Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

Mientras la vida de seres queridos y personas desconocidas se nos escapaba entre los dedos, sólo podíamos preguntarnos por qué. El estupor nos paralizaba a nosotros, pero no a quienes desde el inicio procuraron borrar pruebas.
Argentina sufrió dos atentados terroristas de los cuales aún hoy no puede recuperarse. Y difícilmente lo logrará porque la explosión de las bombas subió a la superficie demasiadas miserias, excesivas mentiras. Instituciones debilitadas o vaciadas de contenido, nichos de corrupción que, casi sin querer, eran pateados por la investigación. También, células dormidas de cuya existencia parece que nadie sabía y “casas seguras”. El suma y sigue, determinó que no sólo los asesinos conspiraran contra la búsqueda de la verdad sino todos aquellos que algo tenían que ocultar. Cada cual, por diferentes motivos.

Las pistas falsas, la desaparición de pruebas, la absoluta falta de decisión política para que obtengamos respuestas, eran el pan nuestro de cada día. Ninguna institución aparecía liderando la pesquisa. Todos aparentaban un “como sí”, pero sólo procuraban no quedar ellos mal parados frente a la mirada pública.

La verdad importaba e importa a muy pocos, pero son muchos los que pontifican sin siquiera conocer qué se encierra en las miles de fojas de un expediente amarillento y desgajado del que todos hablan y muy pocos conocen.

El ataque criminal fue un acto de guerra. Los funcionarios que decidían la voluntad de un país, fueron quienes ordenaron el ataque en el corazón mismo de la capital de Argentina. Cuando quienes representan a un Estado son los que agreden, los que matan en otro absolutamente ajeno a sus conflictos, no es necesaria una declaración de guerra. No resulta imprescindible que el atacado reacciones violentamente ni siquiera diplomáticamente. Esa agresión debe calificarse como un acto de guerra. O ¿Cómo puede interpretarse el desparramar su mochila de odio y resentimiento matando a pacíficos ciudadanos que estaban en sus quehaceres cotidianos?

Entre los escombros de la AMIA

Nos costó salir del estupor. El «shock post traumático» nubló nuestras reacciones y al parecer, también la de los funcionarios del gobierno de ese entonces. En el Valle de la Beká apareció la primera publicación de Ansar Ala (una de las ramas del Hezbola) atribuyéndose el atentado. Muy lentamente y con demasiados obstáculos –muchos de ellos provenientes de los mismos que debían realizar la investigación-, se fue reconstruyendo quienes, y cómo prepararon, ordenaron y financiaron el ataque. Los indicios claros, precisos y concordantes, como exige nuestra ley, señalan a esas autoridades del Gobierno de Irán como los autores. Ese país se conducía y conduce como lo hacen los culpables: No sólo no colabora sino que permanentemente confunde, obstaculiza. No contestaba los exhortos de Argentina y desafiaba las órdenes de los jueces. Esto lo hacían, no sólo los imputados sino el propio Gobierno de la República Islámica, intentando siempre, con diversos artilugios, influir en la investigación, dirigirla.
Cuando se reunió la suficiente prueba que permitía fundar el estado de sospecha que nuestro régimen legal requiere para llamar a declaración indagatoria a un imputado, se libraron las órdenes de detención. Irán ni siquiera las recibió. Buscaba increíbles excusas para rechazar los pedidos. Agotadas las instancias, se reclamó a Interpol que dictara las “alertas rojas “para los imputados. Esto es que, si los mismos salían de Irán, lugar donde eran protegidos, fueran detenidos con fines de extradición a nuestro país. No fue una labor sencilla, los requeridos desplegaron (y despliegan) todo su poder para impedir que se logre el objetivo. Desde entonces (2006) procuró con diversas estrategia anular esas órdenes. Alguna de las personas reclamadas ocupaban los más altos cargos políticos de Irán (Vahidí era su ministro de defensa) y estas alertas les impedía o, al menos, les complicaba su salida al mundo en momentos en que por sus políticas necesitaban hacerlo.

Sólo esas cinco alertas rojas preocupan al gobierno iraní. Ni la investigación de la causa, ni que se lo señalara como Estado terrorista (hoy esto último parece incomodarlo algo más), ni las órdenes de captura a otros funcionarios a los que Interpol por el cargo que ocupaban no aceptó el dictado de las alertas.
Intentaron conseguir infames acuerdos que, obviamente, no fueron aceptados por Argentina. No contestaban una sola de las preguntas que se les dirigía. Por ejemplo, la titularidad de los teléfonos que funcionan en Irán y a los cuales los terroristas llamaron en diferentes oportunidades y siempre, cuando algo importante de la preparación del atentado acontecía. No sólo no aportaron los datos solicitados, sino que se mostraron agraviados requiriendo cómo se habían conseguido esos números telefónicos, agregando que los derechos humanos de sus ciudadanos fueron violados porque invadieron su intimidad.

