Buenos Aires, 1 dic (EFE).- El Gobierno argentino anuló hoy la deducción del 15 % de la masa de impuestos nacionales que realiza el Estado a todas las provincias después de que un fallo de la Corte Suprema declarara inconstitucional esa medida la semana pasada.
A través de un decreto de necesidad y urgencia publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argentino dispuso que el Fisco argentino cese de retener fondos a las provincias, con los que financiaba la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES, órgano estatal que administra las jubilaciones).
El fallo del máximo tribunal argentino se refería solo a las tres provincias argentinas que demandaron al Estado, Córdoba, San Luis y Santa Fe, pero el Gobierno presidido por Cristina Fernández decidió hacer extensiva la medida a todo el territorio.
En el decreto, el Ejecutivo advirtió que la decisión judicial provocará «un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social», por lo que «condicionará de ese modo a la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social».
La reducción del 15 % sobre los fondos a repartir fue originalmente pactada entre el Estado nacional y las provincias en agosto de 1992, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), y prorrogada sucesivamente mediante diversos pactos.
Una vez vencidos esos compromisos, el Estado nacional extendió a partir de enero de 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y mediante una ley aprobada por el Parlamento, el plazo de esa deducción de manera unilateral, decisión que la Corte declaró inconstitucional.
El máximo tribunal consideró que «la ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las provincias invalida a esa norma dictada por el Congreso de la Nación».
En su fallo, la Corte Suprema señaló también que han transcurrido casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución para establecer un nuevo régimen de coparticipación sobre la base de acuerdos entre el Estado y las provincias.
Esos acuerdos deben garantizar «la remisión automática de fondos» y contemplar «criterios objetivos de reparto» en forma «equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional».
Por ello, el máximo tribunal argentino exhortó al Ejecutivo, que el próximo 10 de diciembre pasará a manos del conservador Mauricio Macri, y al Parlamento «a que asuman su rol institucional como coordinadores del sistema federal de concertación» y «formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el tan demorado sistema de coparticipación federal».