Por Marta NERCELLAS

“… Si no nos chocamos con los hechos no llegamos”. No es una frase encriptada que encierra en su núcleo una verdad misteriosa. Es la exclamación resignada del Fiscal Federal argentino que tiene a su cargo varias de causas de corrupción, de esa corrupción que oxidó las bases de la democracia argentina. No es un funcionario improvisado y sin embargo, sin pudor, afirma: “Sin monasterio López no estaría preso”.

Cristina Fernández, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido y José López

Lopecito, en su brote, tomó los bienes robados a las arcas públicas y trató de ocultarlo entre las paredes de un convento. Si el vecino que observaba el absurdo de revolear bolsos sobre el muro del lugar no hubiera llamado al 911, su enriquecimiento ilícito sería otra historia inventada por los medios hegemónicos, según las huestes Kichneristas.
A causa de un hecho tan tragicómico como el de López el Congreso reflotó -y dio media sanción- a dos proyectos que fueron meneados por las actuales autoridades durante la campaña electoral: La ley del “arrepentido”  y la “pérdida de dominio”.
Nada que decir sobre la última, en resumen, un proyecto de decomiso de los bienes mal habidos. Uno de los grandes problemas de estos delitos es que ingresan en una espiral que sólo colabora en aumentarlos y perpetuarlos. Si ese dinero queda en manos de la banda criminal aumenta su poder y sus posibilidades de comprar la conciencia de los investigadores y de los juzgadores y en ese trueque de dólares por sobreseimientos, garantizan que quedaremos atrapados por esa forma de gestionar el Estado.

El proyecto del arrepentido me generaba en cambio algunas reservas. Desde su nombre, ya que ningún arrepentimiento se le requiere al que aporta datos para poder desentrañar el núcleo podrido del delito, sólo se le exige que de información que pueda ser corroborada, datos ciertos que permitan avanzar con la investigación y sancionar a quienes resultan delatados. No importa que sean sólo manifestaciones generadas en la mera conveniencia de lograr una rebaja o quita de la pena que lo hecho por él podría generarle. Puede volver a delinquir en cuanto termina su declaración, puede resultarle indiferente el daño causado. Es sólo un beneficio fundado en la eficacia del dato y no en la moral de quien lo aporta.
Pero no es la única reserva. Quienes fuimos formados en la dogmática del derecho penal que cree en los roles de las agencias del Estado y en los derechos y garantías de los individuos sentíamos cuando escuchábamos los fundamentos de esos institutos que algo se resquebrajaba en el sistema constitucionalmente establecido pero, debo reconocerlo, el daño hecho por la impunidad que siguió a tanto delito impulsado desde el seno de las instituciones del Estado sin siquiera pretender disimularlo, hace que olvidemos muchos de nuestros prejuicios.

Lázaro Báez, constructor del mausoleo mortuorio de Néstor Kirchner y «amigo» de la familia

La defraudación a las arcas del Estado en Argentina se hizo (y deseo que sea pretérito) a la vista de todos. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Cualquier investigación se topa con los múltiples indicios del desfalco que ni siquiera se preocuparon en disimular. Sin embargo y pese a ello, los años pasaron sin que tanta huella se convirtiera en una imputación seria y fundada contra los principales responsables del vaciamiento.
La desazón causa desánimo y entonces hay que encontrar la forma más rápida y certera de lograr que se escriba negro sobre blando y se descorra ese telón que todos sabemos que se ideó sólo para ocultar crímenes y criminales.
Se nos ha mentido sobre los hechos, sobre el derecho, sobre los concursos de Jueces y Fiscales, sobre las licitaciones, sobre los índices de inflación, sobre las reservas, sobre la marcha de la economía. Se nos ha dicho que se pavimentaron rutas que al recorrerlas siguen tapizadas por el barro original. Se nos engaña sobre las razones que segaron la vida de un agente de inteligencia primero y de un Fiscal después. Se habló oficialmente para no informar nada y se consideró un “caso aislado” a la muerte por desnutrición de ¿un? Infante, como si esa vida no tuviera el 100% de su valor.
La mentira fue habilitada como una forma normal de comunicación sin que importara que el interlocutor mentiroso fuera un funcionario encumbrado, un militante apasionado o la Presidente (ex en rigor) de Argentina. Se fueron cambiando las versiones del mismo hecho al compás de los humores de quien tenía el micrófono “oficial”. Contradecir o comparar los diferentes relatos, era considerado un acto de alta traición. El disfraz con el que se ocultó la verdad fue tan ostensible que no resultaba legitimado ni con el carnaval, declarado feriado nacional para que la alegría nos acompañe por decreto, aunque no sepamos de qué nos reímos.

Diego Bossio con Cristina Fernández cuando era titular de la ANSES (la Seguridad Social)

En un todo vale, la mentira se convirtió en actor principal en el intercambio de novedades cotidianas. Ante tanto desparpajo se hacen imprescindibles las pruebas objetivas cuando se afirma aún lo obvio: ROBARON. En este escenario, el desaliento logró lo que no conseguían los procesalistas más encumbrados, nos convenció de que es necesario que en forma urgente el Congreso sanciones la ley – mal llamada- del arrepentido. Es determinante para que quienes colaboraron en el apoderamiento de lo que era de todos, nos ayuden ahora a responsabilizar a quienes con sus acciones -u omisiones- idearon el latrocinio sistemático.
Tres imágenes pueden ilustrar con precisión la historia reciente. La primera, la de jóvenes cercanos a quienes ejercían el poder y contrataban con el Estado contando en la “rosadita” millones de dólares, dólares que el “cepo” decretado impedía adquirir al hombre de a pie. Otra fotografía perturba, miles de sillas de ruedas apiladas en la obra social de los jubilados mientras muchos ancianos hacían interminables colas para conseguir una que les permitiera moverse, mínimamente. Por último, y como si esto no alcanzara, el ex Subsecretario de Obras Públicas “donando” a las monjas de clausura nueve millones de dólares y relojes valiosos en la original forma de arrojárselos sobre un muro que parecía más de una cárcel que de un convento.

Esas tres imágenes entristecen y zamarrean gritándonos que no podemos seguir soñando en ese derecho penal ideal que debía equilibrar los derechos y los deberes con precisión. Necesitamos respuestas que, respetando la legalidad, nos señalen a los culpables y permitan que se les apliquen las medidas punitivas que los ciudadanos decentes están esperando.