Por Juan RESTREPO, para SudAméricaHoy

Alejando Maldonado Aguirre, un jurista de 79 años, prestó juramento ante el Congreso como nuevo presidente de Guatemala tras el derrocamiento de Otto Pérez Molina. Será un mandato breve, pues debe entregar el poder el 15 de enero al ganador del proceso electoral, previsiblemente en segunda vuelta, que inicia el domingo 6 de septiembre para elegir mandatario en el país centroamericano.

Después de unos meses de catarsis, el “general de la paz” como se autodenominó Pérez Molina, salió por la puerta trasera de la Presidencia guatemalteca, derribado por un movimiento cívico que se tomó las calles de la capital pidiendo que se cumplieran las resoluciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG).

Pérez Molina renunció a la presidencia, después de que el Parlamento lo despojara de sus fueros, tras ser acusado de dirigir una red que exoneraba de impuestos a cambio de sobornos y de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra para responder ante la justicia. Esa misma presión popular hizo renunciar a su vicepresidente, Roxana Baldetti, que ya había ingresado en prisión por cohecho, fraude y estafa.

 Desde el 16 de abril pasado, el país se sacudió la tradicional indiferencia con la que veía las anomalías, la corrupción y los desmanes de sus gobernantes como algo ajeno a sus intereses. Ese día la CICG, un organismo adscrito a Naciones Unidas presidido por el ex juez colombiano Iván Velásquez, destapó el llamado caso de “La Línea” que involucraba a altos funcionarios del Estado en una sofisticada red de contrabando en las aduanas y desde entonces Guatemala ha vivido en vilo con un presidente destinado a caer, entre otras razones por la valiente actuación de la fiscal general Thelma Aldana.

Pérez Molina y su banda ya son historia pasada y Guatemala, después de meses de protestas y algaradas callejeras, se encuentra ante el reto formidable de reformar su Ley Electoral y de Partidos Políticos, de legislar contra la corrupción, de regular la contratación con el Estado, de modernizar la Contraloría y los organismos judiciales. En suma, de dotarse de un andamiaje jurídico que permita una depuración de sus dirigentes, una labor titánica en un país lastrado por la corrupción y la codicia de su clase política.

 Guatemala es el país de más baja recaudación fiscal en Latinoamérica y su gremio empresarial se resiste a cualquier reforma tributaria, lo que hace de esta nación centroamericana una entidad estructuralmente débil. A esto se agrega un sistema político en el que el poder económico por un lado, y las estructuras mafiosas por otro, se dividen el país a partes iguales. Las campañas políticas en manos de empresarios, contratistas corruptos y caciques ligados al crimen organizado dibujan un panorama desolador para la democracia guatemalteca.

 Tras la penosa experiencia de Otto Pérez Molina en la presidencia, Guatemala clama por el rescate de su régimen republicano, por el imperio de la justicia, la protección de derechos de sus ciudadanos y el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos que preserve su institucionalidad.

 Este domingo, los guatemaltecos están convocados para elegir presidente entre catorce candidatos de lo más variopinto: un acaudalado empresario; un comediante sin experiencia política, una ex primera dama o la hija del dictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio son algunos de ellos. Si ninguno alcanza el 50% de los votos más uno, la segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 25 de octubre.

El líder de la encuestas de cara a los comicios del 6 de septiembre, Manuel Baldizón, cuyo compañero de fórmula ha sido acusado de estar vinculado a un caso de corrupción, ha dicho que apoya el trabajo de la CICG –nada más impopular decir hoy en Guatemala lo contrario–pero que no le gustaría que Iván Velásquez siguiera al frente de ese organismo. Y la fiscal general Thelma Aldana tampoco es santo de su devoción. Las fobias y la compañía de Baldizón, no son muy alentadoras.

Por lo demás, la situación guatemalteca no es una excepción hoy en Latinoamérica en donde en los últimos veinte años, una docena de mandatarios han sido denunciados por actos de corrupción antes durante o después de sus gestiones. Y esto en el contexto de una región del mundo en la que las democracias se encuentran debilitadas por la aparición de políticos, tanto de derechas como de izquierdas, que llegan al poder mediante elecciones formalmente limpias que luego se perpetúan a base de populismo y de reformas constitucionales.