jueves, 24 de julio de 2014
Argentina, el camino más raro
La presidenta de Argentina durante la inauguración de una fábrica de Yamaha. Foto Raúl FERRARI (Efe)

La presidenta de Argentina durante la inauguración de una fábrica de Yamaha. Foto Raúl FERRARI (Efe)

sudamericahoy-columnistas-ignacio-perales-bioPor Ignacio PERALES, para SudAméricaHoy (SAH)

La debilidad del Gobierno argentino por complicar los problemas en lugar de solucionarlos por la vía rápida no termina de sorprender.

La presidenta de Argentina ha tenido, desde el 2012, tiempo más que suficiente para alcanzar un acuerdo con los acreedores (fondos especulativos o “buitres” y una minoría) que no aceptaron reestructurar su deuda en los canjes del 2005 y del 2010 (con quitas de hasta el 65 por ciento). No lo hizo. Las consecuencias las está pagando y las seguirá pagando Argentina que es lo mismo que decir, todos los argentinos

El fallo del juez Thomas Griesa , que obliga al país a desembolsar la cifra nominal de los bonos emitidos por el Estado, data de ese año, del 2012. Esa sentencia, de obligado cumplimiento, advierte que de omitirse se procederá a embargar los giros de los vencimientos a los acreedores que sí aceptaron reestructurar su deuda.

El magistrado instó entonces a las partes a sentarse a negociar. Argentina prefirió recurrir –sin éxito- y colocarse en una situación límite de la que parece no querer salir.

Griesa bloqueó el pasado mes el último vencimiento a los acreedores “limpios” y en simultáneo, volvió a insistir a los “buitres” y al Gobierno argentino para que negociaran un plan de pagos. Para facilitar el entendimiento, designó un mediador. Argentina dejó pasar las horas. Cada día que pasó -y pasa- la deuda aumenta y la cuenta de la inflación, combinada con recesión, falta de inversiones y devaluación, sigue la escala establecida. 

Argentina argumenta que no puede pagar por culpa de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que se extingue el último día del año y que obliga a mejorar a todos los bonistas por igual si alguno es mejorado en relación a los canjes del 2005 y del 2010. Es cierto, si pagara a los “buitres” antes, el resto de los acreedores podría acudir a los tribunales, ganar el juicio y reclamar la misma suma. De suceder, la deuda podría trepar a unos 150.000 millones de dólares.

La cláusula RUFO, creación de Argentina, se puede sortear. La deuda la pueden comprar bancos u otros fondos que aceptan cobrar a partir de enero (hay interesados). Esa sería una modalidad pero los “buitres” también están dispuestos a esperar a enero si les dan garantías. Aguardaron todo este mes para hablar del tema pero Argentina ofreció hasta poco la callada por respuesta. En el colmo de la soberbia la delegación se negó a verse las caras con los bonistas (buitres). El mediador tuvo que hablar con ellos en habitaciones diferentes pero seguirán las conversaciones. «El mensaje es para la gilada pero el daño es para todos», comenta un hombre de la banca.

Si Argentina insiste en la cesación de pagos prevista para el miércoles los acreedores que reestructuraron su deuda estarán, en principio y de acuerdo a los papeles reestructurados, en condiciones de reclamar de una tacada los pagos restantes. Hoy por hoy Argentina no podría afrontar esa obligación y tendría otro problemón sobre la mesa.

La presidenta de Argentina insistió en que el país no entrará en ”default” porque, según ella, ha pagado el último vencimiento (el bloqueado por orden judicial) y el mundo debería “inventar una nueva palabra” para definir el escenario  a partir del miércoles, si antes no hay novedades.

El mundo responde que los acreedores no recibieron su dinero y eso, como figura también en los bonos argentino aunque a la presidenta se le olvide, significa cesación de pagos.

El Gobierno de Cristina Fernández se sometió voluntariamente a la jurisdicción de Nueva York cuando cambió sus bonos “defaulteados” por los nuevos. Decir después que no acata el fallo del juez Thomas Griesa es intentar cambiar las reglas del partido cuando se pita un penalti y eso que, todavía, le sobra tiempo para despejarlo.

El problema ya no son los carroñeros que cumplen con su vocación natural. El problema, es el Gobierno argentino que elige, una vez más, el camino más caro y más raro para resolver sus problemas.