martes, 25 de octubre de 2016
Máscaras del poder

marta-nercellas11Por Marta NERCELLAS

En Argentina cada vez hay más preguntas y menos respuestas. Si no nos chocamos con los hechos no podemos recapacitar sobre el valor de la palabra. La desvalorización de la verdad, la impudicia con la que se afirman falsedades sin que el rubor tiña la cara del orador, genera un daño social difícil de medir.

La árida transición entre la mentira cotidiana aceptada en silencio y una verdad que preferimos no ver, transcurre entre señales contradictorias que dificultan saber si estamos frente a engaños mejor disfrazados o realidades que lucen opacas por los resabios de aquellas luces potentes que nos mostraban un país maravilloso que contrastaba con lo que se veía: el aumento de las personas en situación de calle , el incremento de las conductas prohibidas y el alejamiento del resto de la comunidad internacional con pocas y nada honrosas excepciones son sólo algunos ejemplos.

Las estadísticas oficiales fueron falseadas. Pero no era sólo un problema del costo de vida, todas las estadísticas (esos datos que permiten formular políticas y programar soluciones) eran desaparecidas o tergiversadas. No “se secuestraban goles” (término inoportuno al menos), se “secuestraba” la verdad. Nadie sintió que tenía que disculparse. La ficción siguió   y nosotros -todos y cada uno de nosotros- aceptamos con naturalidad el absurdo, la prepotencia, la mentira repetida y naturalizamos todos los agravios con el temor del golpeado ante el látigo de quien le infringe el castigo.

Jueces, Fiscales, fuerzas de seguridad, funcionarios de los distintos entes de control o empresarios no sólo silenciaban lo que ocurría, sino que soportaban la agresión simbólica o concreta, suplicando en silencio que la cólera de quienes ejercían el poder no aumentara.

Graciela Bevacqua, expulsada del Indec por negarse a falsear las estadísticas

Graciela Bevacqua, expulsada del Indec en el 2007 por negarse a falsear estadísticas

Los consensos no eran regados sólo con el rigor del látigo sino también con dineros públicos que generaron un déficit fiscal monstruoso del que no se intenta salir tampoco ahora. Sin duda esa capacidad de negociar ocultando disidencias justas o injustas resultó muy cara a las arcas fiscales. La deuda interna no era medida porque evidentemente no pensaban pagarla: el dinero de ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social), el de las obras sociales, la coparticipación de las provincias, las retenciones, los juicios de los jubilados, la emisión sin control siquiera de la calidad de los billetes que se imprimían y otra larga cantidad de desatinos, se dilapidaban sin disimulo. Nadie pareció advertir que los dineros de las rutas y carreteras  se deslizaban en telenovelas hasta que de pronto la penumbra se hizo luz y todos comenzamos a gritar por lo ocurrido y a exigir que sea subsanado sin demora.

Se levantó el cepo, se salió del “default”, se intenta implementar nuevas reglas a la economía sin evaluar si las medidas son buenas o malas pero lo cierto es que las disfonías fueron curadas y de pronto parece que todos los actores quieren tomar la centralidad del escenario. Todas aquellas quejas amontonadas en nuestra garganta salen a borbotones y queremos soluciones sin demora. Las instituciones (incluyendo muchas Universidades) vaciadas de contenido y con una finalidad tergiversada para que pudieran aplaudir la avaricia del poder, ya no representan casi nada.

La gente se vuelca a las calles con buenos y malos motivos. Pide que acabe la violencia, que vuelva la luz, que no se despida a los empleados o intenta imponer su voluntad en forma directa olvidando el mandato constitucional que afirma que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Como suele ocurrirnos, el balancín va de un extremo al otro: sometimiento mesiánico o desconocimiento de la autoridad; liderazgo mágico o la negación de cualquier intento de decidir; orden es sinónimo de represión, todo o nada.

Si se decide una evaluación de estudiantes, éstos y lo que es aún más grave, profesores y padres se alzan contra la decisión con fundamentos incomprensibles, pero con una violencia que indica que hemos aprendido que el que grita y golpea tiene posibilidades de mantener (al menos por un tiempo) callados a quienes no están de acuerdo. Las autoridades y los padres avalando la ilegal toma de los colegios. Los que quieren concurrir a clase resultan impedidos por la fuerza de los disidentes. Los resultados de las urnas dijeron quién debía gobernar -nos guste o no- pero la extorsión y la violencia pretenden que el acto electoral no ha sucedido. Terminan “gobernando “quienes pueden desplazar de las aulas a quienes pretenden tomar la prueba.

La consigna “Si sos docente no evalúes” que se leía por doquier ¿Qué significa? ¿Que debe continuar la mentira de hacer circular por los grados a los alumnos que no adquirieron los conocimientos esenciales para no estigmatizarlos?; ¿Da lo mismo aprender que ignorar? Es evidente que en el inconsciente colectivo se ha tallado que el hecho de aprobar califica y al hacerlo se abona la inserción social. Lo simbólico otra vez pulseando con la realidad.

