¿Tiene o no tiene precio la justicia? ¿Se compra y se vende? ¿Son los jueces honestos?

Por Marta NERCELLAS

Ni jueces ni abogados argentinos vestimos nunca toga pero existía (y lo digo en un lacónico pretérito) un respeto a las formas. Hoy algunos profesionales ejercen con remeras manchadas de yogur y bermudas. Su aspecto genera desazón pero lo grave es otra cosa: los gestos que indican que el deshilachamiento es de fondo, más extenso y profundo que lo sugieren las apariencias.
La Cámara de Casación Penal es el Tribunal Penal más importante de Argentina. Integrarlo, en el rol que sea, es sumamente prestigioso. Sin embargo, en su seno suceden historietas (no pueden siquiera denominárselas historias) vergonzantes que lo asemejan más a un mercado de las mentiras que a un Tribunal de Justicia.
Sin pudor y sin siquiera la queja de sus compañeros, el gobierno kirchnerista arrojó por la ventana a uno de los Jueces de ese Tribunal (Luis María Cabral) porque necesitaba silenciar su voto adverso al deseo gubernamental sobre la inconstitucionalidad del memorando con Irán.

En simultáneo designaron como subrogantes (no titulares)  a Claudio Vázquez (alias el gomero porque tenía como antecedente casi único ser abogado de una gomería) y a Norberto Frontini. Ambos abogados no son, precisamente, reconocidos por su prestigio (inexistente)  pero poseen «la virtud» de no saber decir no a los deseos de quienes ejercían el poder. La falta de dignidad no concluía en haberse encaramado e ingresado por la ventana a un espacio para el que no estaban preparados, la osadía les llevó a ocultar a una de las partes, -que se estaba sustanciando una audiencia en la que debía intervenir-, para impedir que ejerciera su derecho de decirles, en sus propias caras, que ellos no eran Jueces, que el Tribunal no estaba constituido legalmente y que se abstuvieran por ello de resolver.
La pelea entre los miembros de la Cámara no se apalanca en la fuerza de sus argumentos sino en la potencia de sus voces dirimiendo a gritos los conflictos. Se ha denunciado a quien en ese momento ejercía la Presidencia del Tribunal (Ana María Figueroa) porque escondía (no busquen significados técnicos es estrictamente literal) los expedientes. Esa misma Jueza ha sido denunciada por recibir dádivas de parte de quien fuera Ministro de Planificación (Julio De Vido) y que hoy está imputado en distintas causas que deberán ser analizadas en última instancia por ese Tribunal. Algunos de sus pares afirman en público que su desconocimiento del derecho es “supino” y que manifestó su especial interés en resolver algunas causas que no se encontraban asignadas a la Sala que integraba.
Muchos expedientes duermen durante años en alguna Vocalía sin que nadie atine a explicar la razón de la demora. Uno de los Jueces, Juan Carlos Gemignani, da una orden a una secretaria, María Amelia Expucci y ésta le contesta que se la dé por escrito y que antes de cumplirla debe consultar con los colegas del requirente. Inmediatamente el Magistrado ordena la detención e incomunicación de la letrada y la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario, afirmando poco después que tenía una actitud de “encubrimiento”. El Juez que debe investigar el hecho ordena su libertad y la denunciada promueve una causa por privación ilegal de la libertad contra el Camarista de Casación…
Podría seguir la enumeración con hechos de diversa gravedad pero todos con entidad suficiente para que nos detengamos un segundo a pensar qué nos ocurre para que el máximo Tribunal, el que debe resolver sobre la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, sea este cambalache.

Los políticos ya nos dieron sobradas muestras de sus desatinos. Escenas obscenas filmadas sin pudor y reproducidas mil veces para que no intentemos ignorarlas. Millones de dólares contados con displicencia por quienes no pueden explicar ni por qué los poseían ni de quienes era. Otros millones revoleados a un falso convento ayudado por falsas monjas que tenían aparentemente como desafío espiritual lograr ocultar el producido de la corrupción.
Discursos que se quejan porque sobrevaloramos en demasía la evidencia física y afirmamos con el barro ensuciando nuestros pies, que la ruta por la que cobraron como si estuviera terminada no fue siquiera comenzada. Se ofenden por las acusaciones que se les dirigen y como fueron encontradas dos cajas de seguridad desbordantes de millones de dólares y no las ocho que la denunciante indicaba, inician una causa judicial para que quien solicitó la investigación pague una indemnización por la afrenta a la dignidad que aquella acusación significa.

