Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

La pandemia es utilizada en algunos casos como telón detrás del cual, sin tener que soportar la mirada inquisidora de los ciudadanos, avanza el autoritarismo y se demuele la división de poderes.

 En Argentina  no hemos aprendido aún que cuanto más grave es el conflicto, la necesidad de enfrentarlo con mayor estado de derecho deviene imprescindible. Cualquier resolución precedida de las palabras, crisis, emergencia, excepción, anuncia siempre que se habrán de rebanar derechos y garantías a los ciudadanos de a pie, y, muchas veces, que habrá de aumentar la concentración de poder de quien nos manda.

“Demoler” los muros de las prisiones ha sido un antiguo proyecto del kirchnerismo. El “Vatayón militante” , extraña denominación para quienes denostan a los militares, estaba formado por detenidos que, sin importar el delito por el que estuvieran encerrados, resultaban agasajados con salidas para participar en actos políticos, batucadas organizadas en las prisiones y otros “premios” carentes de causa, pero siempre otorgados a espaldas inclusive, de los propios jueces que los tenían a su cargo.  Ya en el 2012 quien dirigía el Servicio Penitenciario Bonaerense se tuteaba jugando con prisioneros condenados por hechos gravísimos.  La detención como consecuencia de la aplicación de la ley es repudiada. El límite entre lo que está bien y lo que no, es tan desconocidos para algunos funcionarios que no encuentra razonabilidad a las penas.

En diciembre pasado, pocos días después de regresar al poder el kirchnerismo, comenzaron las acciones tendientes a lograr beneficios para los presos. Tanto para los funcionarios acusados de graves hechos de corrupción como para detenidos comunes. La razón de los primeros es clara, no se debe abandonar a los compañeros de ruta. Desconozco en cambio la causa de la liberación del resto de los presos, pero dudo que se deba a la aplicación a raja tabla de la garantía de igualdad.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ante la crispación social por la medida cambió su rostro complaciente y dirigió su dedo acusador al Poder Judicial. Olvidó que ya el 16 de diciembre del 2019 convocó una mesa de diálogo para atender la situación de las cárceles con el fin de “desalojarlas”. El excesivo punitivismo del anterior gobierno debía ser corregido.

La Constitución exige que las cárceles sean sanas y limpias. Hace muchas décadas que esto es ignorado por todos los gobiernos. Pero este incumplimiento no habilita la salida indiscriminada de los detenidos. Los Jueces deben primero exigir que el Ejecutivo lo solucione y asigne el presupuesto para hacerlo y si no cumple la intimación, denunciarlo. Entre el hacinamiento y la libertad sin cedazo hay una cantidad de medidas que permiten cuidar a los presos y no descuidar la seguridad de la sociedad.

 A las fugas y huelgas de hambre se sucede la presentación de un habeas corpus cuya resolución fue el primer escalón del escándalo. Con argumentos generales y vagos abrió las rejas de homicidas y violadores y generó la expectativa lógica en el resto de la población carcelaria, violando por añadidura la exigencia del juez natural.

La imprevisión y falta de profesionalismo de unos y la violencia de otros, lograron que se sentaran a una mesa de diálogo el Secretario de Justicia de la Nación, Juan Martin Mena, otros funcionarios y jueces con  los representantes de los detenidos.  Habían abonado el terreno. Repartieron celulares a los presos y  libertades que no se ajustaba a la ley, se realizaron pedidos de funcionarios políticos para solicitar el cese de la detención de ex funcionarios condenados por corrupción y una enumeración de “errores” que mostraban a los detenidos la luz verde gubernamental para avanzar con sus exigencias de libertad.

 Sentar a un alto representante del ejecutivo a dialogar con quien está cometiendo  un delito, como sucedió en la prisión de Devoto, sin exigir que previamente deponga esa actitud, es algo más que imprudencia. Con la violencia en curso, la cárcel tomada y la amenaza de incendiarla, por mas que se reunieran en la capilla del penal no parece que la voluntad de quienes representaban la legalidad podría haber sido defendida. El acta que firmaron ese primer día indica que una parte impuso y la otra aceptó.

Habilitar la violencia como medio para obtener un diálogo tampoco resulta una señal que se apalanque en la ley.

El ruido de las cacerolas hizo que ese funcionario fuera excluido en la reunión siguiente. Se resolvió un cuarto intermedio con la exigencia que debía volver a la mesa de “diálogo”. Los funcionarios políticos, desconociendo los errores y las soluciones legales posibles,  decidieron entregar la mochila de la culpa, de  que hubiera delincuentes  ilegalmente en libertad  y las prisiones en estado de alerta, a los Jueces que habían firmado las resoluciones.

Llegó la tercera reunión por supuesto con Mena sentado en pie de igualdad con quienes demostraron que manejaba la voluntad de los presos no de Devoto sino de las cárceles federales y en medida no menor,  la de quienes debían resolver el conflicto. El acta que firmaron dice más por lo que no se escribió que por lo que se plasmó en ella.

Los funcionarios presentes aparecen identificados con claridad, su contraparte sólo es mencionada como,  “los representantes de los pabellones”. La crítica generada porque entre ellos había, por ejemplo, un cuátruple homicida condenado a perpetua no cambio los interlocutores sino que borró su identificación en el documento.

Dieron por concluido el “conflicto/reclamo” colectivo. Obvio, nadie habló de los delitos perpetrados ya que se resolvía que no no habría sanciones por ellos, aunque hubieran destruido gran parte del edificio y lesionado a guardia cárceles y presos– .

Detenidos y funcionarios arbitrarán los medios necesarios para lograr el normal funcionamiento del penal. Aunque mencionan seguridad, alojamiento y disciplina no dicen qué estará a cargo de quién . Por lo ocurrido parece que la disciplina es una responsabilidad que impondrán los presos. No se menciona ni las conmutaciones  de pena ni los estudios para  facilitar libertades que se explicitaban en el acta labrada en el primer encuentro, pero se reconocen los compromisos asumidos en anteriores reuniones y la permanencia de esa mesa de diálogo para que en periódicos encuentros se de cuenta de los avances.

Las cárceles hace décadas están destruidas. Se siguen diseñando delitos en una sociedad cada vez más regulada y con un derecho punitivo en expansión pero no se construyen cárceles ni se reforman y limpian las existentes.  El altísimo presupuesto de cada preso se evapora en algún lugar de la cadena porque a las celdas no llega ni comida, ni artículos de limpieza, ni se organizan condiciones de dignidad que ayuden a la futura reinserción social. Por el contrario, lo que mas aumenta en prisión es el rencor contra el sistema y las habilidades para perfeccionar sus delitos.

Todas estas falencias no se solucionan violando la ley y dejando en libertad a quien tiene que estar detenido. La pandemia es una excusa. No se los cuida más liberándolo. Si realmente quieren  protegerlos del virus deberán mejorar sus condiciones de detención y generar lugares de aislamiento dignos intra muros. El plan de liberarlos era previo al tema sanitario pero como en muchos otros temas, quienes gobiernan, usaron la pandemia para desobedecer lo que las leyes mandan y aprovecharon la siesta de los poderes judicial y legislativo para  adelantar todos los casilleros que puedan para imponer ideas difíciles de practicar en una república.