martes, 29 de diciembre de 2015
Macri ordena revisar los contratos de funcionarios de los últimos tres años

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- El presidente del Gobierno argentino, Mauricio Macri, oficializó hoy un decreto por el que ordena revisar la legalidad de las contrataciones de empleados estatales aprobadas en los últimos tres años, durante el mandato de Cristina Fernández (2007-2015).
La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial, especifica que «los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional» deberán revisar tanto las contrataciones en proceso de aprobación como las realizadas en el pasado reciente.
Las selecciones de personal en trámite deberán ser analizadas en un plazo que no sobrepase los seis meses, en función de si los aspirantes cumplen con los requisitos necesarios para cada puesto.
En el caso de los contratos firmados durante los últimos tres años, los responsables de cada departamento tendrán un plazo de tres meses para comprobar «el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado y los antecedentes presentados» por los cargos designados en ese periodo de tiempo.
Otro de los puntos incluidos en el decreto precisa que debe priorizarse el análisis de las contrataciones aprobadas en el último año.
Según el texto, si se detectaran irregularidades en el proceso de contratación, se podrá aplicar la revocación de dichas designaciones públicas, en base a lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo.
En las consideraciones previas, el decreto hace hincapié en el «excepcional número de concursos» convocados durante los últimos tres años, por lo que expone la necesidad de verificar que esos nombramientos hayan sido realizados «conforme a derecho y respondan a necesidades genuinas de gestión».
«Es vocación de este Gobierno Nacional propiciar la transparencia de gestión, como así también ponderar la idoneidad de los recursos humanos existentes», completa el texto legal.
La decisión de hoy se une a la medida anunciada ayer por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, de evaluar 64.000 contratos temporales firmados durante el kirchnerismo.
La medida contó con un rechazo inmediato por parte de los sindicatos mayoritarios del sector, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocaron hoy un paro en señal de protesta.