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Gregorio Dalbón, el letrado que representa a la ex mandataria, Cristina Fernández, es quien aparentando defender a las víctimas de la tragedia del ferrocarril de Once, defendía a los funcionarios de su gobierno, intentado cargar las culpas exclusivamente sobre el maquinista que conducía el tren de la muerte. Es el mismo abogado que fue echado por el Tribunal de la Sala de Audiencias por actitud irrespetuosa, provocativa y desafiante.Los Jueces afirmaron que “tenía un comportamiento procesal errático” lo que en buen criollo significa que no se sabía a quién defendía. Lo denunciaron ante la Justicia y ante el INADI por discriminar a una colega mujer. ¡Extraña elección la realizada por quien fuera Presidente de nuestra Nación! ¿Será que nos está jugando una ironía?
Los ex funcionarios denunciados por gravísimos hechos de corrupción, articulan una (casi) única defensa: acusar a otros, en lo posible, a los funcionarios actuales o a los Jueces que tienen la impertinencia de pedirles explicaciones por sus acciones. Aprendieron pronto que para que su crimen sea perfecto no alcanza con que quede cajoneado y sin resolver, es necesario encontrar al culpable equivocado, sólo esa respuesta disolverá la posibilidad que el fantasma recobre fuerzas cada vez que el poder que detentan disminuya.
Cada investigación nos convence más que lo verdadero tiene la relativa densidad de lo demostrable y que el intento de recabar las pruebas para acreditarlo son más las acciones que se ejecutan para desdibujar los indicios que las que intentan cuidarlos y valorarlos.
Las filtraciones intencionadas a la prensa tienen como objetivo avivar el incendio evitando que sus llamas alcancen a quienes se pretende resguardar. Otras veces, en cambio, son un mensaje para convocar al silencio a quienes están elaborando su duda de ayudar o no a reconstruir lo que realmente ocurrió.

Los secretos del ex vicepresidente Amado Boudou y Cristina Fernández…

El Colegio de Abogados de Buenos Aires solicitó al Consejo de la Magistratura que sean auditados los Juzgados y las Cámaras Penales Federales con el fin de investigar las causas de la efectiva dilación en los casos de corrupción. No requieren – no podrían hacerlo- valorar los procesos, sólo determinar los tiempos procesales ya que: “Los mismos magistrados que el año pasado todavía dilataban el trámite de numerosos casos de corrupción cobraron un especial dinamismo a partir del recambio presidencial y se lanzaron a investigar” Agregaron: “Tampoco dejó de sorprender que algunos jueces y fiscales que mantenían aletargados los sumarios que más comprometían al poder recuperaran la voluntad y la agilidad tras el cambio de gobierno”
Auditar es un examen crítico y sistemático. Su origen etimológico nos indica que significa “oír”, nada más apropiado en este momento de tanta sordera institucional
El paso de tiempo impidió el juzgamiento de muchos casos de corrupción algunos por prescripción otros porque se borró la prueba. Esto configuró y dio contenido a la sensación de impunidad que es sin duda un agente criminógeno. Los seres racionales no delinquen si tienen la seguridad de que van a ser perseguidos y condenados.

El Consejo nunca realizó una auditoría como la solicitada, pero está dentro de sus atribuciones constitucionales, por lo que aceptó el desafío y requirió un plan de auditoría y los listados de causas. El resultado puede determinar que algunos Jueces sean denunciados frente al Consejo de la Magistratura por mal desempeño.

Obviamente los auditores no serán bien recibidos sin embargo entiendo que no deben perder la calma, ni siquiera se estableció un plazo para realizar el informe.

Al caminar los pasillos de Comodoro Py tienes la sensación de estar recorriendo el lado sucio de la justicia. Resulta inevitable hacerlo y apasionarse al ver los rostros tensos y desalineados de quienes supieron ser soberbios. Escuchan la música de suspenso que resulta inaudible para quienes desconocen los laberintos en los que se escriben, en clave, las frases que decidirán si recobraremos o no la esperanza de tener instituciones que se correspondan con un estado constitucional de derecho.