Por Daniel CASAS

A principios de los años ‘70 la inolvidable María Elena Walsh editó Oración a la Justicia, una canción que una década más tarde, con las voces del Cuarteto Zupay, se convirtió en uno de los íconos de la primavera democrática de Argentina. “Señora de ojos vendados/que estás en los tribunales/sin ver a los abogados,/baja de tus pedestales./Quítate la venda y mira/cuánta mentira.”, dice la primer estrofa. Pasaron 45 años y la canción no sólo sigue vigente sino que la situación es peor.

El Poder Judicial es desde siempre una de las corporaciones más resistentes del país, pasan dictaduras, pasan gobiernos de distinto signo y sus miembros terminan por reciclarse. En un punto es lógico, porque a diferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo la Justicia tiene que ser independiente de los poderes políticos, pero basta recorrer los archivos -o las hemerotecas, porque no todo está digitalizado- para saber que no es así.
“Los gobernantes terminan investigados por los jueces amigos que designan”, sintetizó en una entrevista concedida a la agencia Télam el jurista Luis Gabriel Moreno Ocampo, ex fiscal adjunto en el Juicio a las Juntas Militares (1985), ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y actual catedrático en la universidad de Harvard.
No le falta razón. Basta recordar a Carlos Menem bajo prisión domiciliaria por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia o a Cristina Fernández de Kirchner recorriendo los tribunales por un manojo de causas por acusaciones que van de la corrupción al capitalismo de amigos.
Los jueces no arremeten contra un gobierno poderoso, no ejercen una función correctiva sobre la marcha, sino que actúan a posteriori, cuando la replica no tiene casi consecuencias. Funciona así desde hace décadas y nadie saca los pies del plato.
A principios de los ‘90, donde podemos ubicar una bisagra para peor en la situación descripta en el poema de María Elena Walsh, Menem formó durante su primer mandato una Corte Suprema de justicia con una mayoría adicta, a los que sumó algunos jueces federales que aún siguen en funciones.
Sorteando los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde, donde no pasó nada especialmente relevante en este plano, cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia impulsó una renovación de aquella Corte menemista que alentó algunas esperanzas, pero duraron poco.
Por un lado, Raúl Eugenio Zaffaroni, un brillante penalista ocupó una de las plazas que se abrieron -aún la Argentina tendrá que responder en tribunales internacionales por el desplazamiento forzado de Antonio Boggiano- y al poco tiempo se convirtió en un juez afín al gobierno, afinidad aún mantiene, aunque ya como abogado de la matrícula.
Pero además el kirchnerismo colonizó la Cámara Federal de Casación Penal, con lo que se aseguró un tapón importante para que los temas de su interés no llegaran a la Corte o demoraran lo suficiente como para generar una estrategia ad hoc. Y en paralelo se instaló en la Procuraduría a Alejandra Gils Carbó para disciplinar a los fiscales díscolos.
El gobierno de Mauricio Macri tiene aún crédito en los tribunales, pero debiera saber que es un bien que se gasta inexorablemente. El proyecto de Justicia 2020 que el Presidente lanzó en mayo de este año tiene objetivos ambiciosos, gratos al oído de quienes desean un ordenamiento de las instituciones y naturalmente extendidos en el tiempo, pero ese camino podrá ser lento o truco si no se modifican las estructuras judiciales y la lógica con la que la política se relaciona con los representantes de la Justicia.
También es interesante el trabajo que está encarando el ex fiscal Moreno Ocampo con el Colegio de Abogados para organizar “un seguimiento” ante el Consejo de la Magistratura de causas emblemáticas y el comportamiento de los jueces.
El jurista precisó que la intención es trabajar en conjunto con el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que debe controlar el desempeño de los magistrados, “al servicio de un trabajo que impulse determinadas causas”, y precisó que “estamos trabajando en un convenio con la universidad de Harvard para formar profesionales para esta tarea”.
En cualquier caso, la efectiva implementación de Justicia 2020, que merece un debate más profundo, así como la creación de esta iniciativa que encabeza Moreno Ocampo y otras que pudieran aparecer dependen de la decisión política de cambiar este formato que, en definitiva, consolida la lógica de que quien gana una elección tiene un tratamiento diferencial que pierde al dejar el poder, aunque parcialmente, porque sólo una pequeña porción de lo hecho termina en los tribunales.
Así, la Justicia pierde independencia y se transforma en una rueda de auxilio del poder político. Sus decisión jurídicas, o la falta de ellas, se transforman en herramientas de la política que terminan en una suerte de gatopardismo, donde finalmente nada cambia. Y como decía el verso final de aquella memorable canción de María Elena Walsh, por la salud de las instituciones hay que hacerlo “porque ya es hora”. (Ideas y Protagonistas)