Buenos Aires. Por Natalia KIDD/Efe/SAH
Sin más recursos legales a los que apelar, Argentina depositó ayer fondos para afrontar sus compromisos con los acreedores de su deuda reestructurada. Ahora, depende de lo que decida el juez Thomas Griesa en los Estados Unidos para saber si el próximo lunes incurre o no en un incumplimiento.
Para el Gobierno argentino, el deposito del dinero en las cuentas del New York Mellon en el Banco Central de la República Argentina implica ya el pago de los servicios de capital e intereses de los tenedores que adhirieron voluntariamente a los canjes de 2005 y 2010.
Sin embargo, todavía es incierto si el próximo lunes, día del vencimiento, a los tenedores les acreditarán efectivamente el dinero en sus cuentas, dado que fondos de inversión especulativos que han querellado a Argentina en tribunales de Nueva York cuentan con una sentencia definitiva a su favor para cobrar 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, por bonos que no ingresaron a los canjes.
Aún es una incógnita si el juez Thomas Griesa, que falló a favor de los litigantes -fallo ratificado en la Cámara y en la Corte Suprema- y que ahora debe aplicar la sentencia, dictará antes del lunes una orden de embargo sobre el dinero depositado por Argentina para cumplir con sus acreedores de deuda reestructurada.
Argentina dijo que «pagó» porque los contratos establecen hacerlo un día antes del vencimiento -hoy viernes es festivo para la administración pública argentina- y argumentó que «no pagar teniendo los recursos y forzando un default (cese de pagos) voluntario» sería contrario a las leyes y «una clara violación a los prospectos de deuda».
Anticipándose a un posible embargo y, como consecuencia, a eventuales reclamos legales de sus acreedores si no reciben el cien por ciento de lo que deben percibir el lunes, Argentina arguye que con el deposito del dinero ratifica su voluntad de cumplimiento. Para otros, es un desafío al fallo de Griesa.
«Para Argentina y para cualquier país soberano, pagar es: depositar los fondos cumpliendo con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda y, por lo tanto, es ejercer un derecho en forma voluntaria sin pretender con ello colisionar con otras decisiones emergentes de autoridad judicial», dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.
Argentina busca cubrirse legalmente de los efectos que pudiera tener un eventual embargo para el que ya no tiene recursos legales con el fin de evitarlo.
El próximo capítulo de esta historia lo escribirán el juez Griesa y el Bank of New York, que debe girar el dinero de su cuenta a las de los diferentes tenedores de bonos de la deuda reestructurada argentina.
«Argentina no quería incumplir y en estos momentos dio un primer paso. De alguna manera, lícitamente, responsabilizó al Bank of New York para que haga eso», asegura Gabriel Rubinstein, consultor en economía y finanzas.
Según el experto, a la entidad bancaria se le presenta ahora el «dilema» de, en caso de que le llegue una orden de embargo, inmovilizar el dinero, incumpliendo así la letra del prospecto de los bonos, o girar de todos modos los fondos y desoír la decisión judicial.
Para Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, el Bank of New York -que también podría afrontar consecuencias legales- podría pedir una «aclaración» al juez Griesa y estudiar un mecanismo que le permita pagar a los acreedores de deuda reestructurada.
Aún con el peor escenario este lunes, Argentina no entrará en cesación de pagos sino hasta el 30 de julio, ya que los prospectos de los bonos le dan un mes de plazo para regularizar los pagos en caso de incumplimientos. Un tiempo precioso para negociar con los litigantes una fórmula de pago que no derrumbe como un castillo de naipes todo el proceso de reestructuración de su millonaria deuda, a trece años de la catastrófica suspensión de pagos.