Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

Alguna vez Alberto Fernández dijo: “Cristina se indultó a sí misma apropiándose de la verdad ….” Hoy, que debe pagar el precio del pacto secreto que selló con la “apropiadora”, pretende que todos seamos solidariamente responsables de la deuda que, sin consultarnos, asumió.  Una de sus cuotas exige que los deseos de la dama no encuentren obstáculos. Las reglas constitucionales, la independencia e imparcialidad del poder judicial, la división de poderes, la honorabilidad y dignidad de jueces, fiscales y periodistas, deben ingresarse a una caja de terciopelo atada con cintas de seda que diga: “impunidad”.  La opacidad y el secretismo del acuerdo, no logran ocultarlo. En menos de un año trasparentaron que los ornamentos del poder eran para él, pero la impunidad, la concentración de las decisiones y las cajas, le respondía a la ideóloga del convenio. Claramente nuestro presidente es un socio minoritario.

La pandemia les allanó el camino. El miedo domesticó al pueblo y a los políticos que no coinciden con sus pensamientos. Sólo gobernaron diciendo: prohibir, controlar, regular, limitar, expropiar, encepar. El grado de aceptación o de resignación fue motorizado por el temor que inocularon. Las mentiras y los agravios se constituyeron en parte esencial del lenguaje público.

Las municiones que arrojan de un lado de la grieta se disfrazan de  imputaciones sin pruebas; de convocatorias tramposas tendientes a ridiculizar y dividir a quienes consideran sus enemigos. Del otro lado de la grieta se escuchan susurros, se exhiben fotos que grafican que los delitos existieron y que los actuales funcionarios fueron sus autores. Sin embargo, las pruebas empíricas no logran siquiera que el grito de “lawfer” baje el tono. La mentira vehemente tiene mayor dimensión que la verdad temerosa.

Un Diputado nacional –Tailhade – no se arrepiente de los gruesos epítetos con los que califica a periodistas y jueces porque afirma: “Yo soy así, es mi estilo” Sus agravios personales sin argumentos ni pruebas, deben ser soportados por ser fruto de su iracundia personal. La precariedad intelectual que exhibe excede al legislador abarcando a quienes lo acompañan con su silencio cómplice.

 “Lázaro fue condenado por morocho” afirma otro legislador, ignorando las pruebas el oscuro enriquecimiento del amigo del poder y las pruebas que se acumularon en su contra, pero  acreditando que para él, el color de la piel  es un dato que  debe tenerse en cuenta.

El presidente al abrir las sesiones de la asamblea – tal vez el acto más importante del año- afirma que: “El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano” Su ministro del interior completa su frase afirmando que: “los jueces se transforman o se van“. Los dichos del ministro de justicia Soria, son misiles que atacan a jueces y fiscales acrecentando su intención destructiva cuando se refieren al Procurador Casal. Es lógica su furia, la comisión legislativa formada para expulsarlo de su cargo no logró encontrar motivos para hacerlo. Su correcta conducta frustra el intento. Su permanencia en el cargo pese a su carácter interino no tiene que ver con los deseos del magistrado sino con la falta de pericia de los políticos para nombrar a su sucesor.

La obsecuencia confundida con lealtad – sin que podamos precisar a quien- determina el silencio de la propia tropa aun ante violencias verbales que no son dignas de una democracia.

Cada función estratégica es ocupada, cual si se tratara de una exigencia curricular, por alguno de los señalados como autores de graves delitos contra las arcas públicas.  Videos que los muestran perpetrando el delito. Sus voces afirmando: “hay que salir a apretar a los jueces”. Sus patrimonios multiplicados por miles sin causas legítimas que lo justifiquen. Los relatos del contador de la familia, de los empresarios con los que hacían los “negocios”, del valijero de las coimas, de los partícipes en las maniobras delictivas indicando coincidentemente como se recaudó ilegalmente en beneficio de arcas privadas.  La pericia que indica que los celulares de los imputados estuvieron en el lugar donde se pagó la exacción.  El saldo de la cuenta corriente de quien pagaba disminuyendo en coincidencia cuantitativa y temporal con la exigencia revelada. Muchos indicios coincidentes que integran las evidencias deben ser destruidos para que se declare la inocencia exigida y se restituyan los bienes ilícitamente obtenidos. Disculpas, desagravio y pago de los daños causados deberían ser afrontados por quienes no comprendieron quien mandaba e intentaron investigar lo sucedido.

