Marta NERCELLAS, para SudAméricahoy

Miedo, el remedio más “vendido” ante el dilema aislamiento total o muerte, pretenden que continúe siendo la píldora que adormezca los espíritus. Los comunicadores todos – políticos y profesionales- repiten cifras y pronósticos negativos como un latiguillo que   intenta impedir pensar. Cuando más nos acercamos a la cúspide de esa curva de contagios de la que nos hablan hace casi cien días, los apuros autoritarios tironean de la máscara, dejando al descubierto que detrás de la moderación vive la prepotencia.

Desde el gobierno todo es misterio. Tienen plan económico, pero no nos lo cuentan. Tal y como si nosotros no fuéramos parte del país para el cual se lo diseña.  Diseñaron el proyecto de reforma judicial pero, el quiénes, el para qué y el cuándo, lo mantiene “in pectore” el presidente. Llaman a una conferencia de prensa y ni siquiera los principales funcionarios del oficialismo sabían que se anunciaría la expropiación de una de las empresas agroexportadoras más importante del país.  El secreto con el que se “elaboran” (porque alguna etiqueta hay que ponerle al quehacer) los grandes planes nacionales impide que alguien les avise que incurren en  acciones inconstitucionales, ilegales e inoportunas con más frecuencia que la conveniente.

 La pandemia es una gran cortina de humo detrás de la cual se desenvuelve el gobierno. Se  archivan causas que tenían como objeto investigar graves hechos de corrupción; se acomodan funcionarios en los lugares donde hay caja, se domina territorio o se puede acumular poder; se entregan bienes que estaban «cautelados» esperando  un mas que probable decomiso; se conceden pensiones a un ex vicepresidente condenado entre otras “minucias” por apropiarse de la “máquina de hacer dinero”; el jefe de todos los abogados del Estado, afirma sin ruborizarse que sólo pueden quitarse los beneficios si los funcionarios fueron separados de sus cargos por juicios políticos pero no por condenas judiciales, aunque estas hayan sido dictadas por defraudar al país.

Los ojos ciudadanos se fueron acostumbrando a la penumbra y comienzan a ver lo que se les quiere ocultar.  Muchos prefieren no identificarse cuando formulan el reclamo. Me sigue sorprendiendo el miedo. Varios periodistas decían que nadie se anima a decirle NO a la señora (en obvia referencia a nuestra vicepresidenta). El por qué, no tiene respuesta, o si la tiene, no logran siquiera balbucearla. Uno de los que no se atreve es el presidente. Que no le importe hocicar públicamente y que ante su evidente rol de “mandatario” (en el peor de los sentidos) sólo atine a decir, lo hablé con ella pero se me ocurrió a mí, causa escalofríos.  Creo que debería leer su historia en forma diferente: no es presidente gracias a los votos de la señora, ella volvió al poder gracias a los votos que él traccionó.

 Subraya siempre su rol de profesor de derecho. En plena pandemia se mostró dando una clase virtual. Resulta un gesto insensato no solo por la mala enseñanza que significa para futuros abogados que con sus acciones niegue los principios y las garantías constitucionales o tenga arrogantes gestos de machista el maltrato hacia una periodista que, pese a ser mujer, no recibió el respaldo de los colectivos feministas frente al atropello.  Si no, además, porque debería ocupar todo su tiempo a administrar nuestro país que sufre una pandemia, que tiene una economía quebrada, que carece de presupuesto, en el que el índice la pobreza sube descontrolado y que va por el camino de continuar con el mote de incumplidor serial.

Equiparar los DNU con la ley es minimizar el rol del Congreso. Es ignorar que son instrumentos excepcionales que requieren aval legislativo, aunque sirvan para la emergencia.   Se lleva por delante la división de poderes y prepotea a la justicia. Dice “yo soy el presidente” como si esto lo pusiera en un rango superior e incontrolable, olvidándose de ejercer esa función cuando debe rechazar planes que no se condicen con lo que acababa de prometer.

 Se vaciaron de contenido las palabras, los compromisos asumidos, las instituciones y los controles. Se nos entregó la llave para que nosotros mismos, temor mediante, clausuráramos las puertas de nuestras viviendas y se nos ordenó utilizar un tapaboca que más que función sanitaria se pretenden que tengan la función de censurar lo que pretendamos decir.

La empresa agroexportadora que pretenden expropiar, es sólo una muestra de las desatinadas medidas que está adoptando y que nos sumirán en una agonía en la que entristecidos y dependientes del Estado no nos quedarán energías ni capacidad para pensar y actuar conforme nuestras convicciones. En el extraño formato federal que padecemos, asfixia a las provincias para los gobernadores se sumen a sus planes, disfrazándolos para que sean más digeribles para aquellos que los votaron.

