CONTEXTO POLÍTICO

Por Roberto STARKE/Kike BORBA

La coalición gobernante comienza a mostrar grietas cada vez más amplias. La mayor es la que existe entre quienes privilegian la cuestión económica y
buscan mejorar la gobernabilidad, y aquellos cuyo objetivo primordial es ganar las elecciones en noviembre próximo.
Este último grupo, liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner (CFK), hoy tiene la iniciativa y sin duda es el que prevalece. El
reciente conflicto entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el
subsecretario de Energía, Federico Basualdo, es una prueba contundente.
El presidente Alberto Fernández (AF), que intenta mantener el equilibrio,
vuelve a retroceder varios casilleros. Tuvo que aceptar que su ministro de Economía no pudiese echar al subsecretario de Energía, un funcionario de tercer nivel que responde a CFK.
La controversia en torno a las tarifas eléctricas sirvió como prueba de que la influencia del kirchnerismo es decisiva y pone en evidencia la debilidad del presidente. Esta es una señal que llama cada vez más la atención del establishment, tanto nacional como internacional.
Guzmán es una pieza clave dentro del gobierno, aunque este episodio lo dejó muy debilitado. Asumió un compromiso con el Grupo de los Siete (G7), con quien está negociando postergar el pago del Club de París en mayo y los dos pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) en lo que resta del año.
El frustrado desplazamiento de Basualdo no parece haber sido un simple
error de comunicación de Guzmán, producto de su falta de experiencia
política. Es más que eso: el ministro actúa en soledad, pero el problema es que ese aislamiento comienza a vivirlo todo el Gobierno, incluso el propio presidente.

Guzmán tomó nota de quién manda en el Gobierno, al tiempo que recibió el respaldo explícito del FMI a través de su vocero, Gerry Rice. Este apoyo cayó mal entre los kirchneristas duros, quienes confirmaron que el ministro no trabaja para el mismo proyecto de poder sino que responde a intereses externos.
Después de este episodio, puede ser que Guzmán siga en su cargo sólo por amor propio: es normal que no quiera abandonarlo al menos antes de cumplir algunos de sus objetivos. Además, el presidente, que tiene una mirada política de la situación, le imploró que no lo deje solo. Guzmán es un funcionario central para AF y el sector que lo acompaña, y una pieza de esa importancia no se entrega fácilmente. Incluso, el presidente considera que, con tiempo, es posible reparar el intenso desgaste que han vivido su ministro y él mismo.
Es probable que desde los mismos centros financieros internacionales le hayan sugerido a Guzmán que espere. La realidad política es muy dinámica y el FMI considera que el acuerdo puede esperar. En tanto, al establishment local le preocupa mucho la posibilidad de que renuncie el ministro: intuyen que su reemplazo podría ser peor que su actual debilidad.
En este asedio contra Guzmán, el kirchnerismo duro alineado con CFK quiso dejar claro que no admite desvíos. El senador Oscar Parrilli emitió un proyecto de declaración para que los US$ 4.350 millones del próximo desembolso del FMI, a través de los derechos especiales de giro, se destinen a la pandemia y no a pagar la deuda externa. Esto es más que nada una señal. El Senado es una plataforma importante para la vicepresidenta, que de este modo prueba su control sobre este cuerpo.
El kirchnerismo continúa avanzando en su influencia sobre las decisiones de Gobierno. CFK, hábil en materia política, se mostró junto al presidente en un acto en Ensenada, provincia de Buenos Aires. La idea era transmitir que no hay divisiones en el oficialismo, y que existe un discurso único, especialmente con respecto a la Justicia: ahí no hay titubeos, la Justicia necesita de la intervención del poder político para reencauzarse. Para mostrar que el Gobierno está unido, participaron además el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el presidente del bloque de Diputados del oficialismo e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner.

