Buenos Aires, 4 sep (EFE).- Los agentes de los servicios de Inteligencia argentinos estarán obligados por ley a presentar anualmente una declaración jurada sobre sus datos personales, según quedó establecido a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
La medida de control se estableció en el marco de la reforma de los servicios de Inteligencia acometida este año por el Ejecutivo de Cristina Fernández, para «evitar y/o prevenir acciones (irregulares) que eventualmente pudieren ser llevadas a cabo por los exagentes en beneficio propio o de terceros», según la resolución.
Los agentes retirados, que se encuentran bajo obligación de mantener secreto, deberán presentar cada año una declaración jurada ante la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Además, se exige que «cualquier modificación en los datos declarados deberá comunicarse» en un plazo de 30 días, a fin de que siempre estén localizables.
La AFI justifica la exigencia «en que las personas físicas que se hubieren desempeñado en el organismo, con motivo de las tareas que se les encomendaron, tomaron conocimiento de información, datos, fuentes y/o cuestiones clasificadas, cuya titularidad es del Poder Ejecutivo Nacional».
«Esta obligación, por su propia naturaleza, es de carácter permanente por lo que su cumplimiento resulta exigible en forma indefinida en el tiempo», añade el texto.
Además, también se ordena «que en los casos en que el director general lo disponga», los exagentes deberán «comparecer a la sede central del organismo a aportar la información que les sea requerida y que hubiere llegado a su conocimiento con motivo del servicio, o bien que por su relevancia debiera ser puesta en conocimiento de las autoridades de este organismo».
«La Dirección Operacional de Contrainteligencia será la responsable de la recepción de la información suministrada por los ex agentes, labrando acta de lo actuado con clasificación ‘secreto'», especifica la resolución.
La reforma de los servicios de Inteligencia se produjo tras la polémica y aún irresuelta muerte del fiscal Alberto Nisman, el pasado 18 de enero en Buenos Aires, por un disparo en la sien.
Nisman, quien se desempeñaba como fiscal especial de la causa por el atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 84 muertos en 1984, colaboraba estrechamente con los antiguos Servicios de Inteligencia argentinos.
En especial, se le relacionaba con el exdirector de operaciones Antonio «Jaime» Stiuso, quien se encuentra en paradero desconocido pese a haber sido requerido este año para dar detalles sobre la investigación del atentado.