Foto. El Comercio

Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy

¿Hay leyes mordaza? Sí, las hay. El antagonismo con los medios y los periodistas no se agotó en los ataques discursivos de los mandatarios. Venezuela y Ecuador, son los ejemplos más visibles de la región, pero no son los únicos.

No hay improvisación, hay estrategias diseñadas y planificadas. Eso sí, cada gobernante le imprimió su particular estilo aunque, comparten algunos rasgos: se victimizan respecto a los medios y profundizan, de manera recurrente, en teorías conspirativas; la pauta o publicidad oficial ha sido un mecanismo de chantaje, de premios y castigos; los medios públicos terminaron convertidos en una potente maquinaria de propaganda gubernamental que disfruta las bondades de los recursos públicos. No contentos con la apropiación y deformación de lo público, se valen de las cadenas nacionales y de sus programas semanales para denostar medios y periodistas. Las diferencias se encuentran en el camino elegido, hubo quienes promovieron leyes de medios. Otros, en cambio, no tuvieron la necesidad.

Finalizaba 2004 cuando en Venezuela fue aprobada la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión conocida como Ley Resorte.  Significó una amenaza severa a la libertad de prensa, alentó la censura y posibilitó la arbitrariedad de los funcionarios gubernamentales.

Violar estándares internacionales que protegían la libertad de expresión no fue un asunto que preocupara demasiado a las autoridades venezolanas. La consigna fue presionar y sofocar a los medios a través de exorbitantes multas y la amenaza de quitarles las concesiones de las frecuencias. Esa fórmula no falla, amedrenta y domestica.

El organismo de aplicación de la Ley estuvo dominado desde el primer momento por el Ejecutivo. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la reforma y ampliación de la Ley Resorte, haciéndola extensiva a internet y a las redes sociales. Las páginas son responsables penalmente de todos sus contenidos.

El propósito del chavismo era lograr una “hegemonía comunicacional” para lo cual debió combinar todas las formas de lucha, hostigar, silenciar, perseguir pero, también, comprar, cerrar y crear medios. Un hecho emblemático fue el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, este era el canal más grande de Venezuela con más de 50 años al aire. Chávez le negó la concesión para seguir operando.

Surgió RCTV Internacional, como un canal de suscripción, pero fue cerrado definitivamente en 2010, gracias a una maniobra legal desde el gobierno. En estos años, los medios han enfrentado millonarias sanciones, se dio el giro en la línea editorial de algunos, con la consecuente farandulización de la información, pero hay que recalcar también, la firme y decidida resistencia de otros.

Con el ascenso de Nicolás Maduro, se produjo la adquisición de reconocidos medios en llamativos y turbios procesos por simpatizantes del régimen. Las operaciones de venta de Cadena Capriles, de Globovisión y El Universal, no pasaron desapercibidas. Además, la presión sobre medios internacionales como CNN y NTN24, este último, salió del aire en febrero de 2014. En este febrero, Tal Cual dejará de ser un diario para convertirse en semanario. La persecución gubernamental sigue rindiendo frutos.

Maduro y Diosdado Cabello también buscan amordazar a los medios extranjeros tras las recientes denuncias que relacionan a Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, como el jefe del cartel del narcotráfico, Cartel de los Soles y, anunciaron nuevas acciones legales en contra de los medios locales La Patilla (portal web) y los diarios El Nacional y Tal Cual, por difundir contenidos de ABC, NTN24, Nuevo Herald, relacionados con ese tema. El presidente venezolano también cargó contra la revista colombiana Semana, por una caricatura y algunos artículos de esa publicación sobre la precaria realidad venezolana. No es posible contradecir la verdad oficial. Que quede en claro, el apagón informativo es una política de Estado.

En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual LSCA (2009) no llegó durante la gestión de Néstor Kirchner sino con el ascenso de su esposa, Cristina Fernández, quien ya en campaña daba indicios de lo que sería su relación con los medios y el periodismo. En el país tomó mucha fuerza el discurso de “democratización”, “pluralidad de voces”, mayor competencia y asignación equitativa de frecuencias y favorecer a los medios comunitarios. Muy loable todo.

Legalmente no se tocaron los contenidos, pero la estigmatización al periodismo crítico ha sido una constante. El balance, tras cinco años de aprobación de la Ley es pobre. Una ley que en el papel pretendía democratizar fue reducida a una guerra contra el Grupo Clarín.

Martín Sabbatella el día que desembarcó en Clarín

Martín Sabbattella, titular del organismo de aplicación, es un soldado, un vengador de la presidente y de su gobierno, que carece de toda idoneidad para ejercer el cargo que ocupa, muy efectivo, eso sí, en allanar el camino a empresarios de medios amigos del kirchnerismo. El lamentable clima de intolerancia hacia el periodismo, llevó a un aumento del 48% en las agresiones a periodistas entre 2008 y 2013, según FOPEA.

En Ecuador, la tensión de Rafael Correa con los medios y en especial con la prensa escrita, se inició a los pocos días de llegar al poder y fue escalando con los años. Es una guerra sin tregua y abiertamente declarada: “La pugna con los medios de comunicación continuará hasta el último día de mi gobierno”. El presidente impulsó la Ley Orgánica de Comunicación muy criticada por organismos locales e internacionales, en correspondencia con Venezuela.

La LOC pudo ser aprobada apenas en 2013, cuando Correa logró una mayoría abrumadora en el Legislativo. El trámite del proyecto fue burdo, no en vano, recibió tres demandas de inconstitucionalidad. La justicia ecuatoriana que brilla por la ausencia de independencia y la complacencia con la voluntad presidencial, declaró la constitucionalidad de la Ley.