En realidad, no quieren que lo acreditado sea destruido sino deconstruido. La prueba cargosa debe convertirse en indicio de la existencia de la mesa judicial del anterior gobierno. Debe poder extraerse de ella el ADN de las huellas de una oposición que trató de inculparlos para impedir que sigan trabajando en favor de los humildes.  Los dólares “voladores” que ingresaron al convento, o los que se contaron en la rosadita o los que se secuestraron en la caja de seguridad de Florencia Kirchner deben señalar a los jueces, fiscales, periodistas de investigación y adversarios políticos como autores del lawfare.

Por eso el haber examinado el registro de las audiencias y visitas del expresidente en la casa rosada y en olivos es mérito suficiente para que se nombre a Soria ministro de justicia.  Razón bastante para que, sin la delicadeza que exigía la amistad de décadas, se despidiera a Losardo con un mensaje público afirmando que estaba agobiada (cosa que ella desmintió) y que no estaba “preparada para la siguiente etapa”. El comentario público inoportuno y descortés la arrojó del sillón para dar paso a un militante fanático que viene dispuesto a hacer lo que haya que hacer, empezando por obtener sus propios sobreseimientos en sus causas por corrupción.

La promiscuidad célebre entre espías, funcionarios políticos y jueces no puede negarse.  Pero la actual Administración lejos está de intentar desarmarla. Cambian los nombres (a veces ni siquiera). Lo que cambia es a servicio de quien trabajarán. 

Nada se salva en esta narrativa hegemónica y militante. Los DDHH que se defienden son los de aquellos que ellos seleccionan como merecedores de ese “privilegio”. La palabra es malversada hasta en boca de una respetada dirigente de “abuelas de plaza de mayo” que pide la inmediata detención el expresidente. ¿Por qué delito? No importan esos detalles ¡Lo importante es que llegue tras las rejas al menos antes que la vicepresidenta! 

La descarga de gruesas municiones dirigidas a destruir al Poder Judicial acreditó que carecemos de anticuerpos institucionales para defender las bases estructurales de la república. Permitimos que agravien e intenten remover a quienes intentan cumplir con su tarea. Que se propongan cambios estructurales en la justicia para domesticarla. Que se coloquen en lugares estratégicos magistrados que gritan su parcialidad. Que se investiguen y divulguen las fuentes de periodistas de investigación. Que avance la colonización hormiga exhibida como plan “B” al trabarse las leyes en el legislativo.

La densidad de las garantías sede ante la voluntad autocrática de quienes manejan el poder. No se respeta los hechos probados sino se descalifica públicamente a quienes deben valorarlos para dictar sentencia.

Fernández le prometió concluir con las imputaciones en su contra. Creyó que jueces y fiscales que lo saludan gentilmente dejarían de hacer lo que tienen que hacer cuando fuera presidente. Se equivocó en el diagnóstico y por lo tanto erró el pronóstico.  Del intento de seducción pasaron a la amenaza y al agravio.  Las pruebas, con su excesivo peso cargoso impiden que los operadores del sistema puedan- aun en el hipotético caso que  quieran- hacer malabarismos para que desaparezcan.

La novedad (creo que también para Fernández) fue que los Jueces no se “adaptaran” El escudo de la independencia e imparcialidad que les regaló la Constitución Nacional les permite seguir haciendo su trabajo pese a la presión de la política. Al no lograr “doblegarlos” les resulta “inevitable” demoler la institución y van por ello.

Las palabras que deberían ser el medio para entendernos resultan siempre la primera piedra de la violencia que se avecina. Las frases dirigidas contra nuestros funcionarios judiciales deberían alertarnos. Nuestro silencio – como el de el poder ejecutivo y el legislativo- es complicidad. Si alguna virtud tiene la vicepresidente es que anuncia lo que piensa hacer. Y ahí está, a nuestra vista.

 La impunidad se perfecciona cuando logren ser los únicos que escriban la historia .Y vaya que lo están intentando¡

Alguna vez leí: ”No es culpa del viento  que nos dispersa ,  sino que la culpa es porque somos hojas”.