Bogotá. SudAméricaHoy/Efe

Colombia es con Afganistán el país más afectado por las minas antipersona y el único de América en el que se siguen sembrando estos explosivos.

Más de la mitad de los municipios de Colombia tienen campos minados que dejaron el año pasado un total de 267 víctimas, según reconoció uno de los negociadores de paz del Gobierno colombiano con las FARC, el general en retiro de la Policía, Óscar Naranjo.

Naranjo, que fue nombrado el año pasado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, como ministro consejero del Postconflicto, señala en una entrevista publicada por el diario El Tiempo que en 688 de los 1.101 municipios colombianos, es decir el 62,5 %, hay minas antipersona.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón y la colombiana Ángela Ruales – víctima de una mina antipersonal – con los pantalones enrollados , participan en una actividad del programa de conciencia y la solidaridad «Remangate» en Medellín, Colombia.

«El barrido que ha hecho el programa de desminado humanitario señala esa dramática realidad», agrega Naranjo.
El funcionario, sin entrar en detalles, explicó que las FARC han expresado en la mesa de diálogo de paz en Cuba su disposición para ayudar al desminado, acción que podría significar una reducción de la intensidad del conflicto armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo.
«No quiero faltar a nuestro compromiso de confidencialidad de las negociaciones. Las FARC ya han expresado su voluntad para ayudar con el desminado», subrayó Naranjo.

Según las cifras expresadas por el negociador de paz, desde 1990 se han registrado en Colombia 11.006 víctimas, entre muertos y lesionados, de minas antipersona.
Los departamentos más afectados por los campos minados son Meta (centro) y Antioquia (noroeste).

Víctimas de las minas colombianas en una protesta en Bogotá

En marzo de 2013, el presidente Santos proclamó a San Carlos (Antioquia), como el primer municipio del país «libre de sospecha de minas antipersona».

Las operaciones del retiro de esos artefactos proscritos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) culminaron en diciembre de 2011, y fueron realizadas por ingenieros militares de la Cuarta Brigada, a través de un batallón de desminado humanitario.
Para su labor, los artificieros siguieron información suministrada por el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma).