Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

 El 30 de enero de este año la OMS declaró que el nuevo brote de coronavirus era una emergencia de salud pública de interés internacional (ESPII). Proponía que los estados se prepararan para el manejo de los casos,  para detectarlos tempranamente, para  vigilar activamente  con el fin de prevenir en lo posible la propagación de la infección.

 En Argentina el 3 de marzo, contrariando las infundadas previsiones  del Ministro de Salud de la Nación, se diagnosticó el primer caso de coronavirus importado. Se fueron sucediendo a partir de entonces distintas disposiciones que procuraban “aplanar la curva” . Es decir,  tratar de evitar que en forma simultánea se presenten una cantidad de casos que produzcan el desborde de un sistema de salud que ya está en emergencia.

El 11 de marzo el Director General de la OMS- Tedros Adhanom GHEBREYESUS,  señaló que  era una pandemia, subrayando que no estabamos frente a una crisis de salud pública solamente , sino de todos los sectores; instando a los países a buscar un equilibrio entre la protección de la salud y la minimización del impacto económico y social.

A cuarentenas selectivas, se sucedieron suspensión de algunas actividades, el teletrabajo, se modificó el Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio 2020, se suspendieron plazos administrativos, se decretó la feria del Poder Judicial Federal, se  prorrogaron automáticamente plazos, autorizaciones , licencias y presentación de declaraciones juradas, el congelamiento de alquileres, la suspensión de los desalojos y la cancelación de vuelos hasta que se decidió el cierre de la frontera.

Hasta que el 19 de marzo se dictó el decreto de necesidad y urgencia que ordenaba el “aislamiento social preventivo y obligatorio” para todos los que se encontraran en el país. Desde el Poder Ejecutivo la decisión se comunicó en forma contundente: “si se debía elegir entre la vida y la economía, se elegiría la vida”.

 Se trataba de una medida excepcional para una situación excepcional. Se ordenaron algunas ayudas  dirigidas a los más vulnerables, desde entrega de comida a sumas de dinero fijas y por única vez.

Se pusieron retenes intentando que no se rompa la cuarentena, que sólo los exceptuados  por prestar servicios declarados  imprescindibles pudieran movilizarse. Las largas filas que se forman día tras día en esos controles  no sólo hablan de nuestra anomia,  sino de que existe mayor temor a las consecuencias económicas de la medida que  al virus.

Las medidas son muchas veces contradictorias con la realidad. Se prohibe el trabajo de los jardineros en el espacio público y como consecuencia el pasto crecido aumentan los mosquitos y con él el dengue. Algunas resoluciones ignoran lo que realmente ocurre. Se olvidan que deben apoyarse en el trípode: salud, seguridad, economía.  Muchas resoluciones desconocen la cantidad de empresas que se encontraban activas pero en el mínimo de rentabilidad.

Cuando en diciembre Alberto y Cristina Fernández asumieron el gobierno, lejos de disminuir la carga impositiva como se había anunciado, la aumentaron, diseñando normas que inclusive vulneran principios constitucionales como el de igualdad y el de no confiscatoriedad.

El gasto aumenta, esta vez por exigencias de circunstancias ajenas a la voluntad de los funcionarios. Paralelamente los ingresos disminuyen , no hay actividad, no se  realizan hechos que  generen impuestos. La pregunta cómo se pagará ese desequilibrio se impone.

Peleándose nuevamente con la realidad el Presidente agravia a los empresarios y   halaga a un sindicalista que no solo tiene más de 11 procesos penales en contra- uno de ellos por adulterar medicamentos oncológicos o entregarlos vencidos- sino que  ha utilizado la extorsión  como su principal herramienta.

Se rodea de especialistas para las medidas sanitarias pero no intenta hacer lo mismo para el tema económico y social. Allí la ideología gana la partida. Los empresarios son los que deben pagar esta cuenta. Que ganen menos dice con enojo el Presidente agregando nombres propios a los agravios.  Manifestaciones que siempre le están prohibida al primer Magistrado al menos en lo público.

Las cuotas de pagos impositivos comienzan a cobrarse en el débito automático sin considerar que en muchos casos era el dinero con el que se iba a abonar los salarios de los empleados de una empresa absolutamente paralizada.

No se dicta ninguna medida ni se presenta un programa que  signifique un alivio  para la micro, pequeña y mediana empresa, ni para los profesionales o autónomos que no se correspondan con la categoría mínima.

Es cierto que el hambre es una urgencia que no puede esperar, pero también lo es que si se ahoga a los empresarios no habrá quién de trabajo al día siguiente que se controle la pandemia. Se sucederán las quiebras porque se les prohibe suspender o desvincular empleados y no se dictan medidas que disminuyan el costo de la infraestructura paralizada no por propia decisión sino por un decreto presidencial.

