La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.

Martin Luther King Jr.

Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

Las conferencias del presidente de México a lo largo de este par de meses, a pesar de estar colmados de buenos deseos y consejos “morales”, no han evitado que el país viva en una hondonada de violencia, desilusión y costos billonarios a la economía nacional.

El tránsito entre las propuestas del ejecutivo y la designación del Senado a Fiscal General y Ministros de la SCJN ha sido tortuoso y lleno de críticas adversas por una opinión pública enfrentada, la política exterior en el caso de Venezuela y los migrantes centroamericanos tampoco están exentos de este desconcierto y desilusión ciudadana.  Dos meses en los que los tropiezos y yerros han sido lo habitual, ya otras fuentes se han encargado de dar cuenta de cifras estratosféricas, pérdidas por malas decisiones basadas en la inexperiencia o en el mero arrebato decisorio.

Escuchar a aquellos que saben, conocen y tienen experiencia, no es perder autoridad por el contrario, es fortalecerse en la toma de decisiones para hacer de gobernar un arte y cumplir con el fin primordial del estado de derecho: el bien común.

Recomponer el estado mexicano no es tarea de un día, ni de sesenta, pero, si exige además del tiempo necesario una voluntad abierta y clara que haga de la inclusión y atención elementos esenciales para la resolución de los problemas que nos aquejan, no son las culpas ni la evasión de responsabilidades la solución tan esperada.

Si bien es cierto que el ejercicio del poder a través de la aplicación de las leyes afecta a algunos, también lo es que la evaluación moral debe estar presente en tales decisiones. Sin embargo, no se puede postergar o anteponer esta evaluación al estricto cumplimiento de la norma legal, la norma jurídica es la que decide lo que puede o no puede hacerse y debe estar basada en razones coherentes.

La expresión de principios generales referidos en la moral no puede invalidar la aplicación del derecho, existe en la moral un deber que es obedecer el derecho ya que la moral por si sola genera incertidumbre y finalmente, depende en muchos casos de las preferencias y sentimientos personales de cada individuo.  La ley por tanto es precisa, si la sociedad no tuviera ordenamiento jurídico caeríamos en un caos moralmente reprobable.

La función de la moral es promover la coexistencia de los individuos y el único instrumento para conseguirlo es el orden jurídico vigente, es la manera práctica del estado para prevenir el caos.  En este caso, hay razones poderosas para obedecer el derecho si este promueve la educación moral del ciudadano y no a la inversa.

El estado de derecho propugna seguridad jurídica y legitimidad a sus gobernados, es una protección del poder público para los ciudadanos, esa restricción basada en reglas jurídicas permite conocer y predecir los actos de gobierno así, la continua modificación de las leyes a modo, tiempo y circunstancia de quien gobierna y mina la certidumbre jurídica, cuanto mayor es el conocimiento y la restricción de los actos de gobierno a través de la ley, robustece el estado de derecho.  El estado como tal es inimaginable sin un orden jurídico, éste brinda orden y paz y otorga amplia protección a los habitantes de un territorio.

La división de poderes promueve de manera indiscutible la seguridad jurídica y contraría el monopolio del poder como amenaza para la libertad individual y los derechos humanos.

Otro punto indiscutible para lograr el estado de derecho es la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio del poder que se les ha conferido.

El Mexico de hoy requiere no solo de consejos morales y el estricto cumplimiento de la ley, hay que sumarle creatividad, innovación y deseo de seguir creciendo como una gran economía. Vivimos en una sociedad polarizada en la que las decisiones de grupo no miden las consecuencias y el daño generado por intereses minoritarios, la inaplicación de la ley es insana tolerancia que abona a la impunidad y a la justicia por propia mano que de si, es inmoral y destructiva, pareciera que las ausencias de poder legítimo se llenan con actos de barbarie, brutales y obcecados de quienes en principio pudiesen tener razón y derecho pero, que lo violentan a través de irracionales e irascibles conductas.  

Los habitantes de nuestro gran país demandan con justa razón justicia; la justicia que se niega en la inexperiencia, la sordera y la ceguera de servidores públicos que en su infinita soberbia desoyen al gobernado.  El fortalecimiento del poder judicial se hace sumamente necesario ante el insolente maridaje del ejecutivo con el legislativo, no sólo con el apresurado e infortunado cambio y reforma de las leyes sino con exigencias infundadas y arrogantes.

El arranque de la FGR es un buen avance al respeto para la autonomía de las instituciones y a la presunción de inocencia que establece el nuevo sistema de justicia penal.

El retraso en el proceso de transición para la FGJ CDMX ha generado que vicios añejos y malas prácticas sigan vigentes, más grave aún que los servidores públicos ignoren las voces que exigen el cumplimento de la ley y que mucho podrían aportar a este proceso.