Se habla de expropiar para dar transparencia y con la misma mano se tapan los actos de corrupción ya identificados y acreditados.

Acababa de afirmar frente a un grupo empresarial que no irían por las empresas, pero después de una cena con su vice, esta empresa resultó apetecible. Evidentemente los “condimentos” de la señora cambian el sabor de su comida.

Que la empresa se encuentre en concurso de acreedores no significa valladar alguno porque piensa que el único poder es el Ejecutivo, el resto debe obedecer sus consignas para que pueda cumplirse el plan de gobierno.   La autoridad del magistrado y del sindico judicialmente designado pueden saltearse, total sólo se trata de un “juez de provincia”.

 Ordenaron intervenir la sociedad   y los funcionarios designados por el poder ejecutivo se dirigieron a la empresa.  El pueblo impidió su ingreso. Un gentío en el que había muchos de los acreedores que supuestamente Fernández quiere “salvar “.

Una “chicanera “reunión entre los propietarios, el gobernador de Santa Fé y el presidente, supuestamente para encontrar soluciones alternativas al conflicto les abrieron las puertas. Creyeron en el diálogo, en la posibilidad de arrimar otras alternativas, pero de ese sueño lo despertó la propia voz de su interlocutor afirmando que no quedaba otro remedio que la expropiación. No le importó descolocar al gobernador que quedó desairado, total igualmente días después siguió ayudándolo a mentir.

  Afirma sin ponerse colorado que el Ejecutivo puede expropiar, olvida que previamente es el Congreso el que debe decretar la utilidad pública de la media. Ningunea a los diputados y senadores que son en rigor los únicos que pueden resolverlo.

 El silencio de la mentora de la medida – nadie duda que es así y ella no lo desmiente- es muy elocuente.  Agazapada en las sombras sólo le importa mover los labios del presidente.

Afirma que una de las primeras medidas de los interventores será buscar reconstruir la confianza de los clientes, cooperativas, corredores y productores. Credibilidad de la que el mismo carece a punto que la empresa prefiere someterse a la justicia de Estados Unidos (no precisamente benévola con los deudores) que a la de nuestro propio país.

El sábado, día de nuestra bandera, Fernández logró la obediencia de los ciudadanos, nos había pedido que: ”Si alguna vez les fallo salgan a la calle” y,en plena pandemia, y en un momento de alto número de contagios, la gente salió a la calle. No había banderas partidarias, sólo la celeste y blanca y sólo le exigían que respete nuestro contrato social que es la Constitución Nacional.

No le importa el banderazo porque se “trata de gente confundida”. Y otra vez tiene razón. Confundida, pero respecto a él. ¿Quién es? ¿Cuál es el verdadero? En rigor debió decir que no le importa, porque no le importa la opinión de la gente.

Administrar la pobreza da mucho poder, por eso repite su desinterés por la economía ante su incapacidad de contrastar la frialdad de los números con la ideología.

Se niega a negociar “con los accionistas de Vicentín porque tienen imputaciones penales», pero no se negó a aceptar ser el presidente  de quien se encuentra procesada por gravísimos delitos de corrupción. En rigor, no sólo se asocia, se subordina a su voluntad y colabora con el plan para que esos delitos queden impunes.

Se afirma que los propietarios de la empresa están sospechados de delitos y por eso hay que correrlos de la adminsistración, olvida que con ese criterio nos quedamos sin funcionarios en el gobierno.

Aunque no distingue la diferencia entre una empresa en quiebra y una en concurso de acreedores, pretende “rescatarla”. ¿Propone que un estado en quiebra sume sus pasivos a los empresariales?

Dice que a la gente no gusta la palabra “expropiación” pero está en la Constitución desde siempre.  Habría que avisarle que el problema no es la etiqueta, sino la indebida apropiación y la agresión a las garantías y los derechos que con ella se realiza. Parece que nunca lee la ley en forma completa, porque la expropiación tiene requisitos y exigencias que pretende saltear.

Es complejo que, en un país presidencialista como el nuestro, en el que por añadidura el Ejecutivo ha concentrado todo el poder, por default de los otros poderes o a empellones, el presidente no solo no cumpla con su palabra, que exhiba sin pudor el absoluto divorcio entre lo que dice y lo que hace, sino descubrir que tampoco tiene poder, ya que su función es solo aparente.

 Tal vez podríamos recordarle lo dicho por Marx Twain: “Las cosas malas no te suceden porque no sabes sino porque crees que sabías”