Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

El artículo primero de la Constitución dice:” La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa…”. Lo que significa, sencillamente, que el gobierno es ejercido por el pueblo pero a través de sus representantes, el voto determinará quienes harán la tarea en su nombre. Por si no alcanzara la precisión de la fórmula utilizada, en su art. 22 insiste: “el pueblo no delibera, ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”.
La manda constitucional no parece ser entendida, por un sector de la oposición, que  aspira a que esa democracia representativa, se convierta en una democracia participativa. A esos, les resulta difícil coincidir en temas esenciales en el interior de su grupo, que no parece tan numeroso como lo es ruidoso. Aspiran a que sea el pueblo el que opine en encuestas permanentes o la gente recorriendo las calles sin trabajar ni estudiar. Lo que les importa, es el concepto: que decida la gente. El “pueblo” debe ordenarles a aquellos que “gobiernan” cómo deben resolver los conflictos, porque, aseguran,  “ las tensiones y los límites que tuvieron cuando gobernaron, se superan con mayor participación popular”.
El programa que pregonan no habla de inflación, excesivo gasto del Estado o arcas devastadas por una corrupción que está siendo investigada pero que parece no haber tenido ningún límite. Tampoco menciona a funcionarios y ex funcionarios poseedores de fortunas sin explicación, que tomaron medidas absurdas que siguen complicando la gobernabilidad sin ser derogadas.

La presidenta de Argentina Cristina Fernández, Daniel Scioli y Carlos Zannini

Las dificultades económicas, que no sabemos definir si son causa o efecto; la violencia que no sólo se pulsa en las calles, sino que ataca con piedras, artefactos explosivos, palos y fierros un encuentro de mujeres, parece no inquietar a quienes entienden que la inmediatez de la multitud definirá nuestro destino.
Las instituciones, arrasadas, son el obstáculo. La solución es sencilla, removerlas, derrotar a Clarín y desarmar la influencia de los poderes fácticos en la justicia. Lo que no les podemos decir, es que no lo hayan intentado cuando gobernaron.
Las instituciones fueron desmanteladas quedando sólo una caricatura de ellas, caricatura que aún nos muestra su deformada imagen pues no han sido reconstruidas. La ley de medios intentó lo que siguen pregonando: derrotar a Clarín y, tal vez, a los “poderes fácticos “ de la justicia.
Consideran que la participación popular les ayudará a superar tensiones y límites o al menos, colaborará para que intenten zafar de la telaraña que se teje con la prueba de arrepentidos, filmaciones y documentos en los que quedó retratada la impudicia con la que ellos gobernaron.
Los importantes problemas que atravesamos en un Estado vaciado – en lo económico y en lo moral- no parecen ser las preocupaciones de algunos dirigentes, lo fundamental para ellos es realizar una reforma constitucional, “basada en una revalorización de la participación popular y de la acción política”.

Andrés, «el cuervo», Larroque con la ex presidenta Cristina Fernández y el Papa en el Vaticano

Preocupan estos dichos que provienen del “cuervo” Larroque, integrante de “La Cámpora” agrupación muy cercana a la ex presidente, Cristina Fernández, porque es también quien afirma que: “En el 2003 la trasparencia no era la demanda social, sino necesitaban un plato de comida y trabajo” y quien agregó – refiriéndose a Amado Boudou, el ex vicepresidente preso por haber perpetrado graves delitos- que se puso, “un botón rojo en la frente por las políticas populares que defendió” . Solucionar los problemas de la gente parece que no es compatible con hacerlo con transparencia.
Pintan un retrato angelical de un Estado gobernado por la gente en la calle y con las organizaciones populares ostentando un poder institucional, ya no de hecho, sino por derecho.
Las acusaciones sobre corrupción que pesa sobre casi todos los que sostienen estas teorías, los argumentos que defienden , son simples “herramientas de desgaste de los poderes fácticos hacia movimientos populares”. La justicia es un obstáculo institucional para llevar adelante de manera eficaz las reformas económicas de fondo. Un país sin justicia sería el paraíso en el que podrían actuar sin censores que los interroguen respecto de qué hacen y para qué lo hacen.
Los que quieren recuperar el poder no nos dicen cuáles son esas modificaciones económicas ni cómo las obtendrían pero advierten que investigar cómo dejaron telarañas en las arcas del Estado daña su objetivo.

