Por Carmen DE CARLOS, para SudAméricaHoy (SAH)

El conflicto entre Argentina, los acreedores y la justicia de Estados Unidos va cuesta abajo y rueda como una bola de nieve que aumenta en cada giro. El símil, parodia del descrito  por el ministro de Economía, Axel Kicillof, para referirse a la deuda pública del 2001, describe el actual escenario. La estrategia de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de ofrecer un canje a los bonistas para que cobren los vencimientos en su país, choca de frente con los partidos de la oposición, no despeja la incógnita de decisión de los propios acreedores que reestructuraron su deuda y, lo que es más grave, se estrella contra el muro de incomprensión de la justicia estadounidense que lo considera «ilegal». Mientras la presidenta tensa la cuerda con los afectados, los fondos de especulación aguardan pacientes a que se cumpla la sentencia que obliga al país a pagarles la totalidad de los bonos en «default» y cuyos intereses siguen corriendo. El total, a día de hoy, es de unos 1.700 millones de dólares.

Griesa advirtió que el proyecto propuesto por el Gobierno, de convertirse en ley, colocaría a Argentina en situación de desacato. Entretanto, el magistrado, que falló a favor de los fondos de inversión que demandaron a Argentina en EE.UU. para cobra la deuda en mora desde 2001, calificó de «inválida e ilegal» la oferta del Gobierno.

El juez Griesa, en una audiencia sobre el caso llevada a cabo en los tribunales de Nueva York, dijo -informa Efe-  que el proyecto de ley que  fue remitido por el Gobierno el Parlamento argentino, viola las órdenes dadas por la Justicia estadounidense.
El Gobierno de Cristina Fernández quiere pagar en Argentina los vencimientos de los bonos que fueron reestructurados en 2005 y 2010. De esa manera, intentaría evitar que el dinero que gira a EE.UU. para pagar a los bonistas quede bloqueado en los bancos como ha ocurrido, por recomendación de Griesa, con los 539 millones de una cuota que vencía el 30 de junio.
Griesa considera que Argentina debe pagar a la vez a los tenedores de deuda reestructurada y a los fondos demandantes y que en último caso, estos últimos tienen prioridad por no haber cobrado nunca la deuda.
El fallo de Griesa, ratificado por la Corte Suprena de EE.UU. al desestimar su revisión, ordena a Argentina pagar a los demandantes unos 1.700 millones de dólares, cantidad que incluye los intereses desde 2001.
En la audiencia sobre el caso, Griesa, que habló por más de una hora, se mostró «consternado» por el hecho de que el Gobierno argentino no haya consultado antes de su anuncio sobre la legalidad de esta alternativa que, ahora, tiene un futuro bastante incierto.
Griesa insistió en que todo lo relacionado con los bonos argentinos, reestructurados o no, está bajo la jurisdicción del tribunal de Nueva York que lleva el caso. de concretarse el proyecto del gobierno argentino se estaría modificando la jurisdicción y no sólo, como dice Kicillof, la sede de cobro.
En su intervención, Griesa insistió en que la única vía para cerrar este litigio era llegar a un acuerdo entre las partes y pidió a Argentina olvidarse de «actividades ilegales». «A lo mejor -señaló- la República (Argentina) no quiere un acuerdo, pero si sigue así se encontrará siempre con la oposición de este tribunal»o.
El juez estadounidense había encargado previamente a un abogado especialista, Daniel Pollack, que mediara entre las partes, pero no ha habido ningún acuerdo en las distintas rondas de negociaciones que se han llevado a cabo en esta ciudad.

La nueva apuesta de Argentina para cambiar la sede de pago a sus acreedores de deuda reestructurada y así esquivar el bloqueo de fondos dispuesto por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, desconcierta a economistas de dentro y fuera de Argentina.

Thomas Griesa

La iniciativa incluye sustituir al Bank of New York Mellon (BONY) por el local Banco Nación como agente fiduciario de pago y que los acreedores nombren sus propios agentes de cobro para garantizar que se hará con su dinero y evitar así la orden de bloqueo de fondos dispuesta por Griesa.
Además, deja abierta la posibilidad para que el 7% de los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, se adhieran ahora. Esa misma puerta, aunque no tiene sentido, se la abre también a los querellantes, los llamados “fondos buitres”, que tienen sentencia firme a su favor para cobrar el 100 por cien de sus bonos.
El proyecto cuenta con probabilidades de salir adelante en el Congreso, de mayoría oficialista, pero qué harán los acreedores de la deuda reestructurada es una incógnita.
“Es difícil prever. Todavía hay un montón de consideraciones legales que aún no tenemos muy claras. Enreda todo el panorama”, asegura el economista Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres, para quien la estrategia del Gobierno es, cuando menos, “rara”.
Para el analista, “la sensación es que Argentina no quiere arreglar con los ‘holdouts’ (fondos litigantes). Lo óptimo para el Gobierno sería que los reestructurados arreglen bajo la ley local y que los otros entren al canje, pero es muy poco probable eso. Y cualquier cosa menor hace que Argentina siga en default”, dijo Spotorno.
De momento,  Horacio Vázquez, representantes de inversores argentinos que rechazaron la reestructuración, aseveró que “hay que estar mal de la cabeza” para aceptar ahora el canje.
El exsecretario de Finanzas argentino Guillermo Nielsen, arrojo un dato esclarecedor: Un 70% de los tenedores de bonos bajo legislación de Nueva York son fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que estén bajo otras legislaciones, por lo que difícilmente acepten esa alternativa.
Por su parte, Tulio Zembo, representante de acreedores italianos de deuda reestructurada, considera que el cambio de lugar de pago “es correcto y esperable” y manifestó que “lo que importa es que el dinero llegue a los bolsillos de los bonistas”, muchos de los cuales, aún siendo europeos, se vieron afectados por el fallo de Griesa.
Para Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, «una parte de los tenedores de bonos reestructurados rechazará el cambio de sitio de pago y otra lo aceptará si “ve un negocio en términos financieros”. Entre quienes no adhirieron a la reestructuración, quizá algunos acepten entrar ahora al canje como “puerta de escape” para “quien quiera salir de este pleito”. Pero con las declaraciones de Griesa el escenario se complica.
Cualquiera que sea la alternativa, “la situación argentina presenta un claro deterioro económico, con una inflación que se acerca al 40%, un déficit fiscal que supera los 3 puntos del PIB, y un deterioro en la balanza comercial y en casi todas las variables económicas”que no ayudan a realizar buenos pronósticos.