Por Marta NERCELLAS, para SudAmericaHoy (SAH)

El principio constitucional de inocencia exige que el imputado por un delito, sea tratado como inocente durante la investigación criminal. El Estado y los ciudadanos tienen el deber de no vulnerar esa garantía al considerarlo prematuramente culpable. Esto no significa, como erróneamente se pretende, que debamos presumir que es inocente en forma real y sustancial. Lo que se nos pide, es que lo tratemos como tal.

Durante el proceso judicial los indicios señalan, en muchas ocasiones, al imputado como autor del delito que se investiga. El Estado de sospecha contra él crece y el Juez debe ir tomando diferentes resoluciones que lo complican en la trama del delito. Pero ese proceso, debe continuar sin que la garantía de presunción de inocencia ceda, porque de ella depende que los ciudadanos podamos neutralizar, aún parcialmente, la posible arbitrariedad del Estado.

Las dudas surgen cuando los elementos, objetivamente incriminatorios, señalan con fuerza a alguno de los funcionarios que representa a ese Estado. Alguno de los que, cotidianamente, ejerce ese poder al que las garantías constitucionales pretenden ponerle límite. Si, por añadidura,  la actuación desplegada por ese funcionario acredita que, lejos de ser víctima del poder, usa su imperio para desviar la pesquisa y neutralizar la investigación, es difícil continuar  aceptando que la Constitución no haga distingos. Pero, no los hace.

Amado Boudou tuvo más de 50 causas en el Fuero Federal. Muchas de ellas (más de 30) se cerraron sin que sepamos si se intentó siquiera acreditar los hechos que se señalaban como delictivos. Para “botón” de muestra, acaba de archivarse -lo que significa que puede reabrirse en cualquier momento- una en la que se investiga el presunto pago de una “coima” (soborno) disfrazada de honorarios de $ 7,6 millones. El «desembolso» lo hizo el gobierno de Formosa, una de las Provincias más pobres de nuestro país. Pagó, a través del misterioso fondo The Old Fund, que preside su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, por un “servicio” innecesario del que se desconoce todo. 

Para desactivar esa investigación no se realizó indagación alguna. Bastó la versión de los hechos que dio la Administración del gobernador Gildo Insfrán para que la justicia formoseña, dejara de lado la pesquisa. Si el Gobierno dice que no delinquió ¿Qué más hay que averiguar?

Pese a tanto esmero varias denuncias contra Boudou continúan en trámite y van acumulando una importante cantidad de pruebas de cargo. Tal vez la denominada “Ciccone” sea la más emblemática. La señora Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, denunció que éste era «testaferro» del Vicepresidente. La furia de Boudou, al sentir que se develaban sus correrías, arrasó al Juez y al Fiscal que intentaban acreditarlas y al Procurador de la Nación, aparentemente, por no haberle garantizado impunidad.

Amado Boudou trató de anular las declaraciones de Muñoz y el allanamiento del domicilio de ésta donde se secuestraron, entre otras cosas, dos computadoras que deben ser peritadas. La Justicia, en contra de sus pretensiones, declaró válido todo lo actuado. Al hacerlo, uno de los Jueces del Tribunal de Casación –Gemignani– no sólo requirió custodia para la testigo y su familia, sino que dio crédito a sus afirmaciones de haber sufrido agresiones y amenazas de Boudou. El magistrado, además, observa que las acciones de represalia provendrían de un grupo que integra quien ostenta un cargo público (Boudou) al que puede, “razonablemente, asignársele una capacidad operativa de significativa trascendencia”.

El Vicepresidente, hoy en ejercicio de la Presidencia, actúa como si no se hubiera enterado de la imputación. Lejos de explicar sus extrañas intervenciones en el devenir de la compañía cuestionada, logró que el Gobierno nacional la estatizara. Esa empresa es la responsable de la impresión de papel moneda en Argentina.

A este funcionario, también se lo investiga por “enriquecimiento ilícito”. En este contexto, sin dudar, exhibió su declaración jurada. En ésta -insisto, sin dudar- rindió como propios 180.700 pesos de viáticos por viajes realizados entre 2009 y 2011, como titular de la ANSES y Ministro de Economía… Es la impúdica exhibición de que el límite entre lo público y lo privado no existe. No importa el destino del dinero que se le entrega, él no duda en acumularlo a su fortuna personal.

El suma y sigue no termina. Boudou está bajo la lupa de la justicia por el uso de helicópteros de Gendarmería Nacional y de la constructora Ecodyma S.A. -empresa que intentaba conseguir obra pública- para viajes que tenían  fines electorales. El hombre que hoy está al frente del Gobierno -al menos en lo formal- está acusado también de aprovecharse de información privilegiada en el canje de deuda.

Pareciera que en Argentina todo da igual. La ley no es un límite. Diferentes Juzgados ¿intentan? develar lo ocurrido pero las causas se mueven con lentitud y los obstáculos que se interponen son difíciles de remover: Los organismos públicos no contestan los informes que se les solicitan. No obstante, los allanamientos indiscretos muestran facturas que a Boudou le resultarán difíciles de explicar. Aún cuando lo intente desde detrás de la sombras que generan los símbolos de poder.

Al recordar alguno de los  pensamientos de Aristóteles podríamos creer que ha vivido la última década en la Argentina. Decía el filósofo, lógico y científico, que cuando se ejerce el poder sin obedecer a la ley el “monarca” se convierte en déspota. Cuando muchos tienen poder, no como individuos sino como conjunto, los decretos del pueblo son como los edictos del tirano. El pueblo acepta complacido el convite de juzgar la cuestión y las magistraturas se disuelven. Será una democracia pero no una República, porque donde las leyes no tienen autoridad no hay República.

Con estos «indicios» sobre Boudou, resulta difícil resistirse a la tentación de olvidar el estado de inocencia que la Constitución le otorga. Para que no sucumbamos a ella, el mandato debe estar fuera de nuestra posibilidad de modificarlo a nuestro gusto. El freno debe estar en la ley y el verdugo, debe ser el Juez que tiene como misión aplicarla.

Dicho esto, no pretendo proponer excepciones a las garantías. La Constitución no las permite y ese límite no debemos transponerlo, ni aun cuando entendamos que el Constituyente no estaba pensando en proteger al poderoso. Pero, ¿Debemos aceptar que después de haber demostrado cómo obstruye la acción de la Justicia, desde el sitial de honor que la ciudadanía le confirió, no solicite una licencia hasta que los procesos en marcha reconstruyan su actuación? ¿Debemos seguir mirando en silencio a los legisladores que ni intentan someterlo a juicio político para separarlo del lugar desde donde dificulta la tarea de los Jueces?

El principio de inocencia grita por la insolencia de la arbitrariedad. Pretende proteger a los débiles de los poderes estatales. Cuando observamos que el sospechado se encuentra en ejercicio de la Primera Magistratura del país, el que tiembla es el principio de inocencia y su dedo se convierte en acusador para señalarnos a nosotros como culpables al no exigir un mínimo de respeto republicano.