el movimiento Progresistas en las elecciones locales de la ciudad,cargo que asumió el 1° de enero de 2012.

El Ministerio Público ha recalcado que el contrato que se suscribió entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que esta última entidad asumiera el 100% del servicio de aseo en la capital, fue a todas luces irregular y violatorio de las normas contractuales.

Al conocer la noticia, Petro llamó a la calma a sus seguidores y dijo: “Estamos ante un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá.“Tengo 53 años, más 15 (de sanción), o sea, 68 años. Significa una cadena perpetua”. “Aquí se está mandando un mensaje a todos los alcaldes del país: que recuperar el poder público es un crimen, un delito o una irregularidad”, expresó Petro apenas conoció de la sanción que le acaba de aplicar la Procuraduría, cuestionando la decisión del ente de control. Agregó que como está en una “situación crítica”, era mejor guardar la calma. A quienes siguen sus ideas les dijo: “Suprema tranquilidad. De nosotros no puede salir ni un acto de violencia. Y dos, indudablemente, debemos expresarnos”.

El escándalo ha sido de tales proporciones que hasta la guerrilla de las FARC se pronunciaron desde Cuba, en donde negocian la paz con el gobierno de Santos, en contra de la destitución del alcalde. Y dijeron que funcionarios como el Procurador Ordóñez y sus decisiones podrían poner en peligro un eventual acuerdo para poner fin a la violencia en Colombia.