Buenos Aires. Por Alvaro HERRERO, para SudAméricaHoy

(Presidente del Laboratorio de Políticas Públicas y Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford)

La multitudinaria marcha del 18 F no fue tan solo otra manifestación popular. Por el contrario, será recordada como una de las expresiones sociales más importantes de la era kirchnerista. Quizá su singularidad radique en la multiplicidad de razones subyacentes en cada uno de los manifestantes. Sería un error considerarla exclusivamente una marcha por la memoria del Fiscal Nisman, por la justicia, o contra la impunidad. Tampoco ha sido eminentemente una marcha de apoyo a los fiscales, ni solo un llamado a defender la independencia de los jueces.

Ciertamente, la muerte del fiscal Alberto Nisman fue una de las razones de mayor peso en muchas personas para asistir a la marcha, pero dudo que sea la única. La gran mayoría de los argentinos desconocía la labor del fiscal ni tenía elementos para juzgar su desempeño como responsable de la investigación de la causa AMIA.  Pero su muerte fue dramática, inesperada y llena de sospechas.

Quizá incluso muchos nunca antes hayan oído hablar de Nisman pero estoy convencido que nadie quiere que esto vuelva a repetirse, nadie desea que un fiscal muera en estas circunstancias, nadie quiere que alguien que investiga a los poderosos pierda su vida un día antes de presentar la evidencia contra la Presidente de la Nación y varios de sus más cercanos colaboradores. La solidez de sus pruebas y argumentos son anecdóticos. Hay un fiscal muerto y grandes sectores de la sociedad consideran que no fue un suicidio, que hubo una mano extraña involucrada.

En este contexto, el gran desafío para las instituciones políticas de nuestro país, incluyendo a los partidos de la oposición y a todos los integrantes del poder judicial (jueces, fiscales y defensores públicos) es recuperar la confianza de la sociedad en ellos. Recuperar la credibilidad de las instituciones.  Esta fue en parte una marcha para devolverle el valor a la palabra oficial. En un país donde se distorsionan las estadísticas sociales, los datos de inseguridad, y las cifras de la inflación, no parece ser un desafío menor. Sin embargo es urgente e imperioso. Nada es más peligroso que una sociedad que descree de sus instituciones democráticas.

En este contexto, el Poder Judicial se encuentra en el ojo del huracán. No solo tiene el desafío de desentrañar los hechos alrededor de la muerte de Nisman, sino que además debe convencer a la sociedad de que sus hallazgos son veraces. Sea cual fuere el resultado de la investigación, el sistema de justicia deberá convencer a todos los argentinos que logró hallar la verdad. De lo contrario, su credibilidad se habrá erosionado de manera irreversible.

Argentina ya ha atravesado crisis profundas, como por ejemplo la de los años 2001 y 2002. Esa fue quizá la más grave de nuestra historia reciente. En ese momento, tocamos fondo.  Sin embargo, se logró salir de esa crisis, aunque en retrospectiva pareciera que no aprendimos mucho de ella. Tal es así que no hubo cambios estructurales en las reglas de juego de la política y de la economía (excepto por una efímera reforma al sistema de elecciones internas de los partidos políticos). En otras palabras, pasamos por una crisis cuasi terminal pero no cambió nada. Todo volvió a la normalidad.

Hoy enfrentamos otra crisis, pero esta vez debemos sacar provecho del trauma y crecer como sociedad. Necesitamos recuperar el diálogo político y generar amplios consensos multisectoriales para implementar los cambios necesarios. Ya no podemos continuar con un Consejo de la Magistratura paralizado. No podemos seguir teniendo niveles de opacidad alarmantes: en América Latina, solo cuatro países aun carecen de una ley de acceso a información pública; Argentina es uno de ellos. No podemos tener una justicia condicionada, ni amenazas a los fiscales que investigan delitos de corrupción. No podemos darnos el lujo de tener nuestros organismos de control absolutamente desmantelados o paralizados por decisión del gobierno.

Pero, sobre todas las cosas, los asistentes a esa marcha quieren algo sencillo: volver a la normalidad. Queremos recuperar esa normalidad que perdimos durante la era kirchnerista. Hoy ni siquiera existen los canales de diálogo político elementales entre gobierno y oposición. Una anécdota puede ayudarnos a entender el estado actual de nuestra democracia. Durante el alzamiento militar de Semana Santa en1987, el gobierno del Presidente Alfonsín tambaleaba y la recuperación democrática estaba en jaque. Hay una foto histórica de ese episodio en cual Alfonsín, debilitado por los problemas económicos y las rebeliones de grupos militares, dio un discurso para calmar a la población. A su lado estaba Antonio Cafiero, el líder del peronismo, la principal fuerza de oposición. Pese a las diferencias políticas, Cafiero estuvo allí, apoyando a un presidente débil, a un rival político. No hubo mezquindades ni intereses cortoplacistas. Cafiero lo acompañó.

Hoy sería imposible un escenario similar. El gobierno no tiene el más elemental nivel de diálogo con la oposición; no hay espacios de construcción de consenso; no existe siquiera el sentimiento de que son todos jugadores indispensables para el juego de la democracia. No son pares, son rivales. Quizá esa foto de Cafiero y Alfonsín sea la impensada evidencia de algo que hoy no existe: una política de estado. En ese momento, todos acordaron sostener las instituciones democráticas, gestando así uno de los primeros consensos políticos elementales desde el regreso a la democracia en 1983.

Hoy necesitamos recuperar esos consensos. En tal sentido, la marcha del 18 F puede ser la piedra fundacional de una nueva etapa, de un nuevo proceso político que revalorice la palabra oficial, el diálogo político y la credibilidad de las instituciones. Los presidenciables deben escuchar este mensaje. Necesitamos gestar políticas de estado apoyados en consensos interpartidarios y multisectoriales que nos permitan recuperar la gestión estratégica del Estado.

Mientras esto no ocurra, la educación pública seguirá en crisis,  la justicia será cada día menos eficaz, el sistema energético continuará colapsado, los niveles de mortalidad materno infantil seguirán siendo alarmantes, y las políticas de primera infancia no lograrán alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.

Esta marcha clamó por la normalidad, por el regreso del consenso, por el cierre de la brecha. Pidió un país donde podamos disentir sin convertirnos en enemigos. Caminó bajo la lluvia en pos del diálogo, la paz y la estabilidad. ¡Parece tanto y tan poco al mismo tiempo! Esperemos que en las próximas elecciones la sociedad vuelva a ratificar este pedido.