Por Marta NERCELLAS, para SudaméricaHoy

En Argentina, la justicia no fue considerada actividad esencial en los decretos del ejecutivo que ordenaron el aislamiento social (no individual sino social, todo un anticipo). La Corte decretó una feria extraordinaria que superó los 150 días sin que la sociedad la increpara por esa parálisis. Sin embargo, el proyecto de reforma de la olvidada justicia es ahora considerado el más urgente a tratar y el que merece esfuerzos presupuestarios inimaginables ya que, cada voto negativo es acariciado con el regalo de una designación de magistrado en los pagos del que está remolón. Contradicciones a las que nos tienen acostumbrados los funcionarios de nuestra Argentina.

Los desajustes y la inoportunidad del debate que se impone con la prepotencia de las mayorías obtenidas en las elecciones gastaron litro de tinta y dejaron afónicos a todos los que intentan señalar que los objetivos que dicen que movilizan los cambios propuestos, parece ideados en anverso a las finalidades.

La comisión de asesores, quienes la integran y las inexplicables ausencias en su seno. El secretismo con el que se organizan sus reglas. La manifiesta falta de sinceridad de sus fines y tantos etcéteras que nos consumirían el espacio sin que comience a hablar siquiera de un “detalle” que consume mi pensamiento: la falta de respeto a los pares y a los ciudadanos y la argucia envolvente como método para retroceder simulando avanzar.

 Intentaré olvidarme del tema esencial para quedarme sólo con algunas formas que hablan de la falta de respeto institucional, de la intención aviesa de ir por la libertad de expresión, de la piedra lanzada al aire sin que aparezca una mano que la arroje.

La comisión del Senado debatía el proyecto de ley que, si se efectúa una rápida lectura parece tan solo un pliego de propuestas de creación de cargos. Recorriendo la ruta en la búsqueda de consenso para aprobar la ley, se van subiendo al presupuesto público cientos de sueldos de nuevos funcionarios que se agregan a esa lista.  El voto de un legislador bien vale una vacante en su tierra para que pueda designar a un juez amigo cuya solícita colaboración siempre será bienvenida. Son favores que se pagan con los dineros públicos, así que no hay razón de preocupación.

En el debate, cuando ya el proyecto se cerraba para el pase al pleno, el Senador Parrilli deslizó la frase “grupos mediáticos”, para agregar  a la enumeración – que es meramente ejemplificadora- de un inciso  del artículo que impone a los jueces  la obligación de informar en forma inmediata “cualquier intento de  influenciar” en sus decisiones, agregando que la falta de información constituye mal desempeño. Es decir, razón suficiente para que se le inicie juicio político y se lo destituya.

El agregado produjo un escándalo y, especialmente los periodistas, entendieron que se agredía la libertad de expresión que sin duda es la esencia de su actividad. En el pleno, con una impericia digna de quien fue calificado como “imbécil” por la actual vicepresidenta en innumerables conversaciones que se hicieron públicas, Parrilli afirmó que tiró un “anzuelo” y que “picaron”. Impúdicamente comparó al recinto con un campo deportivo en el que deben demostrarse las destrezas y las picardías propias de la calle, pero no del Palacio Legislativo. Magnánimamente dijo, ahora que vimos quienes “picaron” retiro el agregado.

Levantando inmediatamente la caña en la que había clavado el anzuelo, pero dejando tendido un medio mundo para atrapar a la libertad de expresión de los ahora  tranquilizados opinadores.

Suprimió sólo esa frase y no la cláusula, como mal se informa. Una cláusula que atenta en su totalidad contra las libertades, especialmente las del Juez a quien dice proteger.

¿Quien decidirá que información intentó influir sobre el Magistrado?  La equivoca redacción permite inferir que será el Consejo de la Magistratura. El mismo que luego lo juzgará y podrá destituirlo. Es decir, lograron ocultar tras  la torpeza oratoria del legislador que la semilla de la censura quedó plantada.

¿Qué significa “influir” ?, ¿será publicar lo que ocurre en una causa en trámite? O ¿ mencionar qué resolución se cree que corresponde dictar de conformidad con los datos objetivos que analizan? O ¿que se muestren las pruebas existentes que la justicia aparentemente no esta viendo?

 La cláusula que quedó en el proyecto es íntegramente inconstitucional, pero sobre actuando primero – ya que grupo de poder incluye grupos mediáticos- y aparentando ceder a la crítica luego- lograron su propósito: Los jueces que no sean convenientemente domesticados tendrán la oportunidad de rogar para que ningún medio u opinador diga nada referido a las causas que él tramita. Si lo hacen, el Consejo puede entender que se está tratando de influirlo, que el Magistrado no lo denunció y con esa «llave”, supuestamente legal, podrá abrirle  juicio político al díscolo, amenaza de juicio que puede destituirlo o hacerlo entrar en razones.

Formas y fondo deberían tener como común denominador el respeto. Pero los exabruptos de Parrilli no fueron los únicos que agraviaron esa sesión en la que se aprobó la media sanción del proyecto en el Senado.

 Durante el debate se iban sumando cargos en el proyecto, cargos que ni siquiera se fundamentaban como necesarios para la correcta administración de justicia. Sino, mas bien, lugares que se canjeaban por votos para aprobar el proyecto. Al momento de votar se lee el texto que se pone en consideración y el Senador Lousteau,  advirtiendo que durante quince minutos se leyeron cambios de los que no habían sido ni siquiera informados, interpuso una cuestión de privilegio. La presidenta lo interrumpió diciéndole: “Senador, pero si van a votar en contra”.   Correctamente le informó que la cuestión de privilegio la interponía para preservar el buen funcionamiento de la Cámara. Buen funcionamiento que no solo parece no importa, sino que, ni siquiera se molestan en disimular. La voluntad legislativa se integra con los votos positivos y los negativos, principio esencial que quien dirigía la sesión parece ignorar.

El uso intensivo del poder va de la mano con la degradación de la democracia. Debe sancionarse a quienes defienden los valores republicanos porque con el brillo de su ostentación ética ofenden a los mediocres que intentan la defensa de intereses mezquinos Con cálculo político,  decidido adonde se quiere llegar,  sólo se debe justificar el camino para lograr alcanzar el objetivo.