sábado, 28 de junio de 2014
El procesamiento de Boudou, otro problema para Cristina Kirchner
Amado Boudou en un acto público. Foto. David FERNÁNDEZ/Efe

Amado Boudou en un acto público. Foto. David FERNÁNDEZ/Efe

Buenos Aires. Por Carmen DE CARLOS, para SudAméricaHoy (SAH)

Nunca antes había sucedido. El honor de ser el primer procesado por corrupción, mientras ocupa el cargo de vicepresidente de Argentina, lo tiene desde ahora Amado Boudou. El ex ministro de Economía y hombre que eligió personalmente Cristina Fernández de Kirchner, como compañero de fórmula, se enteró de su nueva situación procesal en Cuba donde encabeza una visita oficial. El juez federal Ariel Lijo le acusa de apropiarse de una imprenta que terminó siendo estatizada y que actualmente imprime, entre otros billetes, los de 100 pesos. «Cohecho y negociaciones incompatibles» son las expresiones a las que recurre el magistrado que, en el mismo acto, procesó a otras cinco personas del círculo de Boudou y embargó parte de sus bienes.

Lijo acusa a Boudou de adquirir en el año 2011 Ciccone Calcográfica, una imprenta al borde de la quiebra que, gracias a gestiones suyas, fue rescatada con fondos públicos. Según el magistrado, la compra la concretó Boudou a través de su socio y testaferro Alejandro Vanderbroele. La ex mujer de éste fue la primera en señalarle como testaferro pese a que Boudou insiste en que no le conoce. Pero Lijo le mostró el día que declaró, el pago de los gastos de comunidad de un apartamento de su propiedad y el de la cuenta de teléfono, ambos abonados por Vanderbroele.

El magistrado considera que Boudou intervino para evitar que la Casa de la Moneda recibiera una subvención que le habría permitido incorporar maquinaria y responder a la creciente demanda de impresión de billetes. El objetivo de esa intervención, según Lijo, seía adjudicarle a Ciccone la impresión de millones de pesos de 100. La firma también recibió contratos para imprimer afiches del Frente para la Victoria, partido al que pertenece la presidenta de Argentina.

La imprenta que posteriormente pasó a llamarse Compañía Sudamericana de Valores, fue estatizada hace dos años,cuando el escándalo ya estaba siendo investigando por la justicia federal. El Congreso y el Senado, con mayoría oficialista, dieron luz verde a la estatización pese a no conocer el nombre del propietario de la compañía, un misterio que el juez cree descifrar al adjudicár la propiedad a Boudou y sus socios.

La caída en desgracia del vicepresidente, que llegó a arrastrar medio centenar de causas judiciales y es el que peor imagen tiene en el Gobierno, se produce en un contexto delicado. A título personal Boudou, que clama su inocencia y le echa la culpa a los medios de comunicación, también está citado por Claudio Bonadío, otro juez federal que le acusa de falsificar los documentos de un vehículo de su propiedad. Pero su  procesamiento, además, anticipa una semana complicada para Cristina Fernández, agobiada por los «fondos buitres» y la justicia de Estados Unidos.

Resumen previo al procesamiento