En marzo del 2011 el título de un periódico nos conmovía. En un largo y fundado artículo el periodista José (Pepe) Eliaschev, nos contaba que Argentina estaba en tratativas con los funcionarios iraníes para dejar de lado la investigación del atentado. Un canje miserable del que aún no conocemos sus términos exactos, pero en el cual a Argentina le tocaba “pagar” con verdad, soberanía y sangre, la desconocida contraprestación iraní.
Nadie ignoraba la seriedad de quien escribió la nota, sin embargo, se permitió que fuera  calumniado y calificado como pseudo periodista. El Canciller argentino- Héctor Timerman- mintió a la ciudadanía toda y al gobierno de Israel donde viajó por esos días, diciendo que todo era una burda patraña.

El ex Canciller Héctor Timerman

Nuevamente la sorpresa. Casi tres años después de haber desmentido desde las más altas esferas del poder la existencia de acuerdos o conversaciones con quien nos había atacado, nos informan que se había firmado un memorándum de entendimiento con la República de Irán para poder “avanzar” en la investigación del atentado que estaba paralizada. Para conseguirlo, según la confusa letra del convenio firmado, el juez y el fiscal irían a Irán a recibir la declaración de los cinco imputados. Sólo de los cinco que tenía alerta roja, no la de los otros cuatro imputados que también eran protegidos por ese régimen.

No se decía qué tipo de declaración ni cómo seguiría el trámite ya que Irán nunca entregaría a sus ciudadanos para que cumplan con las leyes argentinas. Previamente se iba a constituir una “Comisión de la Verdad” (lo que parece señalar que lo actuado hasta entonces era mentira) para valorar las prueba que había en nuestro legajo. La mentira era tan burda que no podía ocultar una intencionalidad bien diferente a la que se anunciaba.
El «Memorándum» se gestó con la diplomacia paralela, personajes oscuros hablando en nombre del gobierno argentino, y tercerización de las respuestas de uno de los imputados en el ataque disponiendo lo que debía decir el documento. Extraña coincidencia con las cláusulas que desde muchos años atrás Irán pretendía imponerle a la Argentina.

El documento de la infamia tenía pocos artículos, y mal redactados, que apenas intentaban ocultar que lo único que interesaba a las partes era el apartado 7 en el que acordaban comunicar a Interpol -aún antes de la aprobación de ambos poderes legislativos- la existencia de este acuerdo. En los hechos equivalía al debilitamiento -cuando menos- de las alertas que ya habían sido vulneradas en diversas ocasiones por los prófugos.
No intervino ninguna de las áreas de Cancillería. No existen papeles de trabajo que indiquen que se estudió el acuerdo. Sólo reuniones secretas (desmentidas cuando trascendían) y el deseo del agresor plasmado en un papel al que nuestro gobierno complacía, no sabemos por qué razones. Lo hizo al convocar a sesiones extraordinarias para que el Parlamento refrendara lo acordado. Un trámite legislativo cuanto menos extraño.

Desde el mismo momento en que se conoció su firma y contenido, nadie de buena fe dudó que se trataba de una actividad inconstitucional e ilegal. Podíamos ignorar lo verdaderamente convenido, pero sólo con lo que nos dejaron conocer sabíamos que las leyes habían sido vulneradas, junto a la soberanía, y el derecho a saber la verdad. Luego de una denodada batalla entablada por las víctimas, se logró que la Justicia declarara su inconstitucionalidad .
El 14 de enero del 2014 el Fiscal Especial para la causa AMIA realizó la denuncia que ponía en letra de molde todo aquello que el resto sabíamos o presentíamos. El Dr. Alberto Nisman a los pocos días y tan sólo un día antes de ir al congreso a explicar los cargos que hacía a la presidente y sus cómplices y las pruebas que tenía, fue asesinado en su departamento, el lugar más cuidado y vigilado de Argentina.
Pero era necesario algo más. No alcanzaba con la muerte del acusador porque, como bien dijo éste en su última entrevista televisiva, con él o sin él “las pruebas están“. Había que desactivar la investigación de lo denunciado, objetivo que lograron por más de dos años. Convirtieron el homicidio en suicidio, al hasta entonces Fiscal elogiado en el peor ser humano, a la denuncia grave y contundente en una farsa. Y había que añadir,  la impunidad del atentado, la del memorándum y la del asesinato de quien realizó la denuncia del delito perpetrado por quienes firmaron el mismo.

Fotografía trucada que recibió la ex esposa de Nisman

La aparición de una grabación en la que el Canciller Timerman le reconocía al Presidente de una de las instituciones agredidas, que los autores de aquel delito de lesa humanidad habían sido los iraníes y por eso él “debió” negociar con ellos, preguntándole al borde de la ira: ¿Con quién querés que negociara sino con los atacantes? Determinó que algunos familiares de víctimas del atentado realizaran una denuncia por “traición a la patria” ya que lo que decía, negociar con el enemigo, coincide con la descripción del delito de traición.

