Por Alex FERGUSSSON, para SudAméricaHoy

Caracas está siendo sacudida desde hace tres meses (marzo-junio de 2021) por una conmoción social protagonizada por una megabanda delictiva, muy bien organizada y fuertemente armada, liderizada por Carlos Luis Revete, de 43 años de edad, alias El Coqui, la cual decidió tomar el control de la populosa Parroquía La Vega y sus alrededores, al sur oeste de la ciudad. Los enfrentamientos con la policía y la Guardia Nacional han dejado hasta ahora numerosos muertos la mayoría civiles inocentes, más de 30 heridos y cerca de 40 detenidos, sin que eso indique que el conflicto haya terminado.

La Vega es uno de los sectores más violentos de Caracas, y en él existen múltiples pandillas urbanas. Durante años, el sector ha sido objeto de violencia y arbitrariedades por parte de la policía, lo que ha dado origen a una profunda antipatía de los habitantes del sector hacia los organismos de seguridad. En este contexto, las pandillas ganaron poder social como autoridades de facto en la comunidad, lo cual es un fenómeno bien conocido en América Latina.

El prontuario delictivo de El Coqui, desde 2013, incluye crímenes como robo, homicidio y narcotráfico, pero Revete goza de gran impunidad. El pacto de no agresión al que llegó con las autoridades demuestra la abdicación del control social y de la seguridad por parte del gobierno.

En 2014, siendo solo un lugarteniente, se propuso unir a las pandillas de Caracas contra la Policía. Esta iniciativa contribuyó al surgimiento de una nueva estructura criminal en Venezuela: las “megabandas”, cada una de las cuales está compuesta por más de 50 miembros, El coquí dice que su banda tiene 400 hombres y son más organizadas y mejor armadas que las pandillas callejeras tradicionales. Cuando el líder de su banda fue asesinado por agentes de un cuerpo de seguridad en enero de 2015, Revete asumió el liderazgo en el sector y continuó el proyecto de unificación. Algunas fuentes le atribuyen la unión de las bandas de La Vega con las de sus sectores aledaños.

En enero de 2015, La Vega fue incluida en el programa de “Zonas de Paz” del gobierno nacional, mediante el cual las autoridades cedieron el control territorial a las organizaciones criminales, a cambio de que estas redujeran la violencia. Esta tregua se rompió en julio del mismo año con el inicio de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), propuesta por el gobierno, la cual consistió en una fuerte represión que marcó el regreso de la violencia policial y de las violaciones a los derechos humanos que se habían dado en el pasado. La primera incursión de la OLP en el sector dejó como resultado 15 muertos, solo seis de las cuales tenían antecedentes criminales. Revete no fue atacado y evadió su captura durante toda la operación, lo que alimentó la sospecha de que el verdadero objetivo de la operación oficial eran liquidar a los rivales de Revete.

En agosto de 2017, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, visitó la zona y se comentó en las redes que los habitantes del sector le solicitaron que restablecieran el programa de Zonas de Paz y prohibieran la entrada de la policía al barrio. Así mismo se supo que la delegación también se reunió con Revete durante la visita, y se cree que negociaron un acuerdo.

El abandono oficial de la zona quizá redujo la violencia, pero también les permitió a bandas como la de Revete acumular armamento pesado y consolidar sus economías criminales. Hacia 2016, la banda de Revete usaba a La vega y al sector de la Cota 905 como base de operaciones para la extorsión, el secuestro y el robo de vehículos.

A comienzos de 2021 miembros de la banda de El Coqui ampliaron su control a sectores de la barriada La Vega, que no habían sido ocupadas por el grupo criminal. Esa acción provocó la respuesta del régimen, principalmente de las fuerzas especiales de la policía (FAES), y dejó, extraoficialmente, 23 personas fallecidas. Defensores de los derechos humanos denunciaron el suceso como la acción policial con más víctimas que se ha desarrollado en el país. Desde allí hasta este momento hemos asistido a una escalada de violencia, en la cual se ve involucrado casi todo el sur oeste de la ciudad. Esas confrontaciones sugieren que El Coqui parece seguir adelante con sus planes de expansión hacia el vecino Estado Miranda.

