Buenos Aires. Por Mar MARÍN/Efe

La disolución de los servicios de Inteligencia argentinos anunciada por Cristina Fernández y la creación de una Agencia Federal tras el escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman no despeja las sombras sobre el funcionamiento de la llamada «cloaca» del Estado.
Cristina Fernández sacudió de nuevo el ya revuelto patio político argentino cuando retomó la iniciativa política anunciando un golpe contra la estructura de Inteligencia y alimentó la teoría de la conspiración para desestabilizar a su Gobierno.
Postrada en sillas de ruedas, en su residencia presidencial y vestida íntegramente de blanco, Fernández cuidó cada detalle en el mensaje grabado que dirigió a los argentinos por cadena nacional.
La presidenta vinculó a la Inteligencia con la muerte de Nisman, con el boicot al acuerdo alcanzado con Irán, con las sucesivas denuncias en su contra y con intereses ocultos para que no se descubra la trama del atentado contra la AMIA, el peor ataque contra intereses judíos desde la II Guerra Mundial, que dejó 85 muertos en 1994.
La Agencia que propuso Cristina Fernández concede más poder a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Alejandra Gils Carbó, una mujer de la plena confianza de la mandataria, blanco de las críticas de la oposición por su parcialidad política.
La reforma, que comenzará a debatirse la próxima semana en el Congreso y que según la presidenta era una «asignatura pendiente» de la democracia argentina, deja todavía sin despejar muchas dudas sobre el funcionamiento de los servicios de Inteligencia en Argentina.
Las mayores críticas de oposición y analistas se centran en el aumento de competencias de la fiscal general y en la duración de los cargos, cuatro años, lo que implicaría que el próximo Gobierno, que se elegirá en octubre, tendría que trabajar con jefes de Inteligencia elegidos en el mandato de Cristina Fernández si este punto no se modifica, como anticipó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Las críticas alcanzan también al jefe del Ejército, César Milani, responsable de la Inteligencia Militar y denunciado por su actuación durante la dictadura, que quedaría fuera de la órbita de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
A falta de conocer los pormenores de la propuesta presidencial, oposición y analistas se preguntan por qué plantea ahora la disolución de la Secretaria de Inteligencia, tras ocho años en el poder y en la recta final de su mandato, y advierten contra una posible «operación cosmética» para distraer la atención en medio de un escándalo político sin precedentes en una década.
«La Secretaría de Inteligencia no va a cambiar con un cambio de nombre, sino con un cambio de política», advirtió Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y aspirante a ocupar la Presidencia.
«Suena extraño» que tras doce años en el poder, el kirchnerismo inicie esta transformación «a las puertas de su retiro y en una etapa de total desprestigio y frente a una acusación tan grave como la del fiscal Nisman», explicaba el analista Jorge Arias, de la firma Polilat.
Arias aprecia un intento de «cubrir la retirada del Gobierno» y atribuye la teoría de la conspiración apuntada por la presidenta «a una de las acostumbradas acciones de ella de atropellar tratando de producir cambios cosméticos que no cambien nada para que parezca que ha resuelto todas las denuncias contra el Gobierno».
Para Virginia García Beaudoux, codirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, la AFI puede contribuir a aumentar la transparencia de la Inteligencia, pero es «preocupante» que amplíe el poder de la fiscal general, Gils Carbó, por «su profundo compromiso con la presidenta».
La reforma de Cristina Fernández abre también otras incógnitas. Por ejemplo, qué destino espera a los agentes de Inteligencia que no entren en la AFI, cuál será su presupuesto o cómo se equipará, especialmente después de que el Gobierno ha reconocido que, hasta hace poco, los espías argentinos grababan escuchas telefónicas en casetes.
¿Aceptarán los espías relevados pasar a retiro? A juzgar por las denuncias de la presidenta, al menos uno no lo hizo de buen grado: Antonio «Jaime» Stiuso, exjefe de Operaciones de Inteligencia, estrecho colaborador del fiscal Nisman, relevado en diciembre y a quien la Cristina Fernández señala como instigador de la supuesta confabulación contra su Gobierno.