El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra a un paso de hacer efectivo un pacto insólito con Irán. Ambos países, enfrentados desde el atentado a la mutual judía Amia, en 1994, ahora buscan estrechar lazos y hacer borrón y cuenta nueva. La cuenta nueva consiste en barajar y dar de nuevo en el caso terrorista que acabó con la vida de 95 personas, dejó más de trescientos heridos y sumió en hondo desconcierto a una comunidad herida de nacimiento en el mundo y duramente golpeada en Argentina.

El “Memorándum” que ha firmado el Ejecutivo argentino, en teoría, consiste en la creación de una Comisión de la Verdad cuyas conclusiones no serían vinculantes. En el futuro,“lo pueden guardar o tirar a la basura”, según expresión textual del ministro de Asuntos exteriores argentino, Héctor Timerman. La elección de sus miembros, todos juristas de terceros países, se hará por partes iguales. Es decir, Irán elegirá una mitad y Argentina la otra. No tiene plazo para pronunciarse y revisará las doscientas mil hojas de la causa judicial.

El Gobierno argentino destaca que se podrá interrogar a los presuntos culpables –si ellos quieren- en Teherán. Algo que no se logró durante un eterno y traumático juicio que quedó, parcialmente, anulado.

El ministro de Asuntos exteriores, Héctor Timerman, defendió el pacto con el Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad como un avance formidable del que sólo pueden salir cosas buenas ya que, en palabras de Anibal Fernández,  ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, “en el peor de los casos, mal no nos va a hacer” (sic).  Las principales organizaciones israelitas, incluidas las que fueron víctimas del sangriento atentado, Amia y Daia (comparten sede) y la oposición en bloque –salvo excepción- opinan de otra manera. Todos coinciden en que la letra escrita es ambigua, deja espacios inmensos para la duda y abre de par en par las puertas de la impunidad para los autores de la masacre que, como reconoció Timerman, no solo pueden negarse a declarar sino incluso hacerlo con falsos testimonios porque “la ley no les obliga”.

Hay cinco órdenes vigentes de busca y captura internacional dictadas por Interpol, contra los iraníes que, presumiblemente, perpetraron la mayor masacre judia después de la segunda Guerra Mundial. Entre éstas, la del ministro de Defensa Ahmad Vahidi cuya potencial comparecencia en la Comisión fue descartada y luego puesta en suspenso en Irán. El temor de los familiares de las víctimas así como de los abogados, juez y fiscal que participan de la causa es que al sentarse en una misma mesa Irán y Argentina, las órdenes caigan por su propio peso y queden desactivadas.

Timerman se extendió en el Senado en un largo razonamiento en el que descartó esta posibilidad  pero fuentes de Interpol no tienen duda: “En asuntos políticos la Policía Criminal no interviene y este asunto (caso Amia) ha dejado de estar en el plano judicial para instalarse en el político”. El mecanismo de funcionamiento de Interpol es sencillo, “recibe la orden de un juez, la analiza y decide si emite la alerta roja internacional. También determina cuándo caduca ésta. De concretarse el Memorandum,  en rigor un Tratado con rango constitucional de ley, -recuerda la misma fuente- las órdenes dejarían automáticamente de tener validez”. El senador de la unión Cívica Radical, Mario Cimadevilla, se expresó sobre el Memorandum con similares términos, “una vez que se le de categoría de ley en el Parlamento,-donde el Gobierno tiene mayoría- conlleva la obligación de cumplirlo y respetarlo”.          

Irán ordenó la detención del ex juez Juan José Galeano y del fiscal Alberto Nissman. Este, en principio, sería uno de los encargados de interrogar a los imputados si estos tienen a bien acudir a la cita en Teherán. “¿Con qué libertad puede hacer su trabajo?”, se pregunta el ex presidente Adolfo Rodríguez Saa, la oposición y la abogada de la Daia, Marta Nercellas. Timerman replicó en el Senado que su seguridad estaba garantizada y añadió: “Obviamente, no vamos a lleva a nadie que corra peligro”.

 En este contexto, el Gobierno optó por no consultar ni invitar al debate del Senado a ningún miembro del Poder Judicial relacionado con la causa. Conoce de antemano su oposición y, como indicó Cimadevilla, el riesgo de que todo lo hecho judicialmente hasta ahora quede anulado. “Hay una invasión de un Poder sobre otro”, denuncia el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sainz antes de calificar de “gravísima irresponsabilidad” el hecho. Sainz se escandaliza frente a un acuerdo “irreversible” de Argentina con “el Gobierno al que el fiscal acusa” de cometer el atentado.

Tampoco el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner, pese a las declaraciones pasadas de la propia Presidenta en sentido contrario, comunicó sus intenciones a los principales afectados. Se rigió por la política de hechos consumados como denuncian, tanto la Daia como la Amia.

Entre los familiares de las víctimas se alza la voz de Laura Ginsberg, una desconocida hasta el jueves para Timerman. “De los 19 años que tenemos de impunidad, el matrimonio Kirchner se lleva más de la mitad”, reflexiona la titular de APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA). “Lo único que el Gobierno quiere –continúa- es sancionar lo antes posible esta ley que significa un punto y final para el tema de la AMIA”.

Un micrófono abierto le jugó una mala pasada al senador Pichetto al reconocer que había recibido instrucciones de la Presidenta de Argentina de agilizar el trámite al máximo. El tratamiento “express”, en periodo estival, reduce el margen de protesta de la colectividad judía y de la sociedad. El Gobierno encajaría mal una cadena de manifestaciones populares o nuevos tambores de cacerolas y sartenes por un asunto tan delicado. Le resulta más fácil asumir las críticas de Israel que, como ha expresado públicamente, censura este convenio de facto entre Irán y Argentina. Un trámite rapidito –previsto su fin en unos diez días- evita una batería de reproches en la fibra supuestamente sensible del “kirchnerismo”: Los derechos humanos.

La senadora Liliana Negre (Compromiso Federal) preguntó, “¿Era necesario un acuerdo con un país que niega el holocausto, no reconoce el Estado de Israel, dilapida a las mujeres…” La secuencia podía seguir con la persecución a los homosexuales bajo condena de pena de muerte. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, primero de América Latina en legislar a favor del matrimonio igualitario tiene estas contradicciones.

Guillermo Borger, presidente de la AMIA no se cansa de repetir, “estos 85 muertos no pueden descansar en paz. Si es –como dice el Gobierno- un paso adelante, lo será al precipicio”. Julio Schlosser, titular de la DAIA, la organización que agrupa a 140 instituciones judías en Argentina, recordó los dos “atentados no resueltos en 19 años” (Embajada de Israel en 1992 y AMIA 1994) antes de censurar la decisión del Gobierno de “pasar por encima de la Justicia con una Comisión”. Dante Caputo, ex ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Raúl Alfonsín, recuerda una declaración de Ahmadinejad donde decía, “primero hay que aclarar el tema de la AMIA y después hablamos de la ampliación del Comercio”. La explicación económica como justificante del “Memorandum” también la apunta Negri que rechaza el canje “a costa de la piel de la historia de nuestros muertos”.

Con más dudas que certezas, lo que parece innegable es que el verdadero beneficiado de este pacto con Irán ya tiene un claro vencedor: Irán. Caputo le añade nombre y apellido: Mahmoud Ahmadinejad  porque, “le permite presentarse como el hombre que da una mano… En dos palabras: Ahmadinejad se lavará la cara”. ¿Qué hará Cristina Fernández?