En otro sector, esta vez al este de la ciudad, la historia se repite.

Wuileisys Alexander Acevedo, nacido en Caracas, ya a los 20 años pagaba condena en la cárcel, imputado por homicidio, secuestro, extorsión y robo.

Años más tarde, tras su excarcelación, Acevedo​ empezó a residir en el barrio José Félix Ribas de Petare, en Caracas, Municipio Sucre del estado Miranda, habitado por un millón de caraqueños, y es el líder de una banda que lleva el nombre de su apodo, Wilexis, con 200 integrantes, la mayoría de los cuales no supera los 30 años y los más jóvenes, todavía estudiantes de educación básica, tienen el cargo de <custodios de territorio>.

En 2017, pese a su prontuario criminal, Wilexis fue designado por el entonces alcalde del municipio, electo en las listas del partido de gobierno, como Juez de Paz de la zona y en contraprestación,  se le entregó el control del barrio con armas de guerra incluidas y sistemas de comunicación.

En la actualidad, Wilexis mantiene el dominio de cuatro grandes sectores, desde donde realizan extorsiones a comerciantes de zonas aledañas, narcotráfico y hurto, además del control social, que ha conducido al desalojo de algunos residentes del lugar.

Su banda tiene censada a la población del sector y a los transportistas; actúa como autoridad local en la resolución de controversias y denuncias menores; lleva la administración de servicios básicos como el gas doméstico y además es el encargado de la distribución en la comunidad de las bolsas de alimentos que oferta el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que es un programa social del gobierno.

En 2019, Acevedo empezó a tener molestias con las autoridades debido a la crisis económica, por la cual protestó públicamente, y a eso se le unió el asesinato de su escudero, un joven de 15 años a manos del FAES.

Con variantes, el fenómeno está presente en todo el territorio nacional, especialmente en las principales ciudades de los Estados Táchira, Zulia, Apure, Falcón, Miranda, Aragua, Sucre y Bolívar, donde el delito se ha convertido en una red incontrolable, con la complicidad del Sistema de Justicia y de seguridad pública.

Como puede verse, la existencia de extensas zonas del país, incluidas áreas urbana y rurales importantes, que se encuentran bajo el control de grupos irregulares, colectivos armados, paramilitares, militares mismos y delincuentes organizados, donde la institucionalidad no funciona y los irregulares imponen las reglas, constituye un signo preocupante. Allí, ocurren impunemente, robos, asesinatos, extorsiones a comerciantes formales, mineros, campesinos y empresarios o dueños de fincas, así como acciones contra personas, especialmente líderes campesinos, obreros o comunitarios que se atreven a enfrentar la situación.

En tal sentido, es harto conocida la presencia de contingentes armados pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia (FARC) en territorio venezolano fronterizo (Estados de Táchira, Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar). Esas fuerzas controlan extensas zonas de la frontera y una parte de la actividad minera de oro, diamantes y coltan, especialmente en los Estados Bolívar y Amazonas.

No puede ser casual que muchas de esas áreas, hoy sin control oficial, se correspondan con las “zonas de paz” que el gobierno decretó hace varios años con el supuesto propósito de combatir la delincuencia y que ahora están en manos de “mafias”.

En fin, asistimos al espectáculo de una Rebelión en la Granja oficial, que puede conducirnos al fin del Estado y la República. El país podría estar siendo repartido entre modernos señores o grupos feudales, líderes de organizaciones delictivas, grupos militares u organizaciones paramilitares o guerrilleras que gobiernan a su antojo, que son los nuevos dueños de los barrios y de los medios de producción, que tienen poder sobre la vida de la gente, y todo ello con la anuencia del gobierno central.