“La evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos permite corregir algunas fallas y procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, permite planear nuevas experiencias, así como mantiene consciente al alumno de su grado, avance o nivel de logro lo refuerza oportunamente en áreas de estudio o aprendizaje que se perciban como insuficientes y le permite al docente planear nuevas experiencias para el logro de los objetivos; así como revisar su desempeño docente” afirmó Gutiérrez Cerda. Tal vez justamente porque es un instrumento de medición, una herramienta de transformación, un medio que permite corregir algunas fallas y procedimientos docentes, es que hay que eliminarlo de nuestras escuelas, no vaya a ser que logre su objetivo ¡

No es lo mismo dato que información, ni información que conocimiento. Pero ocurre algo aún peor que esa confusión bastante generalizada: quien tiene la obligación de educar no dice lo que sabe sino lo que le conviene para no perder aquella cuota de poder que adquiere al lograr manipular a quien le falta ese conocimiento.

El funcionario público no asume la obligación de rendir cuentas y no tiene la disposición de hacerlo.  Los ciudadanos carecemos de iniciativa para exigirlas, sólo conservamos el derecho de reclamar beneficios.

El Poder Judicial actúa sobre el pasado. No podemos pretender que prevenga ni que adivine el futuro comportamiento de aquel cuya libertad se impone por exigencia de las leyes vigentes. Pero estamos en problemas cuando en una vocalía de la Cámara Nacional de Casación (tribunal penal de máxima jerarquía) se “traspapelan “por años, 45 expedientes sobre narcotráfico y corrupción y la mirada de la sociedad continúa indiferente. Claro, no es un procedimiento novedoso para procurar la impunidad de los amigos, cuando las pruebas complican hay que perderlas, como ocurrió con los legajos de la IGJ (Inspección General de Justicia) que podían indicar quienes eran testaferros en el caso Ciccone

Los Jueces no investigan, quienes deben hacerlo olvidaron el halago del aplauso internacional por ser la mejor policía del mundo (en 1930) cuando idearon la forma de clasificar las huellas dactilares o el Scopómetro , hoy necesitan de la Ley del Arrepentido para poder hallar alguna prueba que corrobore lo que todos sabemos, Si a alguno de los responsables no se le ocurre revolear bolsos con los dólares robados por encima de los muros de un falso convento y un vecino llama al 911 o un valijero no delata las maniobras en las que participó, no hay investigación exitosa.

Necesitamos una ley que nos miente desde su denominación,“Ley del arrepentido” , no es necesario que se arrepienta del daño hecho, sólo que señale a quienes junto a él cometieron las tropelías. Trocamos investigación por delación, porque hemos perdido las capacidades de las que supimos hacer gala. No importan los indicios desparramados por doquier, esos que cualquier aficionado puede detectar, los rastros son invisibles para los obesos ojos de los funcionarios si no son delatados o impúdicamente exhibidos por los delincuentes.

El Poder Legislativo debe actuar sobre el futuro pero, cuando observamos debates grotescos y personalizados, donde las cuestiones de privilegio parecen estar por encima del contenido esencial de las leyes, cuando vemos desde el vocabulario al lenguaje gestual o las ausencias de los Diputados en bloque, ya sabemos que la ley que saldrá de ese recinto tendrá más cuestionamientos que aciertos. Cuanto más grandilocuentes son los epítetos, más vacío de contenido es el mensaje, los pronuncie la boca de un periodista o de un legislador. La corrección no cuenta. Los argumentos fuertes, contundentes, no necesitan de frases soeces ni de insultos generalizados.

El Poder Ejecutivo es quien maniobra sobre nuestro presente. No son comentaristas de lo que ocurre, deben ser sus arquitectos. Sin embargo, existen muchos interesados en distraerlos de esa tarea. Negociaciones interminables con quienes lograron concentrar el poder, conservarlo y amañarlo ahora.

Cuando el Estado es eficiente y se maneja con pericia es casi invisible. Cuando el Estado es noticia permanentemente estamos en problemas. Los funcionarios y ex funcionarios investigados por delitos de corrupción; de lavado de dinero; de traición a la patria o de encubrimiento, quieren detener los procesos paralizando las agujas de la historia a como dé lugar y mucho tienen que ver con el caos y la anomia que impide cualquier avance. No hay Estado de Derecho sin controles judiciales, sociales y patrimoniales de quienes detentan o detentaron el poder. Sin embargo, cualquier excusa es buena para impedirlo.

André Berthiaume decía: “Todos llevamos máscaras y llega un momento en el que no podemos quitárnosla sin quitarnos nuestra piel”. La lucha que observamos no es por mejoras sociales sino para que los falsos gladiadores no queden en carne viva.