Por Clara RIVEROS

El retorno de Dilma a Planalto parece difícil. El proceso de «impeachment» contra la presidente siguió y sigue los cauces institucionales. Los poderes actúan con independencia, hay un sistema de pesos y contrapesos. No hubo ningún golpe, lo que sí hay es una crisis de legitimidad en el interior del poder Legislativo y en el Ejecutivo. El ordenamiento constitucional permite sancionar la responsabilidad política de un presidente por fallos administrativos.

¿Dónde quedan los límites al poder para quienes hoy hablan de golpe? Un presidente no es omnipotente y, aunque así lo quiera el elegido y su elector, el sufragio no otorga un cheque en blanco con total inmunidad a un funcionario. No se cambió el sistema de reglas para perjudicar a la mandataria, hay antecedentes de la utilización de esa figura –impeachment- en Brasil.

Rousseff atraviesa sus horas más difíciles, está en legítimo derecho de defenderse pero debería hacerlo con altura, pensar en el país más allá de salvar el cargo. Sus declaraciones desesperadas e irresponsables, lesionan la democracia y aportan un nuevo capítulo a la imagen negativa que viene dejando Brasil en el mundo. Probablemente se esperaba un poco más de la mandataria sí se tiene en cuenta que, más allá de sus simpatías, no es Cristina Kirchner o Nicolás Maduro.

La ex presidenta argentina, Cristina Fernández junto a Dilma Rousseff

En medio de la crisis, alguien lo está haciendo bien. La justicia está lavando la cara del país en la operación Lava Jato y ha demostrado independencia en las causas que lleva adelante. Actúa sin contemplación con empresarios o con líderes políticos del signo que sean. Así lo demuestra, por un lado, la condena a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, en los primeros días de marzo; o, la suspensión, a comienzos de mayo, del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha -PMDB- por obstruir las investigaciones que lo involucran en el escándalo de corrupción de Petrobras. Cunha, que impulsó el proceso contra Rousseff, aseveró que no hay posibilidad de que renuncie a su cargo.

Estos días se filtraron dos grabaciones -hechas en marzo por Sérgio Machado, exdirector de Transpetro, una empresa encargada de la logística de Petrobras- que involucran al recién designado ministro de Planificación, Romero Jucá, quien insinuaba que la salida de Rousseff serviría para frenar las investigaciones judiciales por el escándalo de Petrobras. Jucá tuvo que apartarse de su cargo para no minar la escasa legitimidad del gobierno interino.

En la otra conversación aparece el presidente del Senado, Renan Calheiros del PMDB -el mismo partido del presidente en funciones-. Calheiros -que también está siendo investigado- sugería que tras el impeachment a Dilma, la justicia tendría que modificar su actuación, además de anotar que la presidente no pudo detener el juicio político por el malestar con el presidente del Tribunal Supremo -que buscaba un aumento de salario-. La preocupación de la clase política es general, Calheiros subrayó que si Marcelo Odebrecht delata a todos los implicados en la trama de corrupción -para obtener una reducción de su condena- podrían salir a la luz «las cuentas”, tal vez en relación con la campaña electoral de Rousseff. Al respecto, Machado -el empresario- puntualizó: “Si Odebrecht habla no se escapa nadie de ningún partido (…) si se libran cuatro o cinco diputados [del Congreso], ya sería mucho. De los gobernadores, ninguno».

Odebrecht es el mayor constructor del país y tiene importante presencia en Latinoamérica, luego de recibir su condena, podría arrastrar a muchos con él, dentro y fuera del país. Lula y Rousseff no están exentos. Incluso, ya hay procesados del PT que han señalado que sus líderes estaban al tanto de la red de corrupción en Petrobras y que intentaron bloquear las investigaciones judiciales. Si se aportan pruebas en esa dirección, la vida de Rousseff será todavía más complicada.

El caso Petrobras salpica a Luiz Ignacio Da Silva y a Dilma Rousseff

Dilma también enfrenta las denuncias hechas por la oposición respecto al supuesto abuso de poder político y económico durante la campaña para su reelección en 2014. Sí el Tribunal Superior Electoral (TSE) comprueba que hubo financiación con los desvíos hechos desde Petrobras, tampoco habrá final feliz para la presidente –miembro de la mesa directiva de la petrolera estatal-. Es cuestión de tiempo. El Congreso tendría que convocar a elecciones dentro de los 90 días siguientes a la expedición de la sentencia, siempre y cuando ésta se produzca antes de la mitad del mandato. Es decir, finalizando 2016. Si la Corte anula la fórmula presidencial Rousseff-Temer en 2017, la designación del nuevo gobierno se haría de manera indirecta a través del Legislativo.

Lo ocurrido en Brasil durante estos meses también ha servido para demostrar cómo académicos, analistas y columnistas muy críticos con algunos temas y personajes, antepusieron deseos e ideología sobre la realidad, minimizando la gravedad de los hechos que comprometen a figuras tan representativas y destacadas como Dilma, Lula y el mismo PT. Visto lo visto, no parece la forma más apropiada para la construcción de ciudadanía y de una opinión pública crítica.