El Juez que desinsaculó (le tocó) el sorteo, el doctor Claudio Bonadío,  y el Fiscal que estaba en turno con éste, no dudaron en realizar toda la prueba a su alcance para verificar si lo denunciado era o no reflejo de la realidad. Al recusarse al Juez que archivara la denuncia realizada por Nisman, aquella causa se acumuló a ésta y pasó, de la desidia para saber que ocurrió a la actividad responsable para determinarlo.
La prueba acumulada permitió señalar que conforme a las pruebas colectadas en autos y con la certeza exigida en esta etapa procesal, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Héctor Marcos TIMERMAN, Angelina María Esther ABBONA, Carlos Alberto ZANNINI, Oscar Isidro José PARRILLI, Juan Martín MENA, Eduardo ZUAIN, Andrés LARROQUE, Luis Ángel D’ELÍA, Fernando ESTECHE, Jorge KHALIL y Ramón Héctor Allan BOGADO resultan responsables de los delitos de traición a la patria, y encubrimiento agravado.

Néstor Kirchner, Alberto Nisman y Cristina Fernández

Se alzan ahora muchas voces criticando lo resuelto. El fallo dice: “Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados, participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la A.M.I.A. y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados, siendo que por el artículo 7° se le daba operatividad autónoma al proceso de aprobación del Memorando.” Es una de las definiciones de traición a la patria más contundentes.

Explica que fueron los canales paralelos y privados de comunicación entre ambos países los que realizaron la “negociación y da cuenta de la prueba acumulada para afirmarlo.

La declaración de inconstitucionalidad subraya por qué el convenio lejos de colaborar, como mentían sus mentores, a la búsqueda de verdad y justicia alejaba esa posibilidad en forma indefinida. Sus preceptos no garantizaban la indagatoria de los imputados, son ambiguos, ligeros , marcan objetivamente que favorecen los intereses de Irán y no de la argentina, marca un cambio en la posición política de nuestro país respecto de este tema y busca la impunidad de los iraníes sospechados de haber participado en este crimen .
El arco opositor se opuso a convalidarlo en el Parlamento, pero el Gobierno tenía mayoría propia y logró su sanción. Pese a ello, entiendo que los legisladores – que pueden ser tildados de muchas maneras incluyendo la de cobardes- no participaron en el delito. Este se había consumado antes, escondido, con personajes miserables agazapados en los pliegues del Poder Ejecutivo, la maniobra para que se levanten las alertas rojas y con ello, “ayudar al enemigo” habían sucedido a espaldas inclusive de sus propios legisladores. La reticencia de estos era seguramente porque no podía esconderse la inconstitucionalidad y las graves irregularidades de lo convenido, pero no permite concluir que conocieran el delito que precedió a su firma.
Los imputados se unieron con representantes de un Estado al que se le atribuía haber perpetrado por si o a través de terceros dos actos de agresión en el territorio de la República Argentina, (actos de guerra) para darles la ayuda que requerían colaborando en el levantamiento de las alertas rojas. Que no haya existido respuesta bélica a la agresión, no significa que quienes lo perpetraron no revistan el carácter de enemigos de la Nación y que cualquier manera de ayudarlos o socorrerlos no configure la acción típica señalada por el Código Penal Argentino como el delito de traición a la Patria.

A modo de defensa los imputados afirman que el Memorando nunca tuvo vigencia. Falso.
el canciller argentino junto con su par iraní, enviaron una nota a la Secretaria General de INTERPOL que rezaba: “… Se envía adjunta copia del MOU celebrado entre la República Islámica de Irán y la República Argentina sobre el atentado a la A.M.I.A. perpetrado en Buenos Aires el 1994… De igual modo, nos complace informarle que ambos países han acordado que las cuestiones entre ellos sobre el caso AMIA serán resueltas a través de la cooperación bilateral …” El 12 de marzo de 2013 la Secretaria General de INTERPOL agregó la advertencia a las órdenes de captura.

No cabe duda alguna que las órdenes de captura quisieron levantarse como tampoco que las huellas del homicidio de Nisman quisieron borrarse. Basta para ello mencionar un nombre que coincide en ambos escenarios: Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación.
La aparición de una comunicación que, con fecha 4 de noviembre de este año pretende que el memorándum fue ratificado también por Irán, que la carta conjunta fue remitida con el propósito de levantar las alertas y que el tratado tuvo inclusive comienzo de ejecución en dos reuniones que identifica, entiendo que es una nueva trampa de los agresores con el mismo fin con el que vienen actuando hasta ahora.
Que en alguna de sus afirmaciones diga la verdad (la carta dirigida a Interpol por ambos cancilleres) no significa en modo alguno que el resto resulte cierto. Buscan ahora por el camino oblicuo y “entregando” a sus “amigos”, aquellos con los que firmaron el acuerdo a la justicia argentina, reclamar, en atención a la continuidad del Estado cualquiera sea su gobierno, que se levanten definitivamente las alertas rojas que la justicia argentina requirió.
Irán no comenzó a colaborar, sigue siendo aquel enemigo que nos atacó en época de paz.

Hugo Chavez recibió en Caracas al presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad.