Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

Las denuncias periodísticas avaladas por investigaciones que, en muchos casos, pusieron en riesgo a quienes las realizaban y los procesos judiciales que fueron desgranando una matriz de corrupción, milimétricamente diseñada por aquellos que ostentaban el poder, ahora, deben ser “aniquilados”.

Los investigados por la justicia -y por el periodismo- retomaron el poder por el voto popular y eso les permite suponer que la mayoría de los argentinos o descree de las evidencias o no les importa la corrupción. Les debe resultar indiferente que los hospitales carezcan de insumos; que el jaqueo sea protagonista de muertes que se califican como accidentales o que las casas que se debían construir para que los más necesitados vivan en ellas, no se realicen. Pareciera que esos «administradores», prefieren usar esos dineros, con fines que consideran más transcendentes para su propio poder y su bolsillo personal. O bien, cuando esas viviendas son edificadas,  utilizarlas para someter la voluntad de los “beneficiados”.

La razón no importa. Ellos, los investigados, tomaron nuevamente el poder y ahora sí, pretenden que sea todo el poder. No se van a arriesgar a quedar, nuevamente, expuestos para que se los investigue.

«Ella» y ellos, designaron a funcionarios cuya obediencia tienen asegurada, en los lugares claves para poner en crisis las investigaciones judiciales. La Ministro de Justicia, profesional que solo puede merecer nuestro respeto, fue rodeada por alfiles de la obediencia debida a la indiscutida jefa que, casualmente, es la que más necesita ahogar la independencia judicial. Pero, sospechan que no alcanza. La prueba acumulada es tanta y tan brutalmente reveladora del robo perpetrado desde el poder, que va a ser muy difícil que pueda ser ignorada aún para quienes pretendan ayudarla en sus deseos de impunidad.

Excelentes abogados y muchísimos recursos, puestos al servicio de la defensa de los funcionarios,  lograron recorrer -sin prisa pero sin pausa- con sus reclamos las vías legalmente previstas. Aunque, obtuvieron, en la mayoría de los casos, resultados negativos.  Fueron decenas los Magistrados los que avalaron sus procesamientos.

Los Tribunales Internacionales  nacieron para resguardar los derechos de los habitantes, cuando quien los infringiera fuera  el poder de turno.  La Corte Interamericana tiene entre sus miembros a quien fuera propuesto por la ex presidente, el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, lo que le garantiza que sus reclamos serán oídos. Pero parece que, tampoco alcanza.

Quienes descreen de lo instituido, quienes pretenden callar a periodistas y Jueces y además disciplinar futuros reclamos de transparencia en el actuar gubernamental, necesitan traspasar los límites de la ley, la Constitución y las instituciones. Inventan, lo que en palabras del jurista Gil Lavedra, ”es una iniciativa desopilante”, un organismo con sede en Madrid (deberían explicar la razón de esa localización ya que los nombres que lo motivan nada tiene que ver ni con España  ni con la Unión Europea) donde pretenden juzgar la labor de la prensa y de la Justicia. Los Jueces son auto convocados y algunos nombres tienen el suficiente ruido para que aun el grito de justicia resulte inaudible.

El ex magistrado español Baltasar Garzón, por ejemplo, tiene algunas cosas que explicar no sólo en España sino también en la Argentina, donde cobró importantes honorarios sin que se conozca cuál fue la tarea que se le encomendó. Ello, sin detenernos en el “pequeño detalle” de lo difícil que le resultará explicar qué ética será la que lo guiará, si  personalmente no tuvo empacho en grabar las conversaciones que los investigados por él tenían con sus abogados defensores.

El abogado argentino Barcesat será quien presida ese invento que llaman TAC (Tribunal de Acción Común).  Sus méritos para dirigir las acciones tendientes a contrarrestar el lawfare –o guerra judicial- al que supuestamente  han sido sometidos las personas que ellos señalan (ignoramos con qué criterios) son tan ignorados como quién fue el que lo erigió para esa tarea.

Hablan de juzgar las «distorsiones a la verdad». ¿Cuál será la verdad que los guie?  ¿Una que sea ciega frente a los bolsos con millones de dólares que vuelan al interior de un convento y que el funcionario que los arroja dice que son de la política?, ¿otra que sea sorda y no escuche las confesiones de los funcionarios que reconocieron los hechos de corrupción juzgados?.

Ese «tribunal de ética», es el resultado de una acción conjunta del Instituto Lawfare de San Pablo, (casualmente integrado por  los abogados defensores de Lula)  y el Common Action Forum de los países de África.  Inaugurado en noviembre pasado en Madrid, se presenta con el nombre de Tribunal Ético de Common Action Forum y sostiene que esa guerra, consiste en una práctica de «persecución y destrucción de enemigos políticos o adversarios, empleando como arma los procesos judiciales».

El año pasado el papa Francisco utilizó ese término, el lawfare  ante juristas de varios países, exclusivamente referido  al, «uso indebido y arbitrario» de la prisión preventiva.

 El “tribunal”, diseñado para debilitar los procesos judiciales sobre casos de corrupción de funcionarios, que integraron una asociación ilícita comandada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, conforme lo acreditó la Justicia,  alega que la persona (que ellos eligen) queda inerme en manos de un Poder Judicial que actúa destructivamente. Para ellos, el objetivo de los jueces (los verdaderos) no es averiguar por qué aparecen millones de dólares en la caja de seguridad de la hija de la ex presidente (que nunca trabajó)  sino agredir a los dirigentes populares. .

No explican cómo silenciarán la fuerza que tiene la voz de importantes empresarios reconociendo -y comprometiendo con ese reconocimiento, su futuro procesal e incluso empresarial- que le pagaron a los funcionarios Kirchneristas para que se les adjudicara una obra o para recibir los pagos respectivos.

Esos jueces que no lo son, pretenden, para mitigar que contravienen disposiciones constitucionales que prohiben las “comisiones especiales”, que  la sentencia será solo de «imperio moral y de convicción».

Han tratado de edulcorar  la “Conadep del periodismo” que propuso con impunidad -tal y como si se tratara de un sketch de humor – Dady Brieva o aquellos juicios populares contra periodistas en Plaza de Mayo encabezados por Hebe de Bonafini.

Pero el brebaje no se endulzó, porque tiene en su interior la hiel que  intenta deslegitimar a quienes investigaron o pretenden investigar al poder y la absurda pretensión de señalar cuáles son los juicios justos y cuales no. Por el momento parece que el criterio de selección está centrado exclusivamente en  la persona que resultó imputada en el proceso.

Los recursos previstos en las leyes para revisar lo hecho por los Magistrados; el Consejo de Magistratura para juzgarlos si incurrieron en conductas impropias, Consejo que la ex presidenta se preocupó de que estuviera integrado por una mayoría que le es afín, no alcanzan. Deben trasgredir la ley, lesionar las instituciones para asegurar la impunidad de quienes son sus “protegidos” .

Los periodistas Jorge Lanata, Luis Majul y Daniel Santoro y el Juez Claudio Bonadío, son los “imputados” elegidos hasta el momento.  Las “víctimas”  Rafael Correa,  Lula Da Silva, Dilma Rousseff  y obviamente, Cristina Fernandez de Kirchner . Otros funcionarios sometidos en los mismos procesos cuestionados,  pero que no pertenecen a al mismo ideario político (por ejemplo, otros presidentes de Ecuador ) no son consideradas víctimas  por este “tribunal”.

 Sin ruborizarse -cómo habría de hacerlo si al menos esto era verdad – Barcesat afirmó: “no somos neutrales”. La legislación aplicable parece ser la voluntad de los juzgadores disfrazada tras el genérico ”Tratados Internacionales”.

El uso de la ley como herramienta de poder, funda los reclamos que autorizan a usar el poder, como arma contra lo normativamente vigente.  Se pretende deslegitimar los procesos judiciales que garantizan la defensa en juicio de los imputados y despreciar el control de lo actuado por revisiones realizadas por diferentes magistrados (mayoritariamente Tribunales colegiados). El objetivo de esa justicia paralela es legitimar una parodia de juicio cuyos procedimiento se ignora.

Se cuestionan las prisiones preventinas de una decena de funcionarios  cuando en Argentina, seis de cada diez presos lo están sin condena firme. Ni siquiera en los largos períodos en los que, las presuntas víctimas que tuvieron el poder, fueron gobierno intentaron, al menos, disminuir  los casos de esa pena anticipada. Parece que solo cuentan los que son procesados por graves delitos de corrupción. Los delitos comunes no merecen su atención ni parecen preocupar al tribunal de ética al que nos referimos.

¿Cuales son los derechos humanos que pretende resguardar ese «Tribunal»? ¿El derecho  de Evo Morales  para ser elegido de por vida como presidente? ¿Cuál es la presunción de inocencia que tutelan? Muchas preguntas, pocas respuestas.

Es difícil hablar de lawfare en un país donde lamentablemente las causas por corrupción duran, en promedio, más de 14 años y la renovación de las autoridades que pretenden que lo usan como herramienta de persecución, se realiza cada cuatro. Ello, sin contar que, atento a los resultados electorales, al menos en la Argentina el uso del lawfare no ha sido exitoso.

 La corrupción fue (o es) sistémica. El agravio a las instituciones también. La defensa de políticos y funcionarios acusados por gravísimos hechos, con una cantidad de prueba que no requiere formación jurídica para valorarla y que fue públicamente exhibida, requiere para “salvarlos” agredir al corazón mismo de la República.

Sin  inmutarse ( y sin respeto a los Jueces que integran el tribunal que la está juzgando) la ex presidenta dijo en su declaración “que la historia la absolverá” . Tal vez la historia la absuelva pero, de momento, en un país donde rigen las instituciones, los Jueces que deben valorar su conducta son los que integran el tribunal y la historia, no tienen allí un sillón.