La LOC se aplica a los medios audiovisuales y escritos, y a sus contenidos, cumplirá dos años en junio de este año. La probidad de los funcionarios en los organismos de aplicación es tan cuestionable como lamentable su sumisión al Ejecutivo. Se contaron 1031 agresiones directas al ejercicio del periodismo desde 2008 hasta diciembre de 2014, según Fundamedios. El presidente lleva un récord de seis diarios rotos desde que asumió el poder. Pero ya no sólo le ofende la prensa, intolerante a toda crítica, inició 2015 ocupándose de las redes sociales.

Correa desguazó, en directo, seis periódicos. Todo un récord

Hay regímenes autoritarios como Bolivia, donde algunos sectores llegaron a simpatizar con la idea de una ley de medios, pero no tuvo un impulso decisivo. La certera explicación la dio el presidente Evo Morales en octubre de 2013: “antes sentía que el 80 o 90% de los medios eran mis opositores (…) ahora quedan 10% o 20% de opositores”. Se impone una “verdad de Estado” sobre la sociedad y en ese sentido, medios públicos y privados se han alineado con el poder.

La situación no va a cambiar, salvo para empeorar. Los medios buscan su supervivencia y muchos abandonaron la línea crítica. Por supuesto, hay excepciones, que se ven sometidas a la constante descalificación. En 2013, por ejemplo, Raúl Peñaranda que estaba al frente del diario Página Siete debió salir por presiones del oficialismo, no ha sido el único caso. Peñaranda publicó Control Remoto (2014), un libro en el que demuestra cómo el gobierno controla a los medios, ya sea mediante la compra o su cooptación.

Daniel Ortega

En Nicaragua gobierna un presidente inconstitucional que no tuvo necesidad de impulsar una ley que regule y controle a los medios. Existe la intimidación desde el poder y la autocensura en los medios. La primera dama, que detenta gran poder en la toma de decisiones presidenciales, maneja también la política de comunicación gubernamental y distribuye la información y la publicidad oficial a discreción, favoreciendo a los medios afines y limitando a los medios independientes u opositores. El gobierno compró medios y otros, cedieron y se acomodaron a las necesidades del poder para garantizar su supervivencia. El periodismo de línea crítica trata de resistir, como lo hace Carlos Fernando Chamorro, pero domina la propaganda oficial convertida en información, impera el monólogo gubernamental intolerante a la crítica.

En diciembre de 2014 se aprobó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay. Mujica no tenía intención de promover una ley en esa dirección pero cambió de parecer. Medios impresos, a los que no se extiende la Ley, alertaron sobre las limitaciones a la libertad de expresión que instala la normativa para los medios audiovisuales.

Hay algunas alarmas en el país. No puede desconocerse la fortaleza institucional y la cultura política de la sociedad uruguaya. Uruguay y Costa Rica, son los países que gozan de mayor libertad de prensa y libertad de expresión en América Latina, según Freedom House (2014).

El presidentde de Uruguay, José Mujica

Es improbable un escenario de restricción de las libertades como en los casos mencionados, pero hay quienes consideran que la aprobación de esta Ley se dio en el marco de un clima antiliberal que se instaló en el país con el gobierno Mujica. No obstante, organizaciones internacionales destacaron tanto la aprobación de la Ley como el proceso para llegar a ésta. Se regula la concesión de frecuencias en radio y televisión pero como en otros países, la ley no se ocupó de considerar, en su justa medida, temas importantes como los cambios tecnológicos y los nuevos formatos que demandarán una nueva legislación.

Brasil es el siguiente. El interés del PT por instalar el tema en la agenda legislativa viene desde 2002 y revivió ahora, luego de una intensa campaña presidencial en la que Dilma Rousseff fue opacada por las denuncias de corrupción que casi le cuestan su reelección.

Los escándalos que revelaron los medios cuando gobernaba Lula da Silva y ahora con Rousseff, han generado gran molestia al partido oficialista. En su primer periodo de gobierno, Rousseff dejó a un lado el tema por las fuertes críticas y la resistencia a regular los contenidos. El libreto se repite: democratizar la propiedad de los medios y garantizar el pluralismo informativo. Esa será la misión del designado ministro de Comunicaciones, Ricardo Berzoinies.

Los medios, por su parte, se refieren al “proyecto de censura a la prensa”. Más allá de las buenas intenciones, cada día que pasa se abre un nuevo capítulo de corrupción en la historia política del Brasil gobernado por el PT. Es inminente una Ley que ponga control a los contenidos y/o democratice la propiedad de los medios, según se lea.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff

La situación actual permite anticipar la estrategia del oficialismo para la segunda gestión de Rousseff, potenciar el conflicto con los medios y así minimizar el impacto de los escándalos que la salpican; victimizarse y advertir de los intereses de las empresas de medios y del ánimo de desestabilizar a ese gobierno progresista. Nada nuevo pero si muy alarmante si se considera que Rousseff ha sido más respetuosa de la democracia y no es Kirchner, Maduro o Correa.

El proyecto genera fuertes resistencias, hay muchos intereses políticos y económicos en juego. Sectores de la oposición en el Legislativo anunciaron su rotunda negativa al proyecto, pero también, partidos y líderes de la coalición de gobierno, como Eduardo Cunha, miembro del PMDB, y designado presidente de la Cámara de Diputados con 267 votos de 513, quien ya anunció: «No seré sumiso al gobierno». No son palabras menores para el hombre que ejerce el tercer cargo de mayor importancia en el país, luego de la presidente y su vicepresidente. El camino para llegar a la Ley, de momento, no parece fácil.