Jueces y legisladores de Cambiemos. Foto El Día

Buenos Aires. Por Adolfo ATHOS AGUIAR

El 3 de marzo, repitiendo una desafortunada consigna de la Suprema Corte de diciembre pasado, el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires concurrió a una reunión con diputados del Bloque oficialista de Cambiemos.

Según los antecedentes, el Colegio de Magistrados no tiene una gran experiencia en promover políticas públicas, ni en formular declaraciones institucionales gravitantes. En su sitio web sólo registra una declaración de diciembre del año pasado por un incidente de violencia y un Comunicado de Prensa del 22 de febrero, donde se manifiestan preocupados “con motivo de las medidas que estarían por ser tomadas en referencia al Impuesto a las Ganancias y que son de conocimiento público y notorio” (sic).

Es auspicioso que inauguren el nuevo gobierno provincial con enérgicos planteos de innovación institucional en su área, pero las que surgen de esta reunión parecen un poco inconsistentes. El Comunicado de Prensa con el que la asociación da esta “noticia” es un ejemplo del modo un tanto errático y saltarín que los Jueces Bonaerenses realizan sus cadenas argumentales.

En una declaración al Diario El Día el presidente del Colegio sostuvo que “Hablamos de reflotar el proyecto de autarquía judicial, que perdió estado parlamentario, porque nos parece que es la manera de fomentar una mayor independencia para el Poder Judicial y de lograr la equiparación salarial con la Justicia nacional” (sic). La cita no es incorrecta, porque la hacen oficial en su propio sitio web.

Preguntas que surgen del argumento:

¿La equiparación salarial con la Justicia Nacional garantizará la independencia judicial?; ¿Como los jueces nacionales ganan más que los provinciales son más independientes que ellos?; ¿Si los jueces provinciales ganaran igual que los nacionales lograrían ser independientes?

Sería conveniente que el Colegio (como se le ha reclamado a la Corte Provincial) examinara un poco más, o eventualmente justificara racionalmente cómo cree que una eventual autogestión judicial mejoraría un servicio que no ha parado de empeorar en los últimos veinte o más años.

Por el mismo motivo que ni la Constitución ni la legislación actual le dan esas facultades a ningún organismo de la Justicia Provincial, si los jueces –con enormes razones-  creyeran que pueden mejorarla, deberían introducir su argumento con formulaciones estratégicas, y no solamente con una equiparación salarial con otras jurisdicciones. Si la autarquía y la equiparación salarial fueran la palanca para el mejoramiento, debería mostrarse cómo puede funcionar esa palanca.

Paradójicamente la Corte y los Jueces de la Provincia de Buenos Aires que antiguamente habían desarrollado herramientas diagnósticas propias que les iban indicando cuantitativa y cualitativamente el gradual empeoramiento de sus gestiones, nunca propusieron a los gobiernos provinciales anteriores una sola vía de acción.

Si la tienen –oculta o in pectore­– este es el momento de mostrarla.