Cuanto más le cueste al sector privado cumplir con las exigencias que se le imponen, sin ningún alivio que disminuya la carga, mayor será la tentación de disciplinarlo con el derecho penal.

 Es una situación extraordinaria que debe despertar la solidaridad de todos, pero el Gobierno que ignoró los conflictos que existían, que descuidó las infraestructuras, que no intentó siquiera  aumentar su eficiencia y disminuir sus costos, al menos los muchos costos improductivos que sostiene, se niega a hacer un gesto, a señalar  con su conducta un camino.

Le marca el sendero a las empresas “ganen menos ayuden más”,  no trabaje pero paguen todos los impuestos tal  y como si lo hicieran. Pero ninguno de los poderes del Estado demuestra con su acción que acompañarán ese sacrificio. Se escucha solo algunas voces aisladas que se pierden con la inactividad de quienes deben decidir esos recortes.

Todos los días, a las 21 horas, se aplaude a los verdaderos héroes de la crisis: los médicos y el personal sanitario. A las 21.30 el aplauso se redobla para pedir que los funcionairos público se rebajen su sueldo, renuncie a alguno de sus privilegios. Hay quienes piensan que se trata de una manifestación en contra del presidente pero no es así.  Igual, en algunos barrios, se escucha alguna marcha peronista al mismo tiempo que el repiqueteo de las cacerolas.

 Presión sobre los particulares y ni el más mínimos gesto desde las organizaciones gubernamentales, no es una buena ecuación. Difícil prever qué hará el organismo recaudador, pero por el momento no adopta medidas que puedan llevar tranquilidad a las empresas, decisiones que les permitan pensar en un replanteo de su actividad.

Los empresarios pueden ilusionar que el virus no los afectará, pero no pueden ni siquiera soñar que podrán superar la crisis que se profundiza a cada hora. La carga impositiva era difícil de soportar cuando estaban en actividad, esta parálisis, con la columna de gastos creciendo y la de ingresos en cero, no parece que les permita cruzar el puente de la cuarentena y llegar empresarialmente vivos al otro extremo.

Los contadores agobiados por clientes angustiados solo pueden contestar “no hay aun ninguna decisión de la AFIP”.

 Podemos entender el día a día de las resoluciones en relación con la salud, la situación es dinámica y hay que ir observando la evolución epistemológica. Pero las proyecciones de la economía, lo que ocurrirá con las empresas puede preverse ya. No se necesitan más datos. Sin ayuda estatal están heridas de muerte.

 La paralización generalizada de las actividades resultó necesaria pero no es gratuita.   Algunos temas requieren la intervención de organismos internacionales (Naciones Unidas, Fondo Monetario, Cámara de Comercio Internacional) que intenten acordar: si  se debe idear un sistema que exija que los países extremen o prohíban la comercialización y/o consumo de productos que son potencialmente peligrosos para la salud; la firma de convenios que obliguen a los países a establecer un sistema de alarmas rápidas y de protocolo de acción cuando la prevención no funcionó; pensar cómo continua el comercio mundial; cómo seguirá la cuestión económica en relación a éste; en qué forma y tiempo se saldarán las deudas preexistentes de los países con los organismos mundiales e incluso entre ellos.

 Como antes ocurrió con el crimen transnacional, el lavado de activos o el terrorismo no alcanzará la actividad de un país ni para evitarlo ni para combatirlo.

Pero confiando que las respuestas globales existirán, el sector productivo, las empresas, personalizando en ellas a profesionales, autónomos, y comerciantes, necesitan una respuesta ahora. No cuestionaremos atento la emergencia, las extra limitaciones en las que se está incurriendo, resolviendo cuestiones impositivas y penales por decretos del Poder Ejecutivo, pese a la prohibición constitucional y a la posibilidad que el Congreso funcione utilizando la tecnología para hacerlo.

 Pero merece subrayarse que si no se cuida la “salud” de quienes producen bienes y servicios, si se sigue privilegiando la recaudación sobre la supervivencia de aquellos que cotidianamente la nutren, no sólo se vaciarán aun más las arcas estatales, sino que aumentarán la desocupación y la economía informal.

El Estado deberá, esta vez justificadamente, recurrir a otras vías de financiación y también aprender que los fondos anticrisis son indispensables y mas aun, que la miseria que crean, por mezquinos intereses políticos, pueden constituirse en una bomba más mortífera que la propia tragedia que deben enfrentar.

 Los Consejos de profesionales de ciencias económicas, las asociaciones empresarias y diferentes ONG le han acercado al Gobierno cantidad de medidas para paliar la crisis económica pero el corsé ideológico no les permite siquiera escucharlos.

La salud de las personas nos habla de la urgencia de hoy. Las empresas necesitan que se cuide hoy su “salud” para poder mañana colaborar con una economía que quedará devastada.