Por Ludmila VINOGRADOFF, para SudAméricaHoy

El régimen de Nicolás Maduro asfixia a los venezolanos y favorece los negocios turbios con el cierre de la frontera con Colombia y Brasil. Reprime con gases lacrimógenos y dispara a los que intentan pasar al otro lado por los puentes binacionales, como ocurrió este miércoles con los escolares tachirenses al negarles su derecho de ir a clases.

Para ir a su escuela en la colombiana Cúcuta, unos 5.000 niños venezolanos que viven en San Antonio y Ureña, deben cruzar la frontera en medio de la oscuridad. Lo hacen a pie o montados sobre unas tablas para no mojarse los zapatos en el río Táchira y enfrentar los peligros de los bandoleros que acechan en las 30 “trochas” o “caminos verdes” improvisados que comunican a los dos países.

Desde el 23 de febrero el régimen de Nicolás Maduro cerró la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil para bloquear el paso de la ayuda humanitaria por los puentes internacionales. La operación la había organizado el presidente interino Juan Guaidó para salvar la vida de unos 300.000 pacientes en estado de gravedad. Lo sucedido afecta a toda la población de Táchira.

Cúcuta es el principal centro de acopio de la ayuda humanitaria. Pero además es la ciudad colombiana que abastece de alimentos y medicinas, repuestos de vehículos, artefactos electrodomésticos y textiles a los tachirenses. Es el centro comercial donde hacen mercado los venezolanos por la severa escasez de productos en su país.

La ciudad colombiana también es la puerta de escape de decenas de miles de venezolanos que van a pie a Perú y Ecuador. En Colombia ha emigrado cerca de un millón de nacionales de los 3,5 millones que han huido en la diáspora durante el gobierno de Maduro.   

En Santa Elena de Uairén, al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, fronterizo con el Roraima de Brasil, también cerrada, ocurre otro tanto con los niños y adolescentes de la zona que no pueden ir a recibir clases al otro lado de la frontera. Las escuelas venezolanas son muy precarias y las familias prefieren enviar a sus hijos a las escuelas brasileñas, aunque hablen en portugués.

El cierre de la frontera favorece el contrabando y el tráfico de personas que se ven forzadas a tomar las trochas con guías vinculados a la Guardia Nacional y grupos irregulares como la narcoguerrilla colombiana, los “colectivos” armados y contrabandistas que cobran su comisión por dejar pasar a las personas por el río Táchira.

Según las denuncias de la diputada Karim Veras y del diputado Franklin Duarte, los venezolanos se ven obligados a pagar de 1 a 125 dólares para cruzar la frontera por esos caminos rurales.

Es por ello que la tachirense Yulimar Castro paga lo que sea para que su hija cruce el rio en una tabla para acudir a su escuela en Cúcuta. No todos pueden pagar el peaje ilegal que han impuesto los que controlan la frontera venezolana y corren el riesgo de perder el año escolar.

Otros se arriesgan a cruzar las aguas del Táchira en su camilla, cargado por cuatro ayudantes, y también en silla de ruedas para recibir tratamiento de quimioterapia en el lado colombiano. Pero la gran mayoría de los pacientes no puede costearse el traslado en esas condiciones, por lo que urge que el régimen abra la frontera sin mayor dilación y sin “ideologías” porque la salud no espera, como lo exige el presidente interino Juan Guaidó.