Buenos Aires. Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

La Justicia es mirada con recelo. Desde el poder político se la intenta amordazar cuando pretende que a los poderosos les rijan las mismas leyes que al resto de los ciudadanos. Y en estos, la desconfianza no es menor.

¿Cuál es la vara que se utiliza para medir los delitos? Las respuestas a la pregunta no suelen ser amables. La justicia está en crisis. Por dificultades propias e intereses ajenos.

Un grupo de funcionarios decidió que ellos son la “justicia legítima” y se arroparon bajo el ala del Gobierno. Seguramente pretenden que son la justicia genuina porque sus manifestaciones son recibidas con beneplácito en los despachos oficiales. Otros, los que eligieron continuar intentando ser un poder diferenciado del Ejecutivo y del Legislativo, están pagando su osadía. No sólo se cuestionan sus decisiones con inédita rudeza, sino que se discute si deben continuar en sus cargos.

El fiscal José María Campagnoli hace muchos años que fue nombrado Fiscal y desde ese cargo trató, con diferente suerte, de encontrar respuestas punitivas a los quehaceres ilícitos que debió investigar. Al ser cuestionado afirmó “mi función es investigar”. Acotaría su respuesta. Su función es investigar en el marco que las leyes le delimitan y de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos.

La pregunta es, se lo cuestiona por que hizo esto mal o justamente se lo regaña porque lo hizo bien. Los abogados defensores de Lázaro Báez  -personaje que entiendo no necesita presentación– denuncian que se ha excedido en la investigación; que la ruta del dinero (de origen dudoso) estaba siendo investigada en el fuero federal, que él sólo tenía competencia para reconstruir conceptualmente la denuncia que había realizado Federico Elaskar por una supuesta estafa y amenazas casualmente proferidas para desapoderarlo de la “rosadita” (financiera paralela).

Federico Elaskar

Campagnoli se “tropieza” con escuchas y elementos de cargo que lo determinan a invertir los términos de la investigación y la supuesta víctima, Elaskar junto con Leonardo Fariña devienen en autores de la maniobra de lavado de dinero, de dinero que aparentemente procede de esos nichos que no aceptan que la lupa de la justicia pretenda posarse sobre ellos.

¿En qué se equivocó Campagnoli? ¿En no ignorar los delitos que aparecían en su búsqueda de los amenazadores y estafadores que perjudicaron al denunciante? ¿ En no solicitar al Juez la incompetencia para que siga entendiendo el fuero federal, que aparentaba estar agobiado de tarea, por lo que avanzaba como nonagenario, lento y arrastrando los pies para que se escuche su llegada? ¿En no reconocer que el dinero de la corrupción debe ser invisible a cualquier organismo de control?…

Podríamos hacer una larga lista de Fiscales que se quedan dormidos sobre la pila de expedientes que se van acumulando sin que atinen a intentar una medida de prueba o una respuesta tentativa. Sin embargo no se ha escuchado una sola queja de su “jefa” la Dra. Gils Carbó y mucho menos se ha oído que pretenda abrirles un sumario; pero en este caso acogió favorablemente la denuncia de los defensores y primero le suspendieron por 4 votos a 3 y calmando así la zozobra de quienes habían visto develadas sus ilegales correrías por un Fiscal incompetente (desde el lugar de la competencia procesal, claro está, porque desde el lenguaje común deberíamos aplaudir su competencia). Lo que lo puso en las manos de un Jury que decidirá qué sanción le corresponde por asomar su nariz en dineros que tenían la corona con la que se distingue al poder.

Revista Noticias con la imagen de Lázaro Báez

El Jury no le garantiza una mirada imparcial. Los representantes del PE, del Senado (Rodolfo Ojea Quintana) y del Ministerio Público (Daniel Adler que preside) constituyen un bloque «oficialista». Es decir que sólo verán lo que la mirada “oficial” – cuya vocera es la Procuradora Gils Garbó- les ilumine. El representante de la Corte (Juan Octavio Gauna), la FACA[1] (Javier Panero ) y el de los abogados de capital (Adriana Donato) son los votos considerados independientes. Y el séptimo voto es decir el que desempataría si los “bloques” anteriores votaran en sentido contrario, es el de la representante de la Defensoría General ( María Cristina Martínez Córdoba) cuya máxima autoridad también integra la autodenominada “ Justicia Legítima” . Este voto fue el que definió en el momento de tratarse la suspensión de Campagnoli que se decidiera en forma afirmativa.

Determinar si el Jury disfrazará su respuesta de legalidad para terminar su cacería contra quien se atrevió a levantar un velo que debió permanecer inmóvil, enviando al resto de los díscolos, un mensaje claro y entendible : “con nosotros no, señores”, no es un dilema fácil. Complacer es más simpático que contradecir y lo pueden afirmar fiscales y jueces que pretenden que la corrupción y los abusos de poder deben ser investigados.

Antes de comenzar la audiencia preliminar que se intentó que fuera a puertas cerradas – seguramente el motivo no fue defender la honra del fiscal cuestionado que pedía sin cesar el ingreso del público y los medios – Campagnoli declaró ante la prensa: «Quieren poner la capucha al verdugo», impidiendo el acceso a los medios «para que no se vea quienes» lo juzgarán.

El fiscal Guillermo Marijuan

Marijuan es el Fiscal “natural” de la causa que dio origen al conflicto y es quien recibió la pesquisa realizada por Campagnoli . Será testigo en el Jury. Defendió públicamente la investigación de Campagnoli sobre Báez, solicitó sobreseer por ausencia de pruebas al empresario por la supuesta extorsión contra el dueño de la financiera SGI, Federico Elaskar, es decir, en relación al hecho que diera inicio a la causa en la que se encontraron las pruebas que determinaron el cuestionamiento a Campagnoli. ¿Qué dirá en su testimonio?, ¿Qué hará con las constancias que perjudican al poderoso empresario? Aún no lo sabemos.

¿Se excedió Campagnoli en sus atribuciones? ¿El Jury y en su caso la destitución, son reacciones desmesuradas ante ese “exceso” funcional? ¿Lo que se pretende es aplacar todo intento de activismo judicial y evitar fiscales que crean que tienen garantías y no tienen condicionamientos para realizar su labor, sobretodo cuando se refiere a investigar la corrupción estatal y privada cometida por quienes fueron poderosos en el pasado o por quienes lo son actualmente? Cuántas preguntas y que pocas respuestas. El Jury sin duda nos dará algunas.

Necesitamos para poder empezar a creer en las instituciones, un Poder Judicial fuerte e independiente,  pero daría la sensación de que el Gobierno camina decididamente en un sentido precisamente opuesto. No sólo se lo pretende hollar desde la política, sino que se procura además de debilitarlo demostrarle a toda la sociedad quién es el que manda. Se intenta trazar el límite entre lo que se puede investigar y lo que no se puede. Esta persecución a Campagnoli no responde a su inconducta procesal sino a un interés político: garantizar la impunidad en la retirada.

[1]Federación Argentina de Abogados