lunes, 11 de marzo de 2019
“Poder, justicia, intereses e independencia”, por Marta NERCELLAS

Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

La independencia del poder judicial es una de las premisas innegociables de un estado democrático de derecho. Cuando escuchamos las negociaciones políticas y las conversaciones en voz baja en los pasillos tribunalicios, observamos que principios tan básicos como el enunciado son puestos en crisis.

El impulso procesal que tiene la denominada “causa de los cuadernos” parece afirmar a los gritos, graficados en los emoticones que representan las detenciones de figuras emblemáticas de la política y del empresariado, que nuestros Jueces decidieron por fin calzarse sus pantalones largos para demostrarse a sí mismos que la adolescencia quedó atrás.

Nos cuesta desprendernos de símbolos y por eso seguimos llamándola “la causa de los cuadernos” pese a que todos sabemos que no se trata cuadernos sino de corrupción en su máxima expresión, escondida entre las letras de sus renglones fotocopiados.

En un año electoral como lo es éste, las ideas y los principios parecen ceder porque toda la energía se aboca a la lucha por los cargos o, al menos, por lograr que la letra de imprenta de la boleta electoral imprima el nombre del combatiente.

Guerra de encuestas y de negociaciones para quebrar la paridad que la indecisión ciudadana impone a las propuestas. Nadie parece advertir lo que le pasa a la gente de a pie, lo que los desvela, qué desean y a qué temen. ¿O, sí lo advierten y los confundidos somos los que escudriñamos la realidad desde el “tapper” de los rincones de Comodoro Py?

Si las consultoras que poco explican y menos transparentan no publican porcentajes que los pongan en la lista de los ganadores, los potenciales candidatos pueden negociar con el mismo diablo para lograr el número mágico que les permita acariciar la banda y el bastón que en su imaginario los convierte en dueños de Argentina. No en su guía, no en su presidente, sino en su propietario.

No importa con quién tengan que acordar ni cuál sea el precio que les pidan. Lo cierto es que aquel al que ayer le dirigimos los peores agravios hoy puede ser nuestro socio, si su aporte son los votos que permiten cumplir con el sueño de “gobernar” el país. Todos nos anuncian sus ambiciones, ninguno nos explica para qué quieren ocupar el cargo.

Si el precio es la impunidad del requirente parece una exigencia aceptable para los actores de esta comedia que llamamos elecciones; no importa que la llamada causa de los cuadernos haya elevado fuertemente el precio de esa impunidad y genere tanto enojo como el que nos produce la inflación que empuja el valor de nuestros insumos cotidianos. Ya encontrarán un relato que haga digerible ese perdón decretado en el confesionario de quien necesita los votos del pecador.

El haber sido “una abogada exitosa” le dio gimnasia a la expresidenta, Cristina Fernández, para lograr cerrar un convenio con grandes premios.  Cargos, protagonismo (o silencio, lo dirán las encuestas) pero esencialmente, impunidad.

El desagradecimiento de los mal llamados arrepentidos la ha colocado en un callejón judicial del que parece no tener salida. Las pruebas objetivas, que exceden ampliamente las señales indiciarias de los dedos acusadores, obligan a los pronosticadores judiciales serios, a pensar que no puede sino terminar en un cuarto cuyas ventanas estén selladas por las rejas y no para ampararla de la inseguridad callejera, sino para que cumplan con las penas que las leyes prevén para quienes cometieron los delitos que parecen tenerla como autora.

 El mayor botín al que hoy puede aspirar es la impunidad, la garantía que las promesas punitivas de las leyes que infraccionó – según parecen indicar las pruebas colectadas- no se harán efectivas en su caso y- quiero suponer que, madre al fin- en el de sus hijos.