Massa mostró también habilidad política al lograr ser incluido en esa foto. No podía quedarse afuera. No sólo se siente parte del Gobierno, sino que
además pudo consolidar esa posición con la reciente nominación del nuevo
ministro de Transporte, Alexis Guerrera quien, no sin consultarlo antes, fijó posición con respecto a un tema sensible como la Hidrovía. Esto no cayó muy bien en los sectores kirchneristas.
Pero Guerrera y Massa saben muy bien que, si no fijan posición, esas
definiciones probablemente sean impuestas desde afuera. Por lo tanto, el nuevo ministro fue muy claro: la Hidrovía no se estatiza. Se extiende la
concesión de las empresas actuales y en el futuro se va a llamar a una licitación internacional. Este compromiso lo había asumido el propio Massa cuando estuvieron de visita los funcionarios norteamericanos hace dos semanas.
El fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia sosteniendo que el decreto que suspendió las clases en la Ciudad de Buenos Aires violó la autonomía porteña despertó la ira en el oficialismo. Aunque no esperaban algo muy distinto, esto fue aprovechado por el Gobierno para cerrar filas frente a la Justicia.
A esto se sumó el presidente con declaraciones altisonantes con respecto al rol de la Justicia en la democracia. No podía quedarse atrás. CFK ya había
caracterizado esta sentencia como un “golpe institucional”. Es ella la que fija el eje del discurso del Gobierno alrededor del que se construye la retórica oficial.
Horacio Rodríguez Larreta (HRL), jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cabeza visible de la oposición, ordenó prudentemente que ninguno de sus funcionarios festejara este fallo. Por el contrario, se mostró dialoguista. A HRL le preocupa la debilidad política del presidente porque es su único interlocutor dentro del oficialismo.
AF aprovechó el gesto de Rodríguez Larreta y abrió un canal de diálogo sobre la quita de fondos que sufrió la Ciudad hace varias semanas. El presidente también necesita de HRL. Por ahora, ambos son funcionales el uno para el otro.
Los kirchneristas comienzan a mostrarse muy sensibilizados con los datos que les acercan sus propios encuestadores, y no es para menos. Las encuestas demuestran incluso algunas filtraciones de votos en aquellos bastiones donde los K eran casi inexpugnables. El horizonte electoral del Gobierno se presenta cada vez más complicado.

En el sector más duro se niegan a convalidar aumentos de tarifa o ajustes
estructurales porque saben que muy probablemente les ocasione una pérdida de votos a la que no se pueden arriesgar: las elecciones de este año son muy importantes para su futuro.
Los intendentes del conurbano bonaerense lo perciben mejor que nadie, y por eso cierran filas con CFK y Kicillof, algunos a regañadientes. Lo mismo pasa con los gobernadores, que mantienen un silencio muy significativo aunque, en el plano de la pandemia, se alinearon abiertamente con el Gobierno.
Otro sector sensible de la coalición oficial, como el sindicalismo, conservó su posición en la Superintendencia de Servicios de Salud, gracias a AF. Después de algunas idas y vueltas, fue designado Daniel López, un médico allegado a la Confederación General del Trabajo (CGT).
La organización ultrakirchnerista de La Cámpora no debe haber recibido esta noticia con alegría, porque es una caja de recaudaciones donde pretenden instalar a su eterna candidata, la doctora Liliana Korenfeld.
En el sindicalismo inquieta la debilidad política manifiesta del presidente, porque para ellos también es uno de los pocos interlocutores que tienen para acercarse al Gobierno.
Asimismo, miran con mucha intranquilidad los avances del líder sindical Hugo Moyano, que finalmente llegó a un acuerdo con el nuevo dueño de Walmart, Francisco de Narváez, y consiguió un bono que ha resultado controversial en el marco de las negociaciones que se han mantenido.
Esta suerte de salida del conflicto ideada por Moyano y De Narváez, provocó el enojo de los empresarios porque lo ven como un antecedente muy peligroso, ante la pasividad del Ministerio de Trabajo. Saben que probablemente esto tenga consecuencias en las futuras negociaciones con el Sindicato de Camioneros.
Varios sectores del empresariado observan con preocupación el escenario político. Ven alejarse el acuerdo con el Fondo y que el programa económico (la ejecución del presupuesto que aprobó el Congreso) comienza a deshilacharse.
Además, observan el debilitamiento de Guzmán, uno de sus únicos referentes en el Gobierno, como un reflejo del avance sostenido de los sectores más “anti mercado” que caracterizan a la coalición oficialista.
En este escenario, cada sector comienza a radicalizarse y a tratar de blindar sus respectivas posiciones, porque saben que pueden ser víctimas de algún ataque. El diálogo comienza a resquebrajarse y no se logra consenso, ni siquiera alrededor de medidas mínimas. Además, las decisiones del Gobierno son muchas veces contradictorias entre los primeros niveles de los ministros y los segundos y terceros niveles de secretarios, subsecretarios, e incluso direcciones. La situación evidencia una enorme inestabilidad y, sin duda, este factor está afectando cada vez más las decisiones de orden económico y social. Y todo esto enrarece el clima político. (STARKELABS)