Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy (SAH)

@CLARARIVEROS

La presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió hace unos días el premio Rodolfo Walsh de manos de Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Se trató de una distinción por promover la comunicación popular y la defensa a la libertad de expresión. Adicionalmente, la Universidad Nacional de La Plata le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, reconocimiento que hizo extensivo al fallecido Néstor Kirchner.

El premio del expresidente lo recibió el diputado Juan Cabandié. Tras el debate y su intervención se concluyó que Néstor ya no sólo era el padre de Florencia y de Máximo, sino del pueblo argentino. Ese escenario se adapta a la idea que esbozó la presidente en días pasados, cuando dijo sentirse un poco la madre del país. Así las cosas y tras la deliberación familiar, el candidato idóneo para recibir la distinción era Cabandié por la cercanía con el expresidente y por las condiciones de su pasado (es hijo recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo).

A Cristina se la vio emotiva. Recordó y nombró a sus amigos: Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa, también reconocidos con el galardón en años anteriores. Hizo referencia a  los estudiantes desaparecidos durante la dictadura militar, recordó que en 2003 ellos recibieron “un país en llamas” y que Néstor Kirchner se encontró con un pueblo “sin esperanzas y sin ilusiones”.

El premio otorgado a la presidente llama la atención porque tiene como telón de fondo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como ley de medios, que al día de hoy, deja en franca evidencia la distancia entre la teoría y la realidad. El papel aguanta todo y la ley funciona en el papel, pero dadas las altas expectativas que generó, el fracaso en la fase de aplicación es considerable si se tiene en cuenta que fue una ley reducida a una pugna entre el gobierno y el Grupo Clarín.

Hoy por hoy, el mayor desafío lo supone el titular de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), organismo encargado de la aplicación de la ley. Martín Sabbatella, titular del organismo ha mostrado con creces su falta de criterio técnico y profesional para ejercer la función que le fue encomendada. Es excesiva su militancia, se comporta como un vengador. En su accionar desmedido dio sustento a la hipótesis que sugirió que la ley se hizo para afectar al Grupo Clarín. Es decir, si el gobierno operara con mayor racionalidad habría sido eficiente en la fase de aplicación de la ley y no se habría dejado llevar por su enemistad con el grupo multimedia.

Si quedan dudas, Sabbatella se encargó de corroborarlo con el tratamiento desigual que ejerce desde su cargo. El titular ha pasado por encima de la ley y recuerda ese viejo adagio: “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. Al final, aquel discurso altruista que instaló el kirchnerismo en torno a la ley y al manoseado discurso de democratización de la palabra  se ha ido desmoronando por la contundencia de los hechos, siempre acompañados por el tono beligerante y la persecución sistemática a los medios y periodistas que no le son afines. Es evidente la falta de idoneidad del titular y la carencia de neutralidad al interior de la AFSCA.

La presidente recibe un premio que contrasta con el informe de FOPEA, publicado la semana anterior. En éste se hace referencia a las amenazas para el ejercicio del periodismo en el país. La situación es clara. Desde el gobierno nacional y también desde los gobiernos locales se realizan acciones para limitar el ejercicio periodístico. El informe destaca la imposición de la censura indirecta, también se refiere a la publicidad oficial como un sistema de premios y castigos que maneja el gobierno a discreción, pese a las recomendaciones que hizo la Corte sobre ese tema en particular, continúa el uso discriminatorio de recursos estatales, pero los problemas no acaban ahí, se bloquea a los medios no oficialistas en las conferencias de prensa y el agravio es constante en los discursos y apariciones públicas. Incluso, hay denuncias de periodistas por el supuesto espionaje de servicios de inteligencia.

Por último y no menos grave, el cepo publicitario a comienzos de 2013, una medida del gobierno nacional que ordenó a hipermercados no pautar en ciertos medios durante un tiempo, haciendo de las empresas locales e internacionales una herramienta de represalia. Todo esto como parte del lamentable escenario en materia de garantías para el periodismo en el país.

Visto lo visto, las condiciones para el desarrollo y ejercicio periodístico no son  ni las más propicias, ni las más alentadoras. Algunos periodistas han debido enfrentar el clima de polarización que vive el país. En últimas, se puede estar de acuerdo o no con un medio o con un periodista, pero un presidente que permite que desde su despacho salga un comunicado en el que se califica a un periodista como “sicario mediático”, además de todo lo mencionado, no debería estar recibiendo un premio por la defensa a la libertad de expresión. Es, por decir lo menos, excesivo.