Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy (SAH)

Hay cierto fetichismo con la ley.  Sancionarla, modificarla, aumentar las penas, declarar la imprescriptibilidad de algunos hechos o de todos. No es la ley la que le va a reprochar a los corruptos el robo del dinero público ni las muertes que la falta de esos dineros ocasiona en hospitales, trenes, prevención… Son las políticas públicas, las decisiones de los funcionarios que deben aplicarlas las que le dan a esas leyes su verdadero contenido. En algunos casos demoledor en otros esperanzador. La culpa es siempre de la ley, sin pensar que la ley es sólo  un punto de partida.

Durante muchos meses -que ya se cuentan por años- Boudou pulseó con la justicia para ocultar no sólo los delitos que le adjudica el juez sino su terrible torpeza. Esa torpeza que se robustece al amparo de la impunidad, el poder casi absoluto que parece  eterno y la soberbia,  no sólo propia sino de quienes a su alrededor están convencidos que los actos  de quien manda no pueden ser cuestionados con ningún pedido de rendición de cuentas.

En ese pulso se quebraron los brazos del Procurador General, del fiscal del caso, del Juez original que debía valorar su conducta. Pero se olvidó que la venda que cubre los ojos de la Justicia, no la deja ciega, sólo le impide ver mientras no haya un Juez que tenga la voluntad de levantar su velo.

Desde esa seguridad que nadie intentaría unir los indicios que lo señalaban como hacedor del desapoderamiento de Ciccone (empresa que imprime el dinero de los argentinos) negó lo innegable: “no conozco a Vandenbroele” –testaferro identifcado por el juez Lijo que le permitió consumar su sueño de ser el dueño de la fábrica de billetes-. Se olvidó de los muchos llamados que unían a éste con su secretario privado (Eduardo Romano) y con su socio y amigo Nuñez Carmona. Llamados realizados casualmente en los momentos definitorios de la ilegal apropiación. No se acordó que fue la sociedad inventada para delinquir, que aquel “desconocido” presidía, la que pagó muchos viajes de su hermano (el de Boudou) con su familia, de su jefe de gabinete y de su socio. Que esos pasajes que pagaba The Old Fund eran comprados en la agencia de quien por entonces era su pareja. Negó conocerlo pese a que Vandenbroele  vivió en un departamento del propio Boudou, pagó las expensas (gastos de comunidad), firmó la fumigación y declaró ese domicilio en diferentes servicios personales.

Generoso Boudou permitió que el desconocido viviera en su propiedad y constituyera allí su domicilio. Tal vez hubiera sido menos gravoso reconocer que lo conocía. Pero claro, la declaración de la ex mujer de Vandenbroele diciendo que  su ex era su testaferro, le hizo pensar que mejor era decir “¿Quién es?”. Olvidó al hacerlo una regla elemental de la defensa penal: nunca niegues aquello que te pueden acreditar. Dale un sentido lícito pero no lo niegues.

La empresa estaba en quiebra. Probablemente torpezas propias, pero sin duda un fuerte empujón desde las bambalinas del poder para que eso ocurriera. Sus propietarios estaban intentando “salvarla”  y  allí apareció el brazo que se mostraba como protector pero terminó siendo constrictor. La salvaría pero se quedaría con el 70% de la empresa.

Amado Boudou en un acto público. Foto. David FERNÁNDEZ/Efe

Las declaraciones de Nicolás y Bettina Ciccone, la de su yerno, Guillermo Renwick y el acta notarial con la declaración de Héctor Ciccone, dictada antes de morir, seguramente fueron escritas con la tinta del resentimiento, pero también cuentan  la forma en la que el  todopoderoso Ministro de Economía de entonces –Boudou- les arrancó la mayor parte de la empresa.

El juez Lijo fue acumulando pruebas sin prisa pero sin pausa. No escuchaba los teléfonos que sonaban para indicarle que el Vicepresidente (y algunos otros funcionarios poderosos) se estaban  poniendo nerviosos. Sumó a estas declaraciones las llamada entrantes desde el teléfono del socio de Boudou a los teléfonos de los Ciccone y a los del funcionarios de AFIP  que casualmente podía colaborar para solucionar la mayor deuda de la quiebra (especialmente a Rafael Resnick Brennet).

Sumó otras declaraciones que daban cuenta que fue el propio Boudou quien se entrevistó con sus futuros desapoderados. Pero para hacer gala de sus conocimientos como economista, no iba a hacer tanto esfuerzo para apropiarse de un negocio sin asegurarse de que sería rentable: impidió para ello que la Casa de la Moneda pudiera comprar los equipos que le hubieran permitido hacer frente a la demanda de billetes,  cuya imperiosa necesidad multiplicaba  la inflación.

El ex Presidente de la Casa de la Moneda lo declaró ante el Juez. Es una regla de oro de la economía que el monopolio hace más rentable el negocio. Mejoró su performance contratando a la empresa para imprimir las boletas del Frente para la Victoria. El origen del dinero para levantar la quiebra es un misterio, sólo sabemos que los obstáculos para avanzar en la búsqueda de esa respuesta provienen de los lugares más encumbrados del poder político. La AFIP era el principal acreedor.  La AFIP le había  pedido la quiebra. El Ministro de Economía – desoyendo  el dictamen del director  general de asuntos jurídicos del Ministerio- aconseja que se le otorgue un plan excepcional de pago para esa deuda. El mayor escollo para relanzar la empresa estaba solucionado.

Los indicios iban dejando sin aire los pulmones del principal imputado. El “Estado” corrió en su ayuda. No podía permitir que se asfixiara entre legajos y pruebas de cargo el ahora Vicepresidente de la Nación. Los ruidos de Ciccone ya se escuchaban en las antesalas del poder cuando fue designado por la señora Presidente para ese cargo. Había que desdibujar  todo lo que pudiera ser indicio de cargo.

La tarea de encubrimiento se cumplió conforme lo ordenado. Los legisladores votaron la propuesta del Ejecutivo de estatizar la empresa. No se cumplió con ninguno de los pasos legales para una estatización. No apareció un “dueño” que se quejara por el despojo. No se estableció precio ni se determinaron activos y pasivos. ¡Pobre Boudou,  tanto esfuerzo para hacerse de la máquina de los billetes y el Estado que él integra se lo quita de un plumazo¡.

Pero no alcanzó. Las pruebas se seguían acumulando en el legajo judicial. Había que hacer otra “operación”. Extirpar nuevamente a los molestos. Pero el “enfermo” decidió tomar el antibiótico y evitar la cirugía y lo llamó a indagatoria de una buena y santa vez.

¡Linchamiento mediático! gritaron desde el poder. Es un tema que conocen muy bien ya que han sido grandes cultores del género. Sin embargo, parece que esta vez se equivocaron en el diagnóstico. Es el  cumplimiento de la ley, de esa norma que exige que cuando el Juez tiene  “motivo bastante  para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito” debe citarla a declarar en indagatoria.

Sólo eso hizo Lijo. Cumplir con lo que las disposiciones legales le exigen. Sin embargo, todos lo miramos con beneplácito  porque no estamos acostumbrados a que la ley se cumpla cuando eso significa señalar a un poderoso. Lo observamos con admiración,  porque sabemos que hace falta coraje para cumplir con la ley  en un Estado que ha desdibujado los límites que la Constitución le traza, que ha cambiado el cumplimiento de la ley como consigna por el  acatamiento de las indicaciones de los poderosos funcionarios que sólo tiene las restricciones que le marcan sus propios deseos. El problema es de los que delinquieron. Sin embargo, todos miramos al Juez como si el problema fuera de él.