Los dirigentes que se encuentran negociado la “unión “del peronismo, que están tejiendo con punto atrás y con hilos invisibles la fórmula de la felicidad, cuando son requeridos sobre qué ocurrirá si ellos ganan, con los múltiples procesos en los que la señora expresidenta es la principal protagonista, responden con evasivas en las que mienten sobre un poder judicial independiente de las presiones políticas. Tal y como si no se hubieran conocido los intentos de cooptar la justicia en forma constante, con armas sofisticadas y a veces directamente con extorsiones, amenazas y muerte, porque la muerte del Fiscal Federal – Alberto Nisman- no fue obra del cambio climático.

A veces admiten, pretendiendo hacer dogmática de las más pragmáticas de las políticas (ganar bien vale encerrar en un oscuro armario algún principio) que se debería revisar el estatus de los expresidentes en relación con la responsabilidad penal de los actos de gobierno.

Surge sin intervalo una sucesión de interrogantes: ¿La corrupción organizada para desangrar las arcas estatales es un acto de gobierno?, ¿los pactos de impunidad con el agresor que colocó una bomba en suelo argentino es un acto de gobierno? , ¿las amenazas a los empresarios para quedarse con parte de sus ganancias o de sus empresas, son actos de gobierno?, ¿lo son acaso las licitaciones amañadas para la ejecución de obras cobradas con sobreprecios, pero no realizadas?

 Podríamos seguir en una larga enumeración de dudas que nacieron cuando hace ya muchos años, la Corte de Justicia de la Nación pretendió que los funcionarios de un gobierno [1]no pueden constituir una asociación ilícita, tal y como si pretendieran que los actos realizados desde las más altas Magistraturas no pueden ser delito, aunque su realización encaje exactamente con la descripción del Código Penal para describirlos. Judicializan la política cuando parece beneficiar a sus fines egoístas, pero intentan generar dudas cuando la justicia  entiende que no son actos de gobierno sino crímenes los ejecutados.

Anuncian – por medio de oscuros personajes, coincidentes a veces con los que constituyeron la diplomacia paralela que negoció el Memorándum con Irán– que pondrán en disponibilidad a toda la Justicia Federal, que enviarán a la cárcel a quienes detuvieron a los funcionarios del anterior gobierno a los que califican de presos políticos.

 Lo dicen los don nadie, pero los mensajes llegan. Algunos funcionarios titubean, retienen su marcha, temen. No podemos cuestionarlos por tener miedo cuando quienes lo provocan demostraron que no les tiembla la mano cuando quieren vengarse de aquellos que señalan como los causantes de sus dramas.

El DNU[2] de extinción de dominio, con muchos errores y cuestionamientos posibles, era una señal clara a los ciudadanos, lo robado debe ser devuelto. Lo que integraba el patrimonio de todos, no puede ser usufructuado por quienes se lo apoderaron. La respuesta del Congreso fue una alarma que se encendió y que emitió señales luminosas y sonoras para todos los que entienden el lenguaje de los gestos “con lo robado no se juega”,  integra el patrimonio particular de uno de los nuestros y todos – sin distinción de calificativos después del sustantivo peronista- nos unimos para defenderlo.

Ya decía Francisco Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón” y, a la luz de lo que va sucediendo parecen tener más oxígeno los que no intentan demostrar la verdad de lo sucedido, al menos no con la urgencia que el daño causado requiere, aquellos que ganan tiempo aparentando remar sin mover las aguas de la verdad, que el Juez y los Fiscales que continúan derribando los muros que construyeron para esconder sus desfalcos.

La lucha entre Diké (Diosa de la Justicia) y Némesis (Diosa de la venganza) está en sus primeros rounds. Todavía se ignora quienes serán los árbitros que decidirán quién gana.

La conveniencia clausura el pensamiento racional. Las evidencias -bolsos, propiedades, videos, testimonios detallados, contratos inexplicables, sobreseimientos írritos, etc, etc- carecen de significación cuando la manada se guía por los aullidos gestados por la conveniencia, el poder y el dinero.

La verdad no importa o le importa a pocos y esos pocos tal vez queden calificados como los villanos en el relato de la historia contemporánea.


[1] En ese caso el que constituyó el expresidente Carlos Menem

[2] Decreto de Necesidad y Urgencia