La prueba que se acumula, sin prisa pero sin pausa, en cada legajo en el qué se pretende reconstruir conceptualmente cómo se llegó de secretario de la Presidencia a empresario millonario, o cómo “aparecieron” varios millones de dólares en la caja de seguridad de Florencia Kirchner, la hija de la ex presidente que nunca trabajó, o como blanqueaban millones con los supuestos ingresos de hoteles que no usaban jabón para lavar las sábanas de sus también supuestos pasajeros, no interfieren su relato. La culpa -insisten- es de la justicia que no se dejó democratizar conforme lo exigía la ley que lograron sancionar con complicidad de los legisladores adictos y que fue declarada inconstitucional por una Corte que no había actuado en esa década como contrapeso de los excesos de poder que no eran invisibles, pero que reaccionó cuando ella era la atacada.

Los hermanos Kirchner, Florencia y Máximo

Ellos, no lograron ponerse de acuerdo ni siquiera para decidir el lugar del acto en el que conmemorar el día de la lealtad, que es el día peronista por excelencia, peronismo que todos dicen representar . Sin embargo, piensan que se puede gobernar en forma semi directa o directa, preguntándole a la gente qué hacer en cada emergencia. Por ejemplo, con los cuarenta millones volcados en las calles decidiendo si se modifica el Código penal. La masiva concurrencia respaldara el sí o el no pero, su contenido, ¿Cómo lo decidirán?
La fábricas y las escuelas vacías porque hay que decirle a los que están en el poder si queremos aprobar el presupuesto o no. Cómo informaran el contenido de éste y sus consecuencia no es un tema que les preocupe, lo importante es el apoyo popular para aprobarlo o rechazarlo.
El estado actual de las instituciones les dan argumentos. Cristina Fernández no le entregó a Mauricio Macri los atributos del poder, en una señal clara de que no aceptaba concluir con la etapa en la que había reinado en Argentina. Gobernó obturando a los organismos de control, cooptándolos o desangrándolos porque no toleraba los contrapesos constitucionalmente establecidos. La banda y el bastón no son meros objetos. El acto de asunción no es un espectáculo. El significado es simbólico y da cuenta del traspaso del gobierno. Lo que se quiso poner en evidencia es que sin importar quien ganó las elecciones no pensaban traspasar el poder. Allí la opinión de la gente no contaba.
Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema por 11 años, tampoco esperaba que lo desalojaran del sillón central del más alto Tribunal de la República. Mascullando el enojo se resistió a entregar lo que había utilizado como signo de ese poder, el CIJ, centro de información judicial que él mismo creó y que le permitió una comunicación directa con los medios y con la gente, aumentando su visibilidad y poder. Las claves y el personal del centro consideró que eran propios. Obviamente él lo había organizado para sí y no para la justicia, por lo que no iba a permitir que se lo arrebataran como impensadamente le había ocurrido con su rol en el tribunal.

El ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti

Lamentable imagen para los presidentes de las cortes que, con motivo del G-20 se encontraban reunidos en nuestro país. Inoportuna pelea. Pero ¿si los funcionarios de Cristina se apoderaron de la cuenta comunicacional de la casa rosada porque él no podía hacerlo con el canal de comunicación de la Corte?
Los jueces yerran más fácilmente cuanto más seguros se crean de no errar, decía Carnelutti, maestro italiano que también pretendió recordarnos que advocatus ( abogado) significa “llamado a socorrer”. Pero pasaron tantos años que la toga real o simbólica ha pasado a ser un disfraz teatral. De no ser así, ¿se atrevería Pablo Moyano, señalado por la justicia por delitos tales como asociación ilícita , defraudación y varios etceteras más, llamar payaso al fiscal que pide su detención?; ¿se animaría a hablar de persecución política, sin intentar siquiera explicar como toda la familia devino en millonaria? ¿ No intentaría al menos esgrimir algún argumento que replique la prueba que lo señala, en lugar de contraatacar con paros , marchas e insultos?.
Los ex presidentes no deben ser encarcelados porque pasaron muchos años desde que se cometió el delito o porque no se los debe convertir en mártires, pues esto haría crecer el apoyo popular. Los sindicalistas no deben ser detenidos porque paralizan el país y pueden provocar caos en las calles. !Cuanto mensaje contradictorio¡
El Ministro del Interior dijo lo que se escapa de muchas de nuestras gargantas: “Todavía hay quienes no entienden